El consejero de Medio Ambiente miente en el Parlamento andaluz

El Consejero de Medio Ambiente miente en sede parlamentaria. Ecologistas en Acción no ha firmado ningún documento sobre la reforma urbanística como afirma en sede parlamentaria.

El pasado 21 de febrero el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Sr. Fiscal, afirmó en el Parlamento de Andalucía que los representantes las asociaciones ecologistas habían suscrito su documento base para reformar la ley urbanística de Andalucía, cosa que es absolutamente falso.

Dijo el consejero: “Con satisfacción les digo que vamos ya de la mano con los colegios de arquitectos, de ingenieros, registradores y notarios, con las organizaciones ecologistas, con los empresarios, los sindicatos, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y con todos los interesados que quieran sumarse para aportar alguna sugerencia. Con miras a lograr consenso hemos mantenido con todos estos agentes sociales, con todos, tres reuniones de trabajo: el 21 de diciembre de 2015, el 9 de mayo y el 18 de julio de 2106. Fruto de ese proceso participativo se ha elaborado un decálogo de medidas que contribuyen a la, tan anhelada por todos, agilización administrativa. Dichas medidas se han recogido en un documento de compromiso que fue firmado el pasado 12 de diciembre de 2016 por todos los colectivos citados.”

Es muy grave que a los representantes de las organizaciones ecologistas en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio se les incluya entre los asistentes a las reuniones de 18 de julio de 2016, a la que expresa y motivadamente no acudieron porque no estábamos de acuerdo con la escenificación que ahora se nos atribuye, y de 12 de diciembre, a la que ni siquiera fuimos invitados y en la que, según afirma el consejero, se suscribió el decálogo de medidas.

La reforma urbanística que prepara la consejería tiene como objetivo principal la agilización de la tramitación del planeamiento a través de una simplificación de la normativa.

En el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania a la vez, no parece que el urbanismo sea precisamente lento y retardador. Además, tras las modificaciones en 2012 de la ley urbanística, que acortó a tres meses el plazo para emitir los informes sectoriales, un PGOU de una ciudad como Jaén se ha tramitado, desde su aprobación inicial hasta la aprobación definitiva, en dos años.

Pero además, el exceso de suelo ya clasificado en las figuras de planeamiento vigentes se contradice con la propia idea de la necesidad de agilización.

En Sevilla, con un PGOU de 2006, con capacidad 60.000 viviendas de ellas 45.000 en Suelo Urbanizable, a fecha 2015 solo se habían construido 10.000, ninguna de ellas en el Suelo Urbanizable.

En la Aglomeración Urbana de Sevilla había, 13.773 hectáreas de suelo urbanizable en 2009, casi 22.000 campos de fútbol, sobre un total de 15.160 hectáreas de suelo urbano consolidado, unos 23.600 campos de fútbol. Es decir que hay suelo clasificado para construir el equivalente al 91% de todo el suelo ocupado en toda la historia. Para uso residencial, son cerca de 10.000 hectáreas, suficientes para construir entre 300.000 y 600.000 viviendas, es decir capacidad para entre el 50 y el 100% más de la población. A todo ello hay que unir los crecimientos añadidos por los PGOU desde 2009 y el suelo urbano no consolidado que son más de 4.000 hectáreas.

Y en todo caso, parece que no se quiere admitir que el urbanismo debe ser un proceso de decantación razonada y pausada, habida cuenta de los efectos irreversibles que produce en la sociedad y en el medio durante décadas, e incluso siglos.

Los objetivos de agilización y simplificación están muy alejados de los graves problemas urbanísticos que en nuestra opinión, tiene el urbanismo andaluz, y que exigen priorizar otras políticas.

Hemos apuntado como primer problema el exceso de suelo clasificado, que tiene como consecuencia la acaparación por actores económicos durante decenas de años y provocando la inflación de los precios del suelo, y que dificultan la satisfacción de verdaderas necesidades. Actualmente hay a nivel andaluz suelo urbanizable para construir un millón de viviendas, una desmesura heredera de la burbuja inmobiliaria. En Andalucía no se necesita clasificar más suelo, sino desclasificar suelo para desinflar la burbuja inmobiliaria y evitar que se pueda desatar de nuevo la especulación urbanística que nos ha llevado al desastre.

En segundo lugar, creemos que se debe abordar el enorme problema de las viviendas y urbanizaciones ilegales en suelo no urbanizable, un problema que está fuera de control. Un reciente estudio de un grupo de investigación de la ETSA de Sevilla dice que el origen de los enclaves identificados es bastante reciente, más de las tres cuartas partes del total (1.739) sobre un total de 2.246 enclaves corresponden a ocupaciones iniciadas a partir del año 2000. La política de amnistía-regularización de la Junta de Andalucía está ayudando a incrementar esta lacra por el efecto llamada y de impunidad que genera.

Abordar estos y otros graves problemas estructurales, debería compatibilizarse y potenciar la necesaria rehabilitación y mejora de nuestras ciudades, el imprescindible derecho de todos los españoles a una vivienda digna y la ampliación del parque público de viviendas en alquiler social.

Adjuntamos, picar en el enlace:
1º) Intervención del consejero...
2º) Documento de 10 medidas para agilizar el planeamiento de mayo de 2016...
3º) Documento de mayo de 2016 que les hicimos llegar en relación con el decálogo...
4º) Documento que les hicimos llegar en enero de aportaciones al procedimiento...
5º) Intervención en la jornada de Sevilla de 15 de febrero de 2017...


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