Conflictos de interés entre OMS y empresas de telefonía y eléctricas

El escándalo se repite en la OMS: organizaciones sociales europeas destapan los obvios conflictos de interés entre su grupo de expertos sobre salud y radiofrecuencias y las empresas de telefonía y eléctricas.

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) [1], en la que participa Ecologistas en Acción, junto a más de 30 organizaciones de distintos países europeos, con el apoyo de la International EMF Alliance (IEMFA), denuncian el fragante conflicto de interés del grupo central de expertos responsable de la redacción durante este año de la Monografía de la OMS de Criterios de Salud Ambiental (EHC) sobre radiofrecuencias:

La “Coordinadora europea de organizaciones por una regulación de la exposición a los campos electromagnéticos (CEM) que realmente proteja la salud pública” [2], co-impulsada por la PECCEM, envió el 26 de enero de 2017 una carta abierta de “no confianza” a la OMS denunciando el conflicto de intereses en el seno del grupo de expertos sobre radiofrecuencias [3], sumándose a la petición realizada en la misma línea por el Grupo de trabajo BioInitiative [4], panel de científicos y expertos independientes de reconocimiento internacional que han revisado más de 4.000 estudios científicos relacionados con los campos electromagnéticos y la salud. Su revisión de los estudios científicos conocidos en los últimos años determina que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia deberían clasificarse ya en el grupo 1 de carcinogenicidad de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS, es decir como carcinógeno para los humanos.

El predominio de miembros de la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP) nos recuerda el informe pormenorizado del 2015 de la Asociación vallisoletana AVAATE sobre los conflictos de interés en su seno [5] y críticas, como las formuladas por el Sr. Huss, ponente de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que fue aprobada en 2011, cuando en su exposición de motivos cuestionaba que la estructura del ICNIRP “poco transparente además de sospechoso de vínculos con las industrias” pudiera ser referente de instituciones internacionales como la OMS para establecer límites de exposición a campos electromagnéticos. El ICNIRP (y el resto de instituciones que sigue sus criterios) se caracteriza por su negación permanente de las nuevas evidencias de riesgos potenciales para la salud de los efectos no térmicos de la radiación de radiofrecuencia, de baja intensidad, a pesar de los recientes avances científicos conocidos.

Las organizaciones sociales europeas firmantes suscribimos, junto a organizaciones de todo el mundo [6], el llamamiento científico internacional sobre campos electromagnéticos [7], de más de 220 científicos de 41 países con artículos publicados y revisados entre pares sobre los efectos biológicos o sobre la salud de las radiaciones no ionizantes, que solicitó en 2015 a la OMS y a la ONU proteger a humanos y fauna de la exposición a dichos campos:

“… Numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los CEM afectan a los organismos vivos a niveles muy por debajo de la mayoría de las directrices internacionales y nacionales. Los efectos incluyen el aumento de riesgo de cáncer, el estrés celular, el aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficits en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos. El daño va más allá de la especie humana, ya que cada vez hay más evidencia de efectos nocivos tanto para las plantas como para los animales. Estos resultados justifican nuestro llamamiento a las Naciones Unidas (ONU) y a todos los Estados miembros del mundo, para estimular a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a ejercer un importante liderazgo en el fomento de la elaboración de directrices para los CEM que protejan a la población, a fomentar medidas de precaución, y a educar al público en general sobre los riesgos para la salud, especialmente para los niños y en el periodo de desarrollo fetal. En caso de no tomar medidas, la OMS está incumpliendo su cometido como organismo internacional preeminente de salud pública”.

Las organizaciones sociales europeas firmantes, reivindicamos transparencia, imparcialidad y criterios plurales en las evaluaciones de expertos sobre riesgos sanitarios de los campos electromagnéticos no ionizantes, en todos los niveles de decisión, en base a la normativa básica de la OMS, la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y el Convenio internacional de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales (1998). La aplicación de estos principios garantizaría no sólo una membresía pluralista del Grupo principal EHC sobre RF de la OMS, sino también la presentación de interpretaciones científicas alternativas, los "puntos de vista" de la ciudadanía y la participación real de las organizaciones sociales.




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