Construcción urgente de EDAR en los ríos Genal y Guadiaro

Ante la noticia aparecida hace unos días sobre la discrepancia entre Estado y Junta a cuenta de las depuradoras pendientes de ejecutar en los valles del Genal y del Guadiaro, Ecologistas en Acción recalca, que aunque son los municipios -desde un punto de vista jurídico- los que tienen las competencias para ejecutar las infraestructuras de saneamiento y depuración que faltan, su falta de medios para afrontar las obras hace que todas estén declaradas de interés, no solo de Andalucía sino también del Estado a través del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007/2015 elaborado por el Ministerio.

Todas esas infraestructuras declaradas de interés por ambas administraciones acumulan mucho retraso y no se están implementando con la celeridad que se precisa para evitar nuevas sanciones europeas. Basta recordar que el pasado mes de noviembre, la Comisión Europea reenvió a España al Tribunal de Justicia Europeo por no cumplir total e íntegramente la sentencia de 2011, que dictaminó que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación europea al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones.

Ni Junta de Andalucía ni Estado, han sido capaces de aplicar totalmente la norma europea, ambas administraciones asumen que las sanciones seguirán llegando a España, y mientras tanto, los municipios de los valles del Genal y el Guadiaro seguirán vertiendo sus aguas residuales sin depurar a los cauces públicos, lo que provocará impactos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente, ya que ambos ríos están declarados LICs (Lugar de Importancia Comunitaria).

Allá por los años 90/91, las obras de saneamiento y depuración de la cuenca alta del Guadiaro (Arriate, Benaoján, Montejaque, Jimera de Líbar, Cortés de la Frontera y Ronda -esta última ya la tiene-), fueron declaradas de Interés general del Estado y debían de estar finalizadas con anterioridad a la entrada en funcionamiento del trasvase Guadiaro-Majaceite, sin embargo este trasvase se ejecutó y entro en funcionamiento hace años sin que se haya dado cumplimiento a esta Ley, lo que supone que se está trasvasando aguas en unas condiciones ambientales poco aceptables ya que como se sabe todas las poblaciones antes citadas excepto Ronda vierten sus aguas residuales sin depurar a este río”.

Además, casi todas estas obras también fueron declaradas en 2010 de interés por la Junta de Andalucía, a financiar a través del canon de mejora previsto en la Ley 9/2010, de Aguas. Sin embargo, aunque en la provincia de Málaga había prevista una inversión de 44 millones de euros, según los datos oficiales publicados a finales del año pasado en la web de la Consejería, solo se ha ejecutado poco más del 31% (13,8 mill.), lo que supone que sea el menor porcentaje de toda Andalucía.

Del total de 47 actuaciones declaradas en 2010 de interés de la Comunidad en la provincia de Málaga, 32 de ellas están ni siquiera redactadas, entre ellas las que afectan a los valles del Genal y Guadiaro como: EDAR y colectores en Arriate, Benaoján y Montejaque (MA4); adecuación y mejora de las EDAR de Alfarnate, Alfarnatejo, Periana y Riogordo (MA30); EDAR y colectores en Algatocín, Benalauría y Benarrabá (MA37); EDAR y colectores en Cartajima y Júzcar (MA38); EDAR y colectores en Atajate, Benadalid y Jimera de Líbar (MA34); EDAR y colectores en Alpandeire, Faraján, Genalguacil y Jubrique (MA35); EDAR y colectores en Cortes de la Frontera y sus núcleos (MA36); o la EDAR y colectores en Igualeja y Pujerra (MA33).

De todas esas, solo en octubre del año 2016 se ha publicado el Informe de impacto ambiental del proyecto “Construcción de estación depuradora de aguas residuales en El Colmenar, término municipal de Cortes de la Frontera (Málaga)”, lo que da idea del injustificado retraso para completar el ciclo del agua en todos estos municipios para cumplir con el objetivo del “vertido cero” y así evitar sanciones por incumplimiento de directivas.

La Junta de Andalucía ya lo ha anunciado públicamente, solo va a priorizar en los próximos meses aquellas que han sido señaladas en los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea y que están declaradas de interés por la Junta de Andalucía y otras que también están incursas en procedimientos sancionadores aunque no se han declarado de interés.

Ecologistas en Acción exige, como así lo ha considerado también el Defensor del Pueblo en la actuación de oficio del 3 de mayo de 2016 (Expte. 15/2067), que se “establezcan criterios objetivos y públicos de priorización de las infraestructuras que quedan por ejecutar, calendarizando su programación, estableciéndose un límite para su terminación” y que los mismos no se basen únicamente en función de los procedimientos sancionadores abiertos por la Comisión Europea.

Entendemos que la prioridad en la construcción no la debe marcar únicamente la Unión Europea en función de la incoación de expedientes, sino que las administraciones, fundamentalmente la Junta de Andalucía, debe tener en cuenta otros criterios como el vertido a espacios protegidos, la población, la existencia de riesgos para la salud, etc.

También urge, a pesar de la complejidad que conlleva la planificación y programación en la ejecución de las infraestructuras, poner fecha límite de entrega de las obras pendientes. Es una obligación en cuanto que desde 2011 todos los andaluces pagamos un canon para sufragar esas infraestructuras sin saber cuándo se ejecutarán.

La provincia de Málaga no puede esperar más tiempo para completar el ciclo de depuración para evitar que se sigan produciendo vertidos a cauces, causando impactos sobre la salud de las personas, sobre el medio ambiente y sobre la economía. Es urgente la puesta en marcha de las infraestructuras pendientes declaradas de interés por la Junta de Andalucía y el Estado, así como garantizar el funcionamiento adecuado de todas las depuradoras de aguas residuales pendientes de ejecutar.




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