Visión crítica de las jornadas sobre la LOUA

Jornada en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para promocionar su política urbanística.

Pretende una desregulación en la línea neoliberal para satisfacer a empresarios, profesionales del sector y alcaldes.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio celebró en el Salón de Actos de la Delegación de Gobierno Andaluz, una jornada para promocionar su política urbanística, contenida en el documento "10 MEDIDAS PARA LA AGILIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO COMO INSTRUMENTOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE". En la jornada participaron alcaldes, profesionales del sector y empresarios (CEA) y sindicatos (CCOO, UGT). También asistieron representantes de los partidos políticos y Ecologistas en Acción, representada por la portavoz andaluza, Lola Yllescas.

La reforma urbanística que prepara la consejería tiene como objetivo principal la agilización de la tramitación del planeamiento a través de una simplificación de la normativa.

Ecologistas en Acción ha expresado su oposición a dicha política, porque los objetivos de agilización y simplificación están muy alejados de los graves problemas urbanísticos que en nuestra opinión, tiene el urbanismo andaluz, y que exigen priorizar otras políticas: el primer problema el exceso de suelo clasificado, que tiene como consecuencia la acaparación por actores económicos durante decenas de años, la inflación de los precios del suelo y la dificultad al acceso a la vivienda, además de alimentar burbujas como la que hemos vivido, alimentar la corrupción e impactar muy negativamente sobre el territorio.

Como segundo problema hemos señalado también que se debe abordar el enorme conflicto de las viviendas en el campo, un problema que está fuera de control. Un reciente estudio de un grupo de investigación de la ETSA de Sevilla dice que el origen de los enclaves identificados es bastante reciente, más de las tres cuartas partes del total (1.739) sobre un total de 2.246 enclaves corresponden a ocupaciones iniciadas a partir del año 2000. La política de amnistía-regularización de la Junta de Andalucía está ayudando a incrementar esta lacra por el efecto llamada y de impunidad que genera. Y un ejemplo muy significativo lo tenemos en el mismo Córdoba.

En el municipio de Córdoba, el Ayuntamiento acaba de inventariar 97 ámbitos de construcción ilegal en suelos No Urbanizables, con 4334 edificaciones de todo tipo. Pero la realidad habla de miles de viviendas ilegales, siendo el municipio que junto a Chiclana (Cádiz) bate el récord andaluz.

Abordar estos y otros graves problemas estructurales, debería compatibilizarse y potenciar la necesaria rehabilitación y mejora de nuestras ciudades, el imprescindible derecho de todos los españoles a una vivienda digna y la ampliación del parque público de viviendas en alquiler social.

Por otra parte en el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania a la vez, no parece que el urbanismo sea precisamente lento y retardador. Además, tras las modificaciones en 2012 de la ley urbanística, que acortó a tres meses el plazo para emitir los informes sectoriales, un PGOU de una ciudad como Jaén se ha tramitado, desde su aprobación inicial hasta la aprobación definitiva, en dos años.

Pero además, el exceso de suelo ya clasificado en las figuras de planeamiento vigentes se contradice con la propia idea de la necesidad de agilización.
Y en todo caso, parece que no se quiere admitir que el urbanismo debe ser un proceso de decantación razonada y pausada, habida cuenta de los efectos irreversibles que produce en la sociedad y en el medio durante décadas, e incluso siglos.

Ecologistas en Acción reitera que el urbanismo no es un negocio ni un mercado sometido a oferta y demanda; es un servicio que las administraciones han de ofrecer a los ciudadanos ya que todos tenemos derecho a una vivienda digna como indica el art. 45 de la Constitución Española. El urbanismo se ha de regir por las necesidades de los ciudadanos, que son los que han de decidir que tipo de ciudades quieren para vivir. Para ello es necesaria una decidida y propiciada participación pública y la aplicación a rajatabla de la ley de transparencia. No se puede regir el urbanismo por la demanda de promotores o propietarios del suelo.




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