La Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas de nuevo al límite

El 25 de marzo de 2017 se celebró una cacería colectiva de jabalí en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas a petición de las Juntas Vecinales de Lebanza y de Lores, supuestamente, por daños de jabalí. De nuevo la Junta autoriza un sinsentido y el Director del Parque Natural ejerce de florero, no se atreve e informa favorablemente. Como siempre, la Reserva Regional de Caza dando ejemplo, de autoridad y de absolutismo donde también se esquilma lo público, que para eso es de todos, sobre todo de los que dirigen sus designios, de los que viven de ella (y muy bien por cierto, con cargo al erario público), vamos por partes.

En primer lugar, la temporada de caza del jabalí, según la Orden Anual de Caza de la Junta de Castilla y León se extiende de Septiembre a Febrero. Por tanto, se está realizando una cacería en época de veda, abusando de nuevo de autorizaciones excepcionales. Es más, en esos cinco meses no se ha realizado ninguna cacería en la zona porque no ha habido interés cinegético en ella y surge inexplicablemente ahora, fuera de época.

En segundo lugar, Ecologistas en Acción de Palencia recuerda que los daños que pueden hacer los jabalíes en una zona como esta, sin agricultura (no hay maíz, ni cereal ni cultivos de ningún tipo ni valor), con una ganadería que dispone de pasto más que suficiente, y en unos prados que, en su mayoría, ni son prados, ni se siegan, son daños cuanto menos irrisorios. Lo que se pretende saciar es otro tipo de sed.

Entonces, ¿porque se dan este tipo de cacerías?, lo desconocemos, pero suponemos que se conjugan una serie de factores. Por un lado los alcaldes pedáneos firman lo que alguien les ha puesto delante para contentar a sus vecinos, ganaderos y cazadores, incluso ellos quizás también disfrutan de la jornada. Por otro los caciquillos locales, alguno hasta concejal de ayuntamiento, deseando cazar fuera de época, “con lo que pone eso” de adrenalina y de negocio. Además, hay lobos y jabalíes, “que se han visto manadas” seguro que por cientos de miles.

Subiendo en el escalón, el Servicio Territorial de Medio Ambiente, que es el que tiene la llave del asunto, no se va a oponer, faltaría más. En lugar de ejercer su papel escrupulosamente técnico, se deja llevar, incluso quizás con el apoyo del Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, también cazador, que puede asegurar que los daños en los prados suponen unas cantidades inaceptables (seguro que superiores a 10 o 20 euros). Todo ello aderezado por el factor político, clave en este asunto, pertenecientes todos los actores a la mayoría gobernante, el apoyo de la oposición mayoritaria que también comparte estas acciones, con el beneplácito por presión de algún ganadero, de los que quedan por la zona, y que cobran buenas ayudas PAC pero no son para mantener alimañas. De un tiempo a esta parte, surgen las presiones de sindicatos agrarios cuyos representantes se dejan llevar por sus afiliados y ven en el fauna como el problema de sus explotaciones, en claras ensoñaciones propias de mentes o bien oscuras o bien mal intencionadas.

En definitiva, nadie de los que deberían dar un golpe de autoridad y dejar claro lo que no está ocurriendo, se atreve a hacerlo, ni quiere, ni lo ve porque coincide que esa autoridad comparte mesa y mantel con los que solicitan, celebran y apoyan este tipo de cacerías. Y si alguien decide o intenta anularlas, puede ser sometido a una presión inimaginable por parte del resto, que son mayoría.

Dejamos para el final el impacto sobre las especies silvestres, que es injustificable. Hembras de jabalí preñadas, lobas preñadas, osas paridas con crías pequeñas de escasa movilidad. En el caso de jabalí y lobo es lo que se persigue, hacer el mayor daño posible, y en el caso del oso, nada, que corra que “se preocupan más del oso que de las personas”, según afirma la sabiduría popular de la zona.

De hecho, en la zona que se va a cazar hay un grupo familiar de lobos que lleva conviviendo varios meses, incluso quizás algún año, sin haber realizado ni un solo daño y que es el objetivo oscuro de la cacería, independientemente de lo que diga la autorización. Ayer se aplicó la nueva medida contra los lobos que lleva un tiempo implantada entre los cazadores, disparar y callar, que no haya pruebas, solo disparos y muerte, ya no vale ni el trofeo.

La información facilitada por el representante de los grupos ecologistas en la Junta Consultiva de la Reserva a la Fiscalía de Palencia no ha conseguido la suspensión cautelar de la cacería porque el Fiscal no ha visto indicios de ilegalidad penal. Es de agradecer que al menos haya enviado al Seprona a los despachos a comprobar la autorización, algo que es evidente que debían tener. Pero, en el caso de matar especies no autorizadas o de impacto negativo sobre la fauna o incluso que la autorización se haya concedido sin las garantías o informes suficientes, ¿cómo se reestablece la legalidad a posteriori?.

Para evitarlo, el control de la cacería deben hacerlo aquellos que autorizan y sus secuaces, todos ellos en el mismo lado de los que solicitan y de los que cazan, ¿dónde están entonces las garantías de legalidad?

En todo caso, lo que hay que entender es que falla la base de las autorizaciones que si bien, tienen su firma y su sello, carecen de fundamento y nadie puede demostrar de forma objetiva la necesidad de realizar este tipo de cacerías y más, en este caso concreto.

En definitiva, recurriremos al contencioso-administrativo, que bien sabe la Junta lo que supone de tiempo, esfuerzo y dinero, por eso fuerza este tipo de situaciones basadas en hechos consumados. Para este contencioso dispondremos de todos esos informes y daños que hasta ahora se nos niegan, quizás porque ni existan, aunque aparecerán seguro en su momento con la fecha y el sello correspondiente, pero no tendremos el informe desfavorable del Director del Parque, que hubiera sido lo moral, lo correcto y lo que ayudaría en el procedimiento.

Cuando se resuelva este contencioso, al menos en 7 u 8 meses, si la cacería se declara legal nos replantearemos entonces muchos aspectos de nuestra estrategia en defensa del medio natural Palentino, y si se declara ilegal, buscaremos la responsabilidad penal de los autorizantes que, por sus cargos y profesiones bien sabían lo que estaban autorizando, entre tanto, ayer se celebró la muerte alegal.