Solicitan el abandono definitivo del proyecto de Las Aletas

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril representa una desautorización completa del malhadado proyecto industrial.

Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo que ha vuelto a declarar ilegal construir un polígono industrial en una zona de dominio público marítimo-terrestre, dándole de nuevo la razón a los ecologistas.

Así mismo, felicitamos públicamente a WWF por haber recurrido este proyecto y conseguir su anulación.

Ecologistas en Acción ha venido planteando la inviabilidad de este macroproyecto por:

- Innecesario. El pretendido incremento de suelo industrial de Las Aletas no está justificado: recordemos que en la zona portuaria y Bajo de la Cabezuela queda un 16 % de espacio sin ocupar y el polígono industrial Las Salinas de 300 hectáreas tiene un índice de ocupación inferior al 30%. Puerto Real dispone aproximadamente de 140 hectáreas y Chiclana de 200, que pueden ofrecer suelo industrial sin las imposibilidades que suponía Las Aletas. No es admisible que mientras se está desmantelando el tejido industrial de la Bahía se pretendiera al mismo tiempo recalificar nuevos terrenos costeros con fines industriales o portuarios.

- La vocación natural de estos terrenos es su restitución como zonas marismeñas y su inclusión en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, carácter que nunca debió perder. Esta restitución es técnica y ambientalmente viable, como se indica en el Estudio de la Recuperación Ambiental de las marismas de los ríos Guadalete y San Pedro de la Demarcación de Costas.

- Contrario a la Ley. El proyecto presentado en 2007 como Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, “Las Aletas” fue anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2009. Esta sentencia del 4 de Abril anula el acuerdo del Consejo de Ministros, que en 2015 declaró una reserva sobre el dominio público marítimo-terrestre para el parque industrial y logístico, y viene a corroborar aquella anulación. Las modificaciones propuestas posteriormente por los promotores han intentando maquillar un proyecto que siempre ha sido injustificado.

El vicepresidente del consejo rector de Las Aletas y vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios debe solicitar la convocatoria de una junta urgente para dar carpetazo definitivo al proyecto y destinar los 90 millones de euros con que cuenta ese consorcio a favorecer la recomposición de un tejido industrial innovador en la Bahía, y combatir el insoportable nivel de paro que sigue padeciendo.

La Mesa por el Empleo de la Bahía de Cádiz ha reclamado de las administraciones la puesta en marcha de un plan de choque, orientado a la contratación, priorizando la necesidad familiar, trabajadores de más de 45 años con una prolongada inactividad laboral, trabajadores provenientes de Eres por la deslocalización de empresas y para la empleabilidad juvenil: ¿qué mejor destino de ese fondo que paliar el dramático problema del paro en la Bahía?

La sentencia del Tribunal Supremo también desmonta la pretendida conversión de parte del espacio de Las Aletas en zona portuaria. El informe del Tribunal de Cuentas de la UE revela que el Puerto de Cádiz ha perdido entre 2007 y 2015, un 53% de su tráfico. Partiendo de ese descenso de actividad, insiste la sentencia, "la pregunta que debemos responder es si resulta proporcionado a tales tráficos los espacios logísticos proyectados y, en definitiva, la ocupación del demanio y si, en cualquier caso, tal superficie resulta proporcionada a la actividad y tráfico portuario. Analizando los estudios aportados, la respuesta debe ser negativa”. El repunte del último año del tráfico portuario no justifica ampliar el espacio portuario, cuando además contamos con una terminal de contenedores de 220.000 metros cuadrados sin gestión alguna.

El problema de la Bahía de Cádiz no es la falta de suelo industrial de promoción pública para atraer a empresas nacionales e internacionales, es la falta de industrias. No solo no vienen ni se crean nuevas empresas, sino que las ya instaladas se cierran, dejando suelo e instalaciones disponible (Delphi, Visteon, Cádiz Electrónica,…)

Tampoco las actividades de las propuestas en Las Aletas tenían algo que ver con el mar, la Bahía y sus recursos: Polígono industrial, Parque Comercial, Instalaciones deportivas, Parques recreativos, Instalaciones para hostelería, Parque empresarial, Área logística multifuncional (para manipulación de mercancías), Área logística monofuncional (prestaciones logísticas para sectores de actividad específicos), Área logística‐industrial, Construcción de bienes de equipo para energía eólica offshore, Producción de energía térmica por cogeneración..., actividades que no son compatibles con el DPMT ni su Servidumbre de Protección.

Parece razonable optimizar lo que se tiene y no gastar dinero público en promover nuevos polígonos industriales ni zonas portuarias sin tener amortizados ni completados los existentes; esa actitud implica un escaso compromiso con los objetivos indispensables de eficiencia, productividad y ahorro.

La naturaleza de las marismas y zonas húmedas de la Bahía de Cádiz, además de todos sus habitantes, hemos salido beneficiados. Si destinamos los 90 millones de € disponibles a mitigar el paro en la Bahía, habremos convertido un problema en oportunidad.




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