Presentan una querella contra el Partido Popular por delito fiscal y electoral

Querella caso Lezo

Organizaciones de la Querella Bárcenas y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II han presentado una querella en la que se suman a las diligencias que está desarrollando el juez Velasco en la Operación Lezo. Pero además aportan una argumentación consistente como para imputar a Esperanza Aguirre y otras personas, e incluso al propio Partido Popular, por un delito contra la Hacienda Pública, delito electoral y otros.

En las últimas semanas, tras el arresto de varios dirigentes y ex cargos públicos del Partido Popular (PP), se ha conocido la existencia de una presunta organización criminal. Se utilizaba el poder político de este partido en la Comunidad de Madrid, a través del Gobierno regional y distintas empresas de carácter público, como el Canal de Isabel II (CYII) o ICM, para obtener de forma ilícita distintas contrataciones públicas a favor de empresarios. A cambio, estos empresarios abonaban importantes comisiones económicas, en dinero negro, tanto a las personas que formaban parte de dicha organización criminal como también presuntamente al propio Partido Popular.

Este es el motivo que lleva a buena parte de las organizaciones que están manteniendo la acusación popular en la conocida como Querella Bárcenas, ligada a los papeles del extesorero, a presentar una nueva querella en la que se recogen y documentan muchos de estos hechos. A la querella se han sumado distintas organizaciones que han venido trabajando en el marco de la Plataforma contra la Privatización del CYII. Las organizaciones firmantes de la querella son: Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

La intención de todos estos colectivos es poder ejercer la acusación popular, esto es, un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción, sobre todo ante la alarma social generada al ver que importantes sectores de la política, la empresa, la fiscalía y algunos medios de comunicación aparentemente y presuntamente se han conjurado para saquear bienes públicos. En este caso utilizaban a la administración pública madrileña, realizando un expolio que luego se traduce en falta de recursos públicos y recortes sociales. Sin olvidar la alarma que genera que el propio portavoz parlamentario de PP en el Congreso de los Diputados haya manifestado la pretensión del PP de limitar el ejercicio de la acusación popular.

Entre las operaciones de índole criminal que la red ha llevado presuntamente a cabo destacan las actividades en el extranjero de sociedades vinculadas al CYII (se compraban sociedades con un elevado sobreprecio que luego revertía en forma de comisión o soborno), la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero, la adjudicación irregular a familiares o amigos de obras de ejecución como la disparatada instalación de un campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí (declarada ilegal por la justicia) o la desviación de fondos públicos desde la agencia madrileña de informática, ICM, para el pago de gastos electorales del PP.

Cabe señalar el presunto papel nuclear y de auténtico capo del expresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del Partido Popular de Madrid, Ignacio González. También destacan Pablo M. González, hermano del expresidente y directivo de la empresa pública Mercasa, Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de INASA, sociedad dependiente de la sociedad de capital público CYII, o Ildefonso de Miguel, exgerente del CYII, sin olvidar a José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid ICM. A todos ellos se les imputan un buen número de delitos dentro de la querella que acaba de presentar la acusación popular. Del mismo modo se pide la imputación de destacados empresarios, como a Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, o Javier López Madrid, consejero delegado de OHL, por reiteración delictiva.

La acusación popular también pide en su querella que se investigue el desvío de fondos públicos desde ICM para el pago de gastos electorales del Partido Popular (566.497,58 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013). Esta petición resulta muy relevante porque desde finales de 2012, con la nueva redacción del Código Penal (recogida en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre), los partidos políticos pasan a ser, como personas jurídicas, plenamente responsables penales de actuaciones como la descrita. Por ello, como se argumenta en la querella, se pide la imputación del PP por un delito contra la hacienda pública (estos fondos eran opacos al fisco) y por delito electoral, toda vez que buena parte de los fondos ilícitos se empleaban en las campañas del partido, tanto de Madrid como nacional. Además, se aportan argumentos para imputar por cohecho, estafa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales a esta organización.

También parece evidente que la actual cúpula del Partido Popular ha estado maniobrando para encubrir los delitos cometidos por Ignacio González y sus cooperadores. Para la acusación popular existen elementos suficientes para que este delito de encubrimiento se impute a Esperanza Aguirre, además de otros destacados miembros del partido. Y es que existen abundantes indicios de que la expresidenta tenía supuestamente pleno conocimiento de la información que manejaban los extesoreros Lapuerta y Bárcenas, así como del exalcalde de Leganés. Del mismo modo, parece que fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su Secretario General al tiempo que ella era presidenta del PP de Madrid. Del mismo modo, en la querella se argumenta su posible papel como cooperadora en los presuntos delitos fiscal y electoral del PP.

En definitiva, hay más que sobradas razones para ejercer una acusación popular por parte de las organizaciones querellantes, que esperan ahora que el juez instructor, Eloy Velasco, las admita lo antes posible.


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