Aplicación de transparencia en instituciones públicas

La gran mayoría de las administraciones y organismos públicos que operan en Soria no garantizan el derecho de los ciudadanos al acceso a la documentación e información pública y por tanto impiden los principios y obligaciones de transparencia y participación ciudadana; tal y como se puede contrastar en muchos de los anuncios oficiales que se publican a diario en los boletines oficiales.

En una provincia como Soria, donde los pueblos tienen abierto el ayuntamiento y el servicio de secretaria unas pocas horas a la semana y en los que una gran parte de los vecinos y personas vinculadas viven lejos, es imposible el poder estar al tanto de las cuestiones públicas que afectan a sus intereses, a pesar de que en numerosas ocasiones están sometidas a procedimientos de información. Algo que en plena era digital parece inaudito.

Dada la situación geográfica y social soriana, era evidente que este problema se debería haber resuelto por propia iniciativa de las autoridades sorianas en pro del tan cacareado desarrollo de una provincia despoblada. Como no ha sido así se ha tenido que esperar a la promulgación de varias leyes generales estatales; en especial la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que entró en vigor el 9 de diciembre de 2015.

Así por ejemplo, de acuerdo a esta la Ley 19/2013, un anuncio de información pública debe de poner a disposición gratuita, libre y accesible la documentación integra del proyecto, norma o actuación en cuestión. En el caso de un pueblo, pueden facilitarla en la propia página web del Ayuntamiento, y en su ausencia en la de la Diputación Provincial. En cualquier caso con libre, fácil y publicitado acceso para cualquier persona que quiera consultarlos. Hacer otra cosa, o justificar trabas de todo tipo conlleva impedir el que los ciudadanos sean conocedores de lo que es público.

Transcurrido más de un año ASDEN-Ecologistas en Acción ha comprobado e incluso alegado que numerosas Administraciones incumplen esta Ley de acceso a la información y transparencia en los anuncios publicados en los Boletines Oficiales. En muchas ocasiones el incumplir este precepto supone la nulidad del anuncio y en consecuencia también del proyecto o norma. El responsable de este quebranto es en su caso la autoridad que por ignorancia o mala fe no ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, no el ciudadano que reclama sus derechos.

Este problema entendemos que puede superar la capacidad operativa de pequeños pueblos, y por tal motivo Ecologistas en Acción de Soria se ha dirigido a la Diputación con objeto de les proporcione el soporte técnico y administrativo adecuado y de forma urgente, ya que debía haber sido solucionado hace 15 meses.

Existen numerosos ejemplos de incumplimiento de la obligación de facilitar el acceso a la información, el más común es decir que se podrá consultar la documentación (incluso ordenanzas) únicamente en el ayuntamiento afectado durante 20 días (aunque sólo está abierto unas horas a la semana y que no se puede fotografiar), o que la documentación está en la sede de la Confederacion Hidrográfica del Ebro en Zaragoza (y cuando se va allí te dicen que NO dan una copia en digital, que se solicite, se pague en establecimientos bancarios, y…. vuelva usted otro día). La Junta de CyL tiene casos en los que omite su disponibilidad en su web y si se alega responde que el ciudadano debe ser adivino y saber que está publicada en digital, o efectivamente expone en el anuncio que la documentación está disponible en su procelosa pagina web sin más indicaciones, (que es como enviarte a un desordenado archivo de Simancas a buscar un legajo). Luego hay ayuntamientos que dicen que está en su web, y después de navegar un buen rato resulta que exige un certificado digital para poder acceder, y por lo tanto ya no es tan accesible, ni libre. Luego hay casos como el de Noviercas, con la macrovaquería en tramitación y promocionada por el ayuntamiento, cuya web en su apartado de actas y acuerdos municipales ofrece información turística, etc.

Por último, hay casos curiosos como es el propio Boletín de la provincia donde se observa un criterio de escasa e ilógica presentación y donde hay anuncios con un encabezamiento tan críptico (anuncios de Consejería de Industria de la JCyL, y otros) que es imposible saber su contenido en un vistazo rápido; tampoco se puede hacer selección razonable mediante un buscador. Y por supuesto no tiene una suscripción de avisos como puede suceder en el BOCYL. En definitiva grandes fallos que reducen la confianza del ciudadano en las administraciones, aunque paradójicamente resulte que algunas de ellas presumen o son premiadas por su “transparencia”.