El 45% del abultado presupuesto del PEIT, al que hay que añadir las importantes aportaciones de las Comunidades Autónomas, se va a emplear en construir 6.000 kilómetros de autovías y 9.000 km de AVE, algo que, a juicio de Ecologistas en Acción, no tiene justificación ambiental, social, territorial ni económica. Sin embargo, los impactos ambientales y territoriales serán enormes.

Desde el punto de vista ambiental, las infraestructuras lineales como las autovías, las autopistas y el AVE son las más dañinas para el territorio, ya que ocupan una superficie excesiva de terrenos más útiles para otros usos, atraviesan y alteran grandes espacios naturales y fragmentan fuertemente el territorio. Pero, además, el transporte por carretera y la alta velocidad ferroviaria son dos grandes despilfarradores de energía, por lo que contribuirán mucho a empeorar la situación con respecto a las emisiones de CO2. Es decir, en el PEIT se fomentan más, precisamente, aquellos medios que más contribuyen al cambio climático, en lugar de ponerles coto.

Es tan grande el número de autovías y kilómetros de alta velocidad ferroviaria que no existe ninguna provincia ni región que no se vea afectada por este Plan de Infraestructuras claramente hipertrófico en lo referido a nuevos proyectos. Además, desde un punto de vista económico, la mayor parte de las infraestructuras planteadas no tienen justificación ni racionalidad desde una estricta óptica económica y de transporte, sin entrar en otras consideraciones. Así, por ejemplo, la casi totalidad de las nuevas autovías previstas en el PEIT se construirán en itinerarios que no alcanzan los 5.000 vehículos por día, cuando los propios manuales de ingeniería del transporte señalan como razonable el desdoblamiento de una carretera a partir de los 10-15.000 vehículos día.

Para justificar estas contradictorias acciones se sigue usando una dialéctica claramente demagógica. Hace un par de días, el presidente del Gobierno afirmaba en la inauguración del AVE Madrid-Toledo que esta obra “ayudaba a la vertebración del territorio”. ¿Ayuda a vertebrar el territorio suprimir casi todos los servicios en poblaciones intermedias de la línea Madrid-Toledo como Algodor o Castillejo-Añover?, ¿es la forma adecuada de vertebrar el territorio concentrar toda la actividad en las capitales?, con los fondos empleados en la construcción de la línea ¿no se podría haber acometido muchas mejoras en cercanías y regionales que beneficiarían a mucha más población?

En la Comunidad de Castilla-La Mancha, buena parte de las obras previstas son tan impactantes como injustificadas. Este es el caso de las autovías Toledo-Ávila, de la Alcarria, Cuenca-Teruel, Linares-Albacete, Toledo-Ciudad Real-Córdoba o Ciudad Real-Mérida y del proyecto de alta velocidad Madrid-Extremadura.

En relación a estos y otros proyectos que conforman el PEIT en Castilla-La Mancha ni el Ministerio de Fomento ni la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han realizado una evaluación ambiental previa de este conjunto de obras, tal y como lo exige la normativa comunitaria y autonómica y, por ello, Ecologistas en Acción ha exigido al Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural la realización de este proceso previo de evaluación que además debe contar con el informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.

Pretender que gracias a que haya autovías en poblaciones de más de 10.000 habitantes (como se pretende en Castilla-La Mancha) llegará el desarrollo a todas partes y se reequilibrará el territorio es una quimera que la realidad desmiente. Efectivamente, son muchos los estudios que demuestran que no existe un vínculo automático entre la construcción de infraestructuras y el desarrollo económico -alguno de los más relevantes y conocidos es el realizado por SACTRA, un grupo de expertos que asesora al Gobierno británico en su política de infraestructuras-. Es más, estos estudios concluyen que cuando una infraestructura de alta capacidad une dos extremos, uno más desarrollado con otro con un menor desarrollo, el efecto que se produce es de succión de recursos por parte del extremo más rico, pudiendo tener pérdidas netas el de menor desarrollo.

El PEIT en sus términos actuales tampoco resiste un mínimo análisis en cuanto a la rentabilidad social de las inversiones. Baste decir que el presupuesto total, 248.892 millones de euros, equivale a 7.300 millones de pesetas diarios durante sus 15 años de vigencia. Esta cantidad permitiría, por ejemplo, construir un gran hospital cada dos días. Dado que los recursos públicos son escasos y que si se emplean en un ámbito no están disponibles para otro, no es demagógico plantearse: ¿qué es preferible, tardar una hora menos en un trayecto en tren (pagando tres veces más por el billete, que es la proporción que existe entre los trenes convencionales y el AVE) o esperar varios meses menos para una intervención quirúrgica?

Obviamente todos los españoles tenemos derecho a satisfacer adecuadamente nuestras necesidades de movilidad. Pero esto no quiere decir que tenga que ser con autovías y AVE para todos. Países con más población que nosotros y un mayor nivel de desarrollo así lo demuestran: por ejemplo, Reino Unido tiene 3.546 km de autovías y autopistas, frente a los 11.200 km que tenemos en España.

Unas carreteras seguras y bien mantenidas, con una dimensión adecuada a su demanda, un ferrocarril basado en una mejora sustancial de las líneas existentes, unos buenos servicios de transporte por carretera y ferrocarril… serían algunos de los aspectos que, para Ecologistas en Acción, debería haber asumido el PEIT. Sin embargo, este Plan ha optado por un desarrollo brutal de infraestructuras, disfrazado de equilibrio territorial, que sólo beneficiará a las grandes empresas constructoras y empeorará aún más la ya mala sostenibilidad ambiental, social y económica del transporte en España.