El Gobierno británico fractura su país

El Gobierno británico fractura su país.

Lourdes Jiménez. Redacción. Revista Ecologista nº 92.

El Ejecutivo de Theresa May emprende una huida hacia delante y reducirá su dependencia energética a golpe de taladro y agujeros a sus verdes y vivos suelos. Pero el movimiento antifracking británico está listo para la lucha.

Se abre el telón y aparecen varios camiones en un paraje muy verde con siete árboles. Talan cinco. Construyen un pozo de una milla de profundidad. Meten agua y arena (los productos químicos se los ahorran) y fracturan las intimidades de la Tierra para extraer gas. Pasan los años. Los camiones se marchan. Pero antes, replantan los cinco pinos que talaron al principio. Se cierra el telón. La película es la que se ha montado el Gobierno de Reino Unido sobre la fracturación hidráulica, más conocida como fracking, y que es necesario para extraer gas de esquisto, de muy difícil acceso y a profundidades mucho mayores que el gas convencional.

Es un vídeo de poco más de tres minutos y medio y forma parte de la guía que el Ejecutivo de Theresa May lanzó a primeros de este año bajo el título: “Orientación sobre el fracking: desarrollo del gas de esquisto en Reino Unido” [1]. Y lo tienen claro: la explotación del gas no convencional es “la solución doméstica” para evitar que en 2025 se importe hasta un 60 % de este combustible fósil, según datos oficiales.

Por eso, el Gobierno ha creado el denominado Shale Gas Team [2] i —ii —(Equipo de Gas de Esquisto), dentro del Ministerio de Negocios, Energía e Industria, que cree que este hidrocarburo “enriquece la seguridad energética y ayuda al crecimiento económico”. Aunque sin duda, la justificación más irónica para arrancar de las entrañas de la Tierra este tipo de gas es que esta estrategia “es una parte importante de la transición del país hacia un futuro bajo en carbono”. Y así, Reino Unido, cambia el cáncer por la esclerosis: el carbón por el gas.

Protestas contra el proyecto de fracking en Reino Unido.

En la última ronda de concesiones, aprobadas en 2016, la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA, por sus siglas en inglés) otorgó 159 bloques de tierra para explorar, agrupados en 93 nuevas licencias [3]. En el 75 % del suelo concedido se aplicará la técnica del fracking. El Gobierno estima que sólo en el norte de Inglaterra, la ciudadanía camina sobre un tesoro de 1.300 trillones de pies cúbicos de gas de esquisto (unos 36 billones de metros cúbicos). Lo que parece que no han calculado es el dinero y la energía que les costará llegar hasta él.

En cualquier caso, todo podría marchar viento en popa a todo gas para las empresas concesionarias, pero parte de la sociedad británica, que ya tiene experiencia en la lucha contra esta técnica (Balcombe 2013 [4], Sussex, sur de Inglaterra), está lista para resistir lo que consideran una “amenaza”. Y el mensaje general, al menos en las zonas afectadas, es claro: frack-off! Una expresión que juega con el insulto fuck off —del inglés “que te jodan”— y que se pronuncia casi igual que frack, de fracking.

Resistencia contra el mayor emplazamiento

Francia fue el primer país del mundo en prohibir el fracking en 2011. Gracias a una gran movilización ciudadana, Alemania lo ha hacía el año pasado. En España, el Gobierno lo apoya y ha facilitado su implantación, pero siempre de forma opaca y a veces por la puerta de atrás [5]. Sin embargo, el Gobierno británico no esconde sus ganas de agujerear sus verdes y bucólicos prados hasta llegar a la milla de profundidad, 1,6 kilómetros en vertical, o lo que es lo mismo, 17 veces el Big Ben, la famosa torre del reloj de Londres.

Así, la oposición a la fracturación hidráulica en el país ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Desde la red nacional Frack-Off, que centraliza la información de los cientos de grupos locales del país, aseguran que la principal amenaza se sitúa ahora en Preston New Road, cerca de Little Plumpton, una aldea de 13 habitantes situada al norte de Inglaterra, en el condado de Lancashire, y que será el lugar de fracking más grande de Reino Unido hasta el momento.

La empresa concesionaria, la inglesa Cuadrilla, comenzó los trabajos a primeros de 2017 sin esperar a la resolución judicial tras una apelación de los grupos locales. Y aunque son muchas las razones que tienen para oponerse, hay una que es clave: el condado de Lancashire y sus representantes políticos dijeron “no” al fracking en una consulta oficial. El Gobierno revocó la decisión y ha permitido a Cuadrilla entrar en sus vidas.

“Nos turnamos para ir allí todos los días y empleamos distintas formas de protesta. A veces, ralentizamos la entrada de camiones; otras, directamente nos amarramos a las puertas de entrada e impedimos el paso de los vehículos”, cuenta para Ecologista Kate Styles, una activista local que se presenta como “madre y dentro de poco abuela”. Forma parte de Lancashire Nanas [6], un grupo de mujeres locales en contra del fracking.

La resistencia se hace también visible en las reuniones que un grupo de personas a modo de enlace mantiene con la empresa. Las actas son públicas y en ellas se lee la tensión. “Los seguros ganaderos no cubren daños por fracking, ¿cómo vais a indemnizarnos?”, pregunta un residente. “Correremos con los gastos”, contesta la empresa, asumiendo así que habrá daños. “¿Y qué hay de las grietas que aparezcan en nuestras casas cuando empecéis a taladrar?”, exclama otro. Pero Styles se muestra contundente: “no confiamos en ellos”.

Cuadrilla, un historial de fracasos

La primera vez que Styles escuchó hablar de esta técnica fue cuando Cuadrilla empezó sus exploraciones en 2011 en Preese Hall, cerca de su condado, y que provocaron terremotos [7] en los alrededores, por lo que los trabajos tuvieron que finalizar y el Gobierno prohibió temporalmente la técnica, aunque volvería a permitirla meses después. Aun así, seis años más tarde, el lugar sigue sin estar restaurado, como marca la ley y poco a poco se van conociendo problemas con el sellado del pozo que abandonaron tras los seísmos [8].

No es la primera vez que esta empresa abandona los lugares que explota, también en otros países como Estados Unidos y Australia. “Vinieron, cogieron nuestras tierras, nos arrebataron nuestras vidas y destruyeron nuestra comunidad”, explica un granjero australiano en un vídeo [9] al tiempo que prende con un mechero las aguas de un río cercano a la extracción de gas.

Sin embargo, en su página web, Cuadrilla asegura que es “un buen vecino” de Preston New Road. “¿Destrozaría un buen vecino a toda una localidad, generaría contaminación acústica, emitiría tóxicos al aire o impondría sus intereses contra los deseos de toda una comunidad”, se pregunta Styles.

Cuadrilla fue también la empresa concesionaria de la licencia en Balcombe, Sussex, al sur de Inglaterra, donde la protesta ciudadanía fue brutalmente reprimida, como demuestran decenas de vídeos [10] en redes sociales. La empresa dio marcha atrás con el fracking, pero no con la exploración mediante otras técnicas.

La actuación policial

La lucha global antifracking comparte un denominador común: la contundencia de la respuesta policial ante las protestas. Y en Reino Unido, el tema ha valido para que la Red de Supervisión Policial —Netpol, de Network for Police Monitoring— haya realizado una investigación al respecto.

“El trabajo de Netpol cubre un amplio espectro de actuaciones policiales, pero en 2014 vimos que el creciente movimiento antifracking sería una víctima de la opresión policial ya que su actividad tiene lugar fuera de las ciudades; en lugares de difícil acceso para medios de comunicación; en áreas donde hay poca experiencia de protesta; y que involucra a gente local que, a menudo, se ve inmersa en el activismo por primera vez luchando contra poderosas y bien respaldadas corporaciones”, explica a esta revista Kevin Blowe, coordinador de la organización.

Su último informe, “Protegiendo a los protectores: supervisando la actuación policial en las protestas antifracking desde 2014” [11] revela que en Reino Unido existe una “gran amenaza de infiltración encubierta” por parte de la policía en las protestas y “tolerancia cero” hacia la desobediencia civil. Netpol asegura en su investigación que “la vigilancia de destacados activistas y la búsqueda y documentación de sus discusiones en línea en las redes sociales es más hostil y exhaustiva de lo normal y más intensa que cualquier supuesta amenaza extremista, por lo que es totalmente desproporcionado”.

Blowe cuenta que el objetivo último de la investigación, que se basa en observaciones durante las protestas, entrevistas a activistas e investigaciones de documentos oficiales, es influir en la forma en la que se planifican las operaciones e impulsar “un enfoque policial menos hostil y menos conflictivo”.

El Gobierno británico ha dado vida a un monstruo que en otras zonas del continente ha sido derrotado por la presión social. Por eso, muchas de las pancartas que se portan hoy en las manifestaciones apelan a la movilización. “I always wondered why somebody didn’t do anything about that, then I realised I am somebody”: “Siempre me pregunté por qué nadie hacía nada al respecto, después me di cuenta de que yo soy alguien”, reza un cartel colocado a las puertas de Preston New Road.




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