La Plataforma “Agua Clara”, en la que participa Ecologistas en Acción, quiere responder ante las acusaciones que, en la sesión plenaria de 25 de julio, recibió por parte del Equipo de Gobierno. La concejal de Urbanismo y Hacienda, Inmaculada Muñoz, aprovechó su intervención para volver a repetir la imposibilidad de romper el contrato con Aqualia de forma gratuita, tachando de “mentirosos, tergiversadores y demagogos” a todos los que piensan lo contrario. Tanto ella, como el Sr. Alcalde, retaron a que se presentara en el pleno el resquicio legal, la fórmula mágica para hacerlo, pues sus técnicos lo ven imposible, amenazando además, con los 2 millones de indemnizaciones que habría que pagarle a la empresa. Presenciamos, por tanto, un nuevo vacío de la Concejalía de Infraestructuras, responsable directa del Ciclo del Agua, que ni siquiera pidió turno de palabra.

En primer lugar, Agua Clara entiende como un acto de indignidad y deslealtad política que quienes cobran de los impuestos de los ciudadanos, utilicen este tipo de insultos contra un sector de la ciudadanía. Una corriente de opinión en Sanlúcar, que está respaldada en un Pacto Social por el Agua por 20 colectivos sociales y más de 2000 firmas. Insultos que, además, utilizan quienes prometieron una “gestión modélica y de calidad” por parte de Aqualia en 2010, cuando vendieron por 16,5 millones de Euros y 25 años de contrato, que han resultado una condena para los consumidores, acribillados a fraudes, cortes de agua, subidas ilegales, bajadas de presión, además de una desastrosa depuración del agua. Nos preguntamos, al ver estas cosas, quiénes son los que utilizan la mentira como arma arrojadiza.

Porque, además, es falso que el ciclo del agua no pueda remunicipalizarse de forma gratuita. Da la sensación que, quienes ocupan un puesto para supervisar el contrato o pliego de condiciones, no se molestan mucho en leerlo. Y es que no hace falta ser un alto magistrado ni cobrar un gran sueldo, para leerse el artículo 46 “Resolución de la Concesión” que dice bien claro que, entre las posibles causas para romper el contrato se cita “Una infracción muy grave de las obligaciones del concesionario”. Pero es que AQUALIA no lleva una infracción muy grave: Lleva 2 muy graves además de otras 3 graves. 5 expedientes sancionadores que abrió el propio Ayuntamiento en 2016, del que aún no tenemos noticias de cuándo se cobrarán.

Además, esta plataforma entiende como una defensa a la multinacional y una amenaza a la ciudadanía, que la concejal recurra continuamente a los daños y perjuicios que habrán de abonar los ciudadanos a AQUALIA si se rompiera el contrato. ¿Y cuándo se va a hablar de los daños y perjuicios que AQUALIA les debe a los ciudadanos? Los 22.498 sanluqueños que siguen esperando que les devuelvan la parte de la factura que les defraudaron en los contadores. Una denuncia que presentó IU en 2014, que cuenta ya incluso con el respaldo de la Junta, por la que se calcula les debe a los consumidores en torno a 1 millón de Euros. Si fuera cierto y sincero ese interés que tiene el Ayuntamietno por recuperar el ciclo del agua algún día, podrían haberse personado ya en el juzgado contra AQUALIA, para que se le devuelva ese dinero a todos los sanluqueños. O ya se habrían hecho realidad las comisiones del agua que, desde ayer mismo, ya le pide toda la oposición.

Observamos cómo a veces, en esa actitud bipolar que caracteriza al equipo de gobierno, se plantean la remunicipalización, pero, a la vez, la muestran imposible por miedo a las acciones judiciales con la empresa, asumiendo algo de una enorme gravedad democrática: Que la multinacional tiene secuestradas la legitimidad y la voluntad política del Ayuntamiento de Sanlúcar y sus casi 70.000 habitantes. Y desde el Ayuntamiento, por ese miedo (que otros llamaríamos oscuro interés) no dejareis de respaldar a AQUALIA, haga lo que haga a la ciudadanía.

Nos preguntamos: ¿A qué hay que esperar para romper la concesión, a que la empresa llegue un día a envenenar las aguas? ¿O entonces, en ese hipotético suceso, volverán a sancionar a AQUALIA con otro expediente sancionador que es calderilla para la empresa?

Finalmente, nos cuesta entender el concepto de viabilidad de nuestros gobernantes. Las multinacionales acusadas de corrupción por medio país, sancionadas por fraudes e incumplimientos flagrantes, sí son viables. Sin embargo, la salud y el bolsillo de nuestros conciudadanos –quienes les pagan y votan- , al parecer, no son viables.

La Plataforma en Defensa de los Derechos del Agua de Sanlúcar de Barrameda «Agua Clara», está integrada por vecinos afectados, ciudadanos particulares, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos «Guadalquivir», Ecologistas en Acción, presidentes de asociaciones vecinales, FACUA, Asociación de Consumidores y Productores de Agricultura Ecológica «La Borraja», SAT, USTEA, CC.OO. y Plataforma del Vado, quedando abierta a la participación de todos los sanluqueños.