Alertan del perjuicio de los vertederos de la región

Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, en su compromiso con la protección del medio ambiente, pretende llamar la atención de la sociedad sobre la situación actual de los vertederos que proliferan por la geografía murciana y que generan un impacto cada vez mayor en el entorno y las personas que lo habitan. El pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó una sentencia de amonestación contra el Estado español por la existencia de 88 vertederos que transgreden las directivas europeas en materia de gestión de residuos, tres de ellos en las comarcas murcianas. La producción de basura urbana no cesa de aumentar en los países occidentales y una enorme cantidad de los desperdicios acaban abandonados en terrenos no preparados para ello y sin un tratamiento previo.

Murcia cuenta con cinco vertederos de residuos urbanos en su territorio, algunos de los cuales, suscitan protestas y reivindicaciones por parte de la población que vive en las zonas aledañas. Al mismo tiempo, cientos de escombreras ilegales surgen en zonas poco concurridas particulares, empresas e incluso ayuntamientos arrojan sus desperdicios para ahorrarse el coste que supone el uso de instalaciones públicas. Además, con la llegada del periodo estival y las próximas oleadas turísticas a las zonas costeras de la región, se incrementará la cantidad de residuos que pasarán a engrosar las cifras y el volumen de los sumideros de la región.

Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, asevera que “los vertederos son una bomba de relojería y un riesgo constatado para la salud pública, los fluidos y las emanaciones que desprenden contaminan agua, suelo y aire”. Según el experto, los depósitos jóvenes con protocolos exhaustivos de vigilancia y mantenimiento pueden evitar, en el mejor de los casos, la salida al exterior de la mitad de los gases generados por la descomposición de la materia orgánica.

Por un parte, las celdas de vertido expulsan lixiviados, los líquidos destilados de los residuos que se filtran entre los materiales e impregnan de diversas sustancias que, al unirse, provocan reacciones químicas que resultan en componentes de alta toxicidad como metales pesados y fenoles. De igual forma, estos silos gigantes de basura son responsables de la emisión de metano, cuyo efecto invernadero es veinte veces más potente que el del CO2, y otros gases que son altamente contaminantes y cancerígenos.

Muchos vertederos carecen del control adecuado e introducen elementos tóxicos en el entorno”, apostilla Arribas en su disertación, “algunos compuestos como el ácido sulfhídrico o el amoniaco generan malos olores que pueden llegar a ser irrespirables. Pero los productos más peligrosos, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, son casi inodoros y generan graves problemas de salud y contaminación ambiental”. Un informe [1] desarrollado por investigadores del Centro de Salud Carlos III, y publicado en 2013 por la revista Environmental International, confirma que existe “un riesgo estadísticamente más elevado de morir de todos los tipos de cánceres en personas que residen en municipios situados cerca de incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos y, concretamente, un mayor exceso de riesgo de padecer tumores en el estómago, el hígado, la pleura, los riñones y los ovarios”. Una vez clausurados, estos basureros deben vigilarse durante 30 años, mediante la supervisión de los acuíferos subterráneos y las emisiones a la atmósfera, ya que los procesos de descomposición no se detienen por el hecho de sellar el agujero.

Sin embargo, en el caso de Murcia, hay muchos ejemplos de mala praxis. Cespa, la empresa encargada del vertedero de Cañada Hermosa y la planta de tratamiento de Ulea, fue sancionada en 2009 por la mala gestión de las instalaciones y el procesamiento inadecuado de los residuos urbanos. En ese mismo año, las montañas de basura del sumidero se vinieron abajo.

El sumidero de Cartagena, Mina Regente, ha estado en el punto de mira en numerosas ocasiones. La entidad gestora, Lhicarsa (con la participación de FCC y del consistorio de la ciudad) fue sancionada con 27.000 euros por las graves irregularidades registradas en la recepción, tratamiento y almacenamiento de los desechos: el 85 % de los desperdicios acababan en las celdas de vertido sin clasificación previa.

Otros enclaves, por su parte, han sido objeto de investigación por corrupción, como el famoso sumario que involucra al vertedero de Abanilla, en manos de Proambiente (del imputado Ángel Fenoll), o la ‘Operación Reciclaje’, por la que Limusa (la compañía municipal que gestiona el sumidero de Lorca) fue acusada de desviar fondos públicos.

Diversos estudios señalan que estas instalaciones donde se amontona lo que no queremos albergan, en todo el estado, cerca de 300 millones de toneladas de materias primas valiosas que podrían ser reutilizadas o recicladas. Muchos de los impactos de un vertedero se deben a la degradación de sus componentes orgánicos, lo que nos conmina a pensar e implementar sistemas de separación de la fracción orgánica de la basura para su recuperación que reduzca la necesidad de almacenar y enterrar residuos urbanos y evite los procesos contaminantes que se dan en los vasos de vertido. Mientras tanto, emponzoñan los terrenos colindantes y, en última instancia, el territorio y el sistema natural en su conjunto.


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