El CETA entra en vigor pese a los graves riesgos para la ciudadanía

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  • El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Esto sucede antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos nacionales europeos.
  • Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA lamentan su aplicación provisional y confían en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenarlo.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, de la que forma parte Ecologistas en Acción, considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el derecho comunitario. El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto válidos.

La movilización ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre los éxitos más recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), no pueda entrar en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que este sistema de justicia privada paralela merma gravemente el Estado de derecho. A día de hoy, España es el tercer país del mundo más demandado ante los tribunales privados de arbitraje que los inversores extranjeros usan para cobrar compensaciones multimillonarias.

En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA. También han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.

La campaña No al TTIP, CETA y TiSA advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales adversos, tales como:

  • En materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes.
  • En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el caso ‘Dieselgate’ de la industria automovilística, cuya manipulación de vehículos diésel ha contribuido al incremento de muertes prematuras y enfermedades por contaminación atmosférica.
  • Los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos a transgénicos, engorde del ganado con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne. Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria.
  • Al debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo la salud pública.
  • El CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados.
  • El capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria en España.
  • La cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que las fechas y contenidos de sus reuniones– podría ser un obstáculo si el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.

La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos tratados comerciales atentan contra los derechos humanos y agravan la crisis ambiental planetaria.