El pasado 17 de noviembre el Parlamento Europeo votó en primera lectura la propuesta reglamentaria REACH, considerada como la normativa europea más importante de los últimos años. Antes de que haya sido aprobado el texto final, a la propuesta REACH ya le ha dado tiempo de batir algunos récords.
PRIMER RECORD
La propuesta legislativa que más lobby ha recibido
En primer lugar tiene el mérito de haber sido la propuesta legislativa que más lobby ha recibido en la Unión Europea. Existen más de 15.000 “lobbistas” en el Parlamento Europeo, representantes de un sector económico que mueve más de 90 millones de euros al año. Para entrar al edificio del Parlamento Europeo, el visitante “común”, tiene que tener una acreditación que recoge en el centro de visitantes e ir acompañado de un europarlamentario. Esto contrasta con los más de 4.000 profesionales del lobby acreditados permanentemente, que pueden entrar y salir del edificio del Parlamento Europeo a voluntad. Esta cifra representa 7 “lobbistas” por cada europarlamentario, de los cuales, el 70% trabajan directa o indirectamente para intereses empresariales, 20% para las diferentes regiones de la UE y sólo 10% para sindicatos, grupos de profesionales de la salud y organizaciones ecologistas. Sólo la patronal química europea CEFIC tiene 140 empleados en su cuartel general en Bruselas. Estas cifras muestran la magnitud de la presión que los políticos europeos han tenido soportar por parte del poder económico y, en concreto, de la industria química.
La razón no ha sido otra que el intento que suponía REACH por cambiar las reglar del juego en el marco de la regulación de sustancias químicas producidas de manera industrial. Hasta ahora, y por increíble que parezca, la industria podía producir sustancias químicas sin proporcionar datos sobre sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. El hecho de que se desconozcan total o parcialmente las propiedades toxicológicas y ecotoxicológicas del 99% de los químicos que se producen, junto con el alarmante aumento de muertes por cáncer, casos de infertilidad, alergias, asma infantil y otras patologías, llevó al Consejo de Medioambiente Europeo en 1998 a pedir a la Comisión Europea una revisión de la legislación sobre sustancias químicas. La respuesta a esta petición se concretó en el Libro Blanco sobre sustancias y preparados químicos publicado en el 2001.
Hasta ese momento, la esfera de toma de decisiones a nivel político pudo trabajar sin demasiadas ingerencias. Pero, es a partir de la publicación del Libro Blanco cuando se encienden las señales de alarma en la industria. La Comisión Europea proponía que la industria proporcionara información sobre los efectos en la salud y medioambiente de 30.000 sustancias de las más de 100.000 que se producen en la UE. Y no sólo eso, sino que apelaba al principio de precaución y a sustituir las sustancias que se consideraran extremadamente preocupantes por alternativas más seguras. La industria química considera inaceptable ese cambio de rumbo en la nave y consigue que el expediente pase del Consejo de Medioambiente al de Competitividad en marzo del 2003, un cambio que tendría importantes consecuencias en el futuro. En mayo del 2003 la Comisión hace pública la propuesta del reglamento REACH y la somete a consulta a través de internet. La Comisión recibe 6.500 comentarios, la mitad de ellos de la industria, augurando pérdida de competitividad y, consecuentemente, destrucción de empleo. La presión llega al límite de que Blair, Chirac y Schröder hacen público un comunicado pidiendo a Romano Prodi, presidente de la Comisión por entonces, una revisión de la propuesta REACH argumentando el catastrófico efecto sobre la competitividad europea. Eran momentos en los cuales Francia, Reino Unido y Alemania tenían déficits públicos por encima de lo permitido en el Pacto de Estabilidad y eso les hacía más susceptibles a las presiones de la industria. Por un momento, se temió que la propuesta REACH no viera la luz pero, finalmente, en octubre de 2003, la Comisión publicó la propuesta reglamentaria final que ha sido votada recientemente en el Parlamento Europeo.
SEGUNDO RECORD
La desfiguración del proceso legislativo
La segunda marca que el REACH ha tenido el dudoso honor de batir es el de desfigurar el proceso parlamentario de aprobación de un reglamento. Normalmente, cuando la Comisión propone una legislación al Parlamento, es sólo un comité parlamentario el que propone enmiendas al texto para que sean votadas. En ese proceso, y dependiendo de lo compleja que sea la propuesta legislativa de la Comisión, el texto se trabaja en otros comités que emiten su opinión en forma de enmiendas que pueden o no ser consideradas por la comisión líder. En el caso del REACH, han participado 9 comisiones, las cuales han presentado más de 5.000 enmiendas al texto. En este caso, el comité líder ha sido Medioambiente. Lo particular del proceso de aprobación de este reglamento en concreto es que otros dos comités parlamentarios, en concreto Industria y Mercado Interior, han impuesto sus enmiendas para ser votadas directamente en el Parlamento. Eso quiere decir que en este caso no se han votado sólo las enmiendas propuestas por Medioambiente sino que, en el apartado de registro, dos comisiones más, ambas plegadas a los intereses de la industria, han podido presentar sus enmiendas junto con la comisión líder. Este hecho, que podría pasar por meramente anecdótico, ha tenido una importancia crucial para que, en el apartado de registro, el resultado de la votación haya dejado a más de 15.000 sustancias de las 30.000 cubiertas por REACH sin ningún tipo de información sobre salud y medioambiente.
Para comprender cómo se ha llegado a esta situación es preciso continuar analizando lo que ocurrió después del 29 de octubre del 2003, fecha en la cual la Comisión publica la propuesta reglamentaria REACH. A partir de ese día, el poder económico y los intereses industriales entendieron que la apuesta de cambio en el sistema de regulación de químicos iba en serio. La maquinaria de lobby, ya engrasada, comenzó a funcionar todavía con más potencia, extendiéndose fuera de los límites de la UE. La administración Bush, de la mano de la industria química estadounidense, publicó un informe argumentado que REACH pondría en peligro miles de millones de dólares en exportaciones a la UE y alteraría el mercado mundial. Colin Powell, por entonces Secretario de Estado y encargado de la política exterior de los EEUU, dio órdenes a sus embajadores en la UE de que aumentaran sus esfuerzos de presión política sobre los diferentes ministros de la Unión como manera de presionar a su vez a los europarlamentarios en Bruselas. El lobby industrial consiguió retrasar la decisión parlamentaria hasta el punto que la primera lectura se tuvo que retrasar y esperar a que el nuevo Parlamento fuera elegido en junio del 2004. El resultado de la votación europea cambió dos tercios de la cámara parlamentaria, y muchos de los europarlamentario provenían de los nuevos estados miembros de Europa del Este. Muy pocos entre los nuevos europarlamentarios conocían de primera mano el Libro Blanco del 2001 y la influencia de la industria en erosionar ésta para la elaboración del texto de la propuesta de la Comisión del 2003.
A partir de esas fechas, el escenario de presión política viene marcado de fondo por la estrategia impulsada por la Comisión Barroso de ser la economía más competitiva del mundo, por estudios de impacto financiados por la industria exagerando las consecuencias negativas del REACH sobre la competitividad y el empleo, sobre las excesivas cargas administrativas del reglamento, sobre el desmantelamiento y deslocalización del sector, etc. No hay que infravalorar el poder de presión de la industria química europea cuando utiliza esos argumentos: datos recientes muestran que un 31% de la producción mundial de sustancias químicas proceden de la industria química comunitaria, que registra un excedente comercial de más de 40.000 millones de euros. Es la industria química más importante del mundo y la tercera industria de transformación en importancia en Europa. Emplea directamente a 1,7 millones de personas y casi tres millones de empleos dependen de ese sector.
Las últimas semanas antes de la votación en el Parlamento han venido marcadas por todo tipo de rumores y escaramuzas políticas: revisiones filtradas de la propuesta REACH por parte de la propia Comisión europea, acuerdos parlamentarios entre grupos políticos a puerta cerrada, amenazas de retrasos en la votación, incluso posibles anulaciones de la misma en el Parlamento y el Consejo. “Una verdadera guerra de trincheras entre los defensores de la competitividad de las empresas y los partidarios de reforzar las garantías para la salud” según declaraba el Presidente del Parlamento Europeo J. Borrell después de la votación en Plenario. Hasta los últimos 10 días antes de la votación, un grupo de trabajo parlamentario estaba todavía estudiando si era o no legal que varios comités pudieran presentar directamente sus enmiendas a votación. Ante la posibilidad de que la votación no tuviera lugar se acabó cediendo y los comités de Industria y Mercado Interior pudieron desfigurar con sus enmiendas uno de los elementos claves del reglamento: el registro. La consecuencia es que no tendremos información sobre más de la mitad de las sustancias que cubre el reglamento.
TERCER RECORD
La votación más larga en la historia de la UE
El tercer récord que ha conseguido batir el REACH es de haber sido la votación más larga en Plenario en la historia del Parlamento Europeo: dos horas media para aprobar o rechazar más de mil enmiendas para regular 30.000 sustancias químicas producidas en cantidades superiores a 1Tm/año. Hasta el pasado jueves 17 de noviembre, las 100.000 sustancias químicas existentes y que llevan en el mercado desde antes de 1981 nunca habían sido evaluadas sistemáticamente. A partir de ahora, y dejando a un lado cuál sea el texto que se apruebe finalmente, 30.000 de esas sustancias se someterán a un control bajo en reglamento REACH. Este voto parlamentario señala el final de un proceso conocido como “primera lectura”. El 19 de diciembre quedará en manos de los Estados miembros de la UE, que se reunirán en el Consejo, el llegar a un acuerdo sobre el reglamento. Para completar el proceso será necesario que el Consejo adopte todas las enmiendas sugeridas por el Parlamento. En caso contrario deberá realizarse una segunda lectura, que supondría casi un año más de trabajo adicional.
El resultado de la votación parlamentaria ha estado por debajo de las aspiraciones de mejora para la protección de la salud y el medioambiente. El trabajo de lobby de la industria química ha dado sus frutos. El parlamento, después de años de presiones por parte de los grupos de presión de la industria ha determinado que sólo se proporcione suficientes datos relativos a los efectos sobre la salud y el medioambiente de las sustancias que actualmente estén clasificadas como “extremadamente preocupantes” y de aquellas de las que no se posea ningún dato de seguridad. Esto significa no proporcionar información toxicológica y ecotoxicológica de más de 15.000 sustancias químicas, resultado del que la industria ha declarado estar satisfecha.
Asimismo la votación parlamentaria brinda la posibilidad a los productores de sustancias químicas de no proporcionar información de seguridad sobre sustancias producidas entre 10 y 100 Tm/año siempre que lo justifiquen con criterios basados en el riesgo. El problema es que para determinar el riesgo que presenta una sustancia química se necesitan conocer la peligrosidad intrínseca de la misma y la exposición a ésta. Establecer un criterio de proporcionar información basado en el riesgo de sustancias de las cuales no se conocen sus propiedades significa que sustancias potencialmente peligrosas escaparán sin control en esa banda de tonelaje que comprende 5.000 sustancias aprox. De momento, la industria ha ganado la batalla del registro.
Sin embargo, el hecho de que el Comité líder en el Parlamento haya sido Medio Ambiente y la presión ejercida desde los grupos ecologistas, sindicados y profesionales de la salud entre otros ha conseguido que se vote el llamado principio de sustitución, que requiere que las empresas productoras de sustancias químicas reemplacen las sustancias peligrosas por otras alternativas más seguras siempre que éstas estén disponibles. Este apartado ha sido fuertemente contestado por la industria y no ha sido incluido en ningún texto de compromiso sobre el REACH por parte de ningún país de la UE, por lo que el acuerdo en el Consejo parece improbable. Hasta ahora la industria ha ganado varias batallas, pero no la guerra. Todavía.
La historia del REACH no se ha terminado. Queda por ver si la industria logra erosionar totalmente la propuesta inicial de la Comisión y qué parte puede salvarse de la redacción final que suponga un avance significativo para la protección de la salud y el medio ambiente.
EPILOGO
Sea cual sea el texto final del reglamento, el proceso de aprobación del REACH debería servir para sacar varias conclusiones. El REACH es un ejemplo que ilustra cómo se hace política en la UE y pone de relieve la importancia de asociarse. Es fundamental que la sociedad civil trabaje por estructurarse de manera que se formen redes fuertes que luchen por sus intereses. Porque los políticos no lo van a hacer si no tienen la presión de sectores sociales que pongan encima de la mesa sus reclamaciones a la hora de negociar. Otra conclusión que se puede sacar del proceso de aprobación del REACH es que ha contribuido a acrecentar el desprestigio de una industria química, valorada negativamente antes de que el proceso comenzara. Políticos y expertos tertulianos tratarán de vestir el reglamento como un ejemplo de equilibrio entre diferentes intereses, la praxis del desarrollo sostenible. Pero la realidad es bien distinta y los hechos demuestran como, una vez más, intereses económicos priman sobre cualquier otro tipo de consideraciones.
Cualquiera que sea la versión reglamentaria que llegue a aprobarse, el REACH tendrá que ser aplicado en cada país de la UE y hay una labor de vigilancia que quedará por hacer para asegurarse de que la industria química cumple con lo establecido en el reglamento. Y ese es un papel que le toca hacer a la sociedad civil. Si este proceso sirviese al menos para poner de relevancia la imperiosa necesidad de construir una sociedad realmente democrática y transparente todos los esfuerzos invertidos en mejorar el REACH habrán merecido la pena.
