La corrupción y las mafias llegan también a Archidona

Denunciadas presuntas irregularidades en la firma de convenio urbanístico entre el alcalde de Archidona, de IULV-CA, y la sociedad Country Golf Archidona S.L., cuyo apoderado es el ciudadano francés Pierre René
Elbaz, detenido en su día por actividades ilícitas y blanqueo de dinero negro.

Presunta irregularidad

La Coordinadora en Defensa del Medio Rural y Litoral, plataforma social en la que se encuentra Ecologistas en Acción, solicita a la Fiscalía una profunda investigación, para indagar en las presuntas irregularidades del Convenio suscrito con Country Golf, a la par que exige se investigue el historial del mencionado apoderado, detenido en la operación policial “Ballena Blanca” y persona clave en la trama, y conocer la procedencia de las sumas de dinero invertido, o a invertir, en dicho proyecto -ya se ha efectuado, al menos, la compra de la finca-. Igualmente, esta coordinadora solicita la paralización cautelar del expediente administrativo, hasta la resolución de las correspondientes responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal, así como en su caso, la incautación de dicha finca, como ya se ha tenido que hacer en el caso de la urbanización la Alcaidesa en San Roque o en otra finca ubicada en Manilva.

Además, en la línea de los últimos sucesos en Manilva se pide a la fiscalía que investigue las bienes y cuentas de las personas responsables implicadas en este trama, así como de sus familiares, por si existe dinero o bienes “bajo cuerda” que, como nos muestran los acontecimientos de Manilva, no es extraño en operaciones urbanísticas de este tipo.

Quizás estas informaciones pueden explicar el secretismo del Alcalde y su ayuntamiento de Archidona y sus trabas a los grupos ecologistas y ciudadanos de acceder a la información relevante sobre éste y otros proyectos.

Proyecto de gran impacto

El proyecto, de grandes impactos negativos ambientales y sociales, consiste en la construcción de una urbanización constituida por 151 viviendas, campo de golf de 9 hoyos con casa-club, 2 hoteles, 300 apartamentos turísticos, área comercial, área de servicio, gasolinera, restaurante, discoteca, club ecuestre, y helipuerto.

Se planearía su construcción en el paraje de Los Hoyos, en Salinas, en los terrenos donde converge la A-92 y la autovía que une el Puerto de las Pedrizas y Salinas, a unos 12 km de Archidona, al límite con la provincia de Granada. Se proyectaría, por tanto, junto a la importante Reserva Natural "Lagunas de Archidona" y dentro del Complejo Serrano de Interés Ambiental C27 "Encinares de Archidona", uno de los últimos reductos junto al Altiplano de Las Lagunillas, de este importante ecosistema mediterráneo en la comarca.

Es más, la 2ª Fase prevee "introducirse" también dentro de la provincia de Granada, con otras 234 viviendas, produciendo un descomunal impacto sobre una zona boscosa de encinares, de alto valor ecológico.

Este proyecto, al igual que el otro denominado “Sierra Lumbral” conlleva fuertes impactos sociales e ambientales, entre ellos la destrucción de amplias zonas naturales, la probable afección a la Reserva Natural de las Lagunas de Archidona, el agotamiento de los recursos hídricos y la subida desorbitada del precio de la vivienda, así como el posible cierre de los negocios locales. Este tipo de proyectos junto con los polígonos industriales son los preferidos para las mafias internacionales para el blanqueo de su dinero con procedencia ilícita, por lo que la firma de convenios de ese tipo no genera “progreso” o “puestos de trabajo” como defiende el alcalde, sino que significa abrir las puertas a los especuladores y mafias, ayudando a su asentamiento y control de la vida social, económico y político del municipio.


Connivencia de los grupos políticos

El pasado día 31 de diciembre de 2004, el alcalde de Archidona, D. Manuel Sánchez Sánchez, de IULV-CA, efectuó la firma y aprobación definitiva de Convenio Urbanístico de Planeamiento con la sociedad Country Golf Archidona, S.L., para la construcción de un descomunal e impactante proyecto urbanístico en Salinas, pedanía de Archidona. Todo ello tras la lectura, por Secretaría, de dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal.

Para suscribir la firma del citado convenio, hoy bajo sospecha, se contó con la aprobación del Pleno de la Corporación, por unanimidad de los tres grupos políticos que la componen. De este modo, dio su voto favorable el Grupo Popular, cuya portavoz, Dña. Trueba Torres, llegó a calificar, incomprensiblemente, este proyecto urbanístico como "vital para Archidona", incluso "desde el punto de vista cultural"; así como del Grupo Socialista, por parte de D. Arjona Santana, quien afirmaba, como si fuese una premonición, que "debe seguirse el procedimiento sin más prisas que las estrictamente necesarias, pues lo contrario podría llevarnos a la comisión de errores que luego habría que rectificar", como así parece haber ocurrido con la firma, presuntamente irregular, de este Convenio; y finalmente, expresó su apoyo el Sr. Pastrana Paneque, del Grupo IULV-CA.


Pierre René Elbaz

No ha podido firmar el alcalde este Convenio con personaje de currículum más repudiable: el ciudadano Pierre Rene Elbaz, cuyo domicilio coincide curiosamente con el domicilio social de la sociedad "Country Golf Archidona S.L."- en la urbanización Sotogrande, de San Roque, Cádiz-, es el apoderado de dicha sociedad, y actúa en nombre y representación de la misma, propietaria, a su vez, de la finca a urbanizar.

Según consta en el expediente municipal relativo al proyecto Urbanístico "Country Golf Archidona, S.L.", archivado en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Archidona, existe formalizada Escritura Notarial de
Poderes, fechada en el mes de junio de 2004, otorgando a favor de don Pierre Rene Elbaz, poder para ejercer, en nombre de la citada sociedad Country Golf Archidona S.L.- cuyo administrador único es don Jorge Poggio Toran-, las siguientes facultades: "firmar en nombre de dicha sociedad cualquier
clase de Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Archidona, y su posterior tramitación"; "abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad"; u "otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para estos actos".

Historial delictivo

El francés Pierre René Elbaz, de 70 años, es uno de los diez encarcelados por orden del Juzgado número 5 de Marbella, por su relación directa con la trama de la macrooperación «Ballena Blanca», contra el blanqueo de dinero negro, y es socio del abogado, también detenido, Fernando del Valle, cuyo bufete se dedicaba en exclusiva a la constitución de este tipo de empresas, supuestamente creadas con capital social procedente de actividades delictivas. La presencia de testaferros u «hombres de paja» en todas ellas es otra de las constantes.

Recordemos que una compleja red de empresas dedicadas mayoritariamente a las inversiones inmobiliarias se ocultaba tras la Operación Ballena Blanca, que permitió desarticular una supuesta trama de blanqueo de dinero que operaba en Marbella (Málaga), Alicante y Cádiz. De los 41 detenidos por la policía, el juez ordenó el ingreso en prisión de, al menos, 10 de ellos, entre los que se encuentra Pierre René Elbaz (datos obtenidos del Registro Mercantil, y publicados por el diario El País).

Según la información del registro mercantil, Elbaz participa en 12 empresas creadas en el bufete de abogados de Fernando del Valle - bufete donde supuestamente se blanqueaba el dinero de nueve bandas criminales-, y ha figurado en otras 10 entidades relacionadas con la trama. Su área geográfica de actividad inmobiliaria se reparte entre tres provincias andaluzas: Sevilla, Cádiz y Málaga, si bien con ocasionales ramificaciones en Madrid.

La "fructífera" pareja formada por Del Valle y Elbaz, aparece en la cúspide de otras muchas sociedades con actividades ilícitas como son: "Carmel Capital, SL", "Sea Golf Maintenance", o "Sea Golf Apartments", entre otras.

Repetir la historia en Archidona

Al parecer, Pierre René, podría estar repitiendo, presuntamente, en Archidona una operación ilícita similar a las efectuadas en el pasado.

Así es como operó, por ejemplo, al comprar, en el año 2.000, tres parcelas en La Alcaidesa, Cádiz, para su posterior urbanización: Pierre René construyó y vendió, sin escriturar -y por lo tanto sin estar registrada-, una promoción completa de chalés, en la exclusiva urbanización «La Alcaidesa» en la localidad gaditana de San Roque. Esta es una de las varias promociones intervenidas por la Policía en la citada operación, según confirmaron fuentes de la investigación. Las 50 viviendas ya han sido vendidas, pero los compradores no tienen las escrituras de propiedad, por lo que podrían perderlas tras haber sido incautadas, tal y como ha ocurrido en otras tramas similares. Cada uno de los chalés salió a la venta en 90 millones de las antiguas de pesetas, con lo que sólo con el dinero obtenido de esa transacción se habría embolsado 4.500 millones de pesetas.

El caso de Salinas, en Archidona, podría ser una muestra ilustrativa que corroboraría las investigaciones del grupo Interuniversitario Andaluz de Criminología de la Universidad de Málaga, sobre cómo la delincuencia organizada logra infiltrarse en el tejido social. Según la hipótesis de la ONU que recoge dicho grupo de investigación, el proceso gradual de corrupción que podría estar desarrollándose en los municipios costasoleños, comenzaría cuando algunos promotores o constructores recibirían un trato de favor del Consistorio -permisividad respecto a ciertas irregularidades cometidas, venta a un precio inferior al mercado, o la recalificación de terrenos-. De ahí la zona resultaría atractiva para el blanqueo de capitales. Inversiones extranjeras con dinero procedente del narcotráfico u otros delitos adquieren propiedades inmobiliarias, dando con ello lugar a un incremente de los precios. Una vez afincados en la zona, esos inversores efectuarían compras a gran escala de terrenos rústicos. Más tarde se infiltrarían en las redes de intereses clientelares para lograr convenios urbanísticos y recalificaciones de terrenos.

Y el último paso a dar por quienes ya controlan parte de la actividad urbanística y turística, consiste en hacerse con el control político del municipio".

Desde aquí se solicita a Fiscalía para que investigue esta supuesta irregularidad, y compruebe identidad de las personas involucradas, así como la procedencia del dinero y del patrimonio invertido en dicho proyecto.