Del 13 al 18 de Diciembre se están negociando en Hong Kong en la VI Conferencia Ministerial de la OMC, la adopción de nuevos acuerdos comerciales entre naciones, con consecuencias directas e indirectas fatídicas sobre el medio ambiente y el ya maltrecho sector agrícola global. Ecologistas en Acción denuncia el falaz postulado que afirma que el comercio internacional será el “motor para el desarrollo” y la liberalización de servicios fundamental para la lucha contra la pobreza, apostando por la adopción de acuerdos internacionales dirigidos a garantizar la soberanía alimentaria de las naciones y modelos de producción más sostenibles.

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), aspecto clave de estas negociaciones, persigue la liberalización y desregulación del sector de los servicios de los países del Sur. Dicha liberalización tendrá consecuencias nefastas para los/as pequeños/as agricultores/as de estos países, cuya producción y subsistencia dependen de una provisión adecuada de servicios de distribución, financieros, infraestructuras, etc., que las leyes del mercado no satisfarán muy probablemente (así ha pasado ya en países como México tras la adopción del Tratado de Libre Comercio con los EEUU), quedando condenados/as a la producción de subsistencia, el sector informal y/o la inmigración a los cinturones de pobreza en torno a los grandes centros urbanos. A su vez, la sustitución de los modelos agrícolas tradicionales de pequeña escala por aquellos dirigidos a la producción a gran escala y/o la exportación, con un empleo mucho más intensivo de materias y energía, provocará impactos medioambientales muy negativos como contaminación de suelos y agua, empobrecimiento de suelos, desertización, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc.

Los sectores de servicios con mayor influencia en la agricultura (en el punto de mira de compañías transnacionales y gobiernos de los países del Norte) son:

Servicios de distribución: Grandes compañías como Walmart, Carrefour, Tesco o el Corte Inglés concentran un cada vez mayor porcentaje de la venta al por menor, controlando a los proveedores mediante la exigencia de precios, tiempos de entrega, parámetros de calidad, etc. desproporcionados. El pleno acceso de estas compañías a los mercados de países del Sur, caracterizados tradicionalmente por los pequeños comercios y tiendas familiares, excluiría a pequeños/as granjeros/as, incapaces de cumplir dichos requerimientos, en favor de granjas comerciales y empresas exportadoras.

Servicios financieros: La mejora en la productividad y producción de pequeños/as agricultores/as de países del Sur, así como su adecuación forzada a las modernas cadenas de abastecimiento y comercialización, requieren obligatoriamente el acceso al crédito agrícola. Éste resulta muy poco atractivo para las entidades financieras privadas por las características de dicha población rural empobrecida. La desaparición pretendida por el AGCS de la participación pública en este sector dejaría desamparados a dichos/as agricultores/as.

Servicios infraestructurales: La liberalización de los servicios de distribución de agua o de energía a transnacionales podría suponer el abandono de las redes en zonas rurales, con menor densidad de población y por lo tanto menos lucrosas frente a zonas urbanas. Esta situación ya se ha producido en múltiples privatizaciones promovidas por el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales.

Por lo tanto, junto a la adopción de compromisos internacionales dirigidos a rescatar los precios de los productos básicos agrarios, la eliminación del dumping en las exportaciones de la UE y EEUU, los países del Sur deben tener la libertad suficiente para apoyar y proteger a sus pequeños/as agricultores/as, permitiendo a su vez la persistencia de modelos agrícolas mucho más sostenibles que los impuestos por el mercado.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide la salida de la agricultura y la alimentación de la OMC.