El Ayuntamiento suspende en materia de ruidos

En recientes declaraciones el Sr. delegado de Medio Ambiente de Sanlúcar anunciaba que se tomarían medidas para solucionar el problema del ruido en la ciudad: se estaba elaborando una ordenanza municipal y se iba a aplicar la nueva ley de ruido. También se planteaban como otras medidas: una buena planificación urbanística y campañas de formación para los jóvenes.

Sin embargo, estas promesas son difícilmente creíbles. En primer lugar la legislación básica sobre ruido que actualmente está en vigor tienen ya 2 años (la ley del ruido -noviembre 2003- y el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía -diciembre 2003-). Ni son nuevos ni se cumplen mínimamente en Sanlúcar. El Reglamento Andaluz obliga a todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a contar con ordenanzas de ruido desde hace un año. Para facilitar la tarea a los ayuntamientos rezagados, la Junta aprobó hace año y medio una ordenanza tipo, a la que directamente se podían acoger los municipios. El de Sanlúcar ni se ha acogido a ella ni ha elaborado otra diferente. Pero en realidad la delegación de Medio Ambiente sí elaboró hace más de 3 años una ordenanza de ruido que, sin embargo, nunca llegó a aprobarse por decisión política.
Todo ello a pesar de que en el último estudio publicado sobre el ruido en poblaciones andaluzas de más de 50.000 habitantes, Sanlúcar aparece como una de las que sufren mayores niveles de contaminación acústica y que los límites máximos marcados para zonas residenciales y alrededores de centros educativos se superan de forma generalizada.

Otra prueba de la falta de voluntad del ayuntamiento para aplicar las normas sobre ruido es la denuncia que 8 asociaciones de vecinos del paseo marítimo (cansadas de pedir las cosas por las buenas) pusieron contra el ayuntamiento por no actuar en el control de los ruidos, procedentes de coches, motos y de concentraciones de jóvenes, que vienen padeciendo desde hace años. Hace tres meses el juzgado nº 3 de Cádiz dictó sentencia reconociendo el derecho fundamental de los ciudadanos a la intimidad, al descanso y a la salud, y condenando al ayuntamiento a actuar para el control de esos ruidos.

También los vecinos del patio de la Victoria vienen padeciendo desde hace unos 10 años, los fines de semana, un nivel de ruido intolerable, que lleva a la mayoría de ellos a tener que abandonar sus viviendas cada sábado, sin que el ayuntamiento tome la elemental medida de cerrar el patio en horario nocturno los fines de semana, para lo cual tiene competencias de sobra con la legislación actual. Por esta razón los vecinos, también hartos de pedir al ayuntamiento que cumpla con la ley, han denunciado judicialmente al ayuntamiento solicitando tanto el cierre del patio como daños y perjuicios.

No les va mejor a los vecinos de la asociación Brisa Jara que vienen denunciando desde hace años los ruidos de la fábrica de helados de la Ibense sin recibir contestación por parte del ayuntamiento. Ni siquiera la intervención del defensor del pueblo ha conseguido sacar de su mutismo al ayuntamiento que ha sido declarado entidad no colaboradora con el defensor del pueblo.