Contra las antenas de telefonía móvil en viviendas y colegios

En los últimos meses han surgido "como setas" numerosas antenas de telefonía móvil en las azoteas de viviendas. Nuestra preocupación surge tanto por el fondo de lo que se está haciendo como por la forma de hacerse.

Por una parte, por tratarse de unas instalaciones sobre las que existen ciertos estudios científicos que advierten de su posible riesgo para la salud, señalando como efectos adversos: cefaleas, insomnio, alteraciones del comportamiento, ansiedad, depresión, cáncer, leucemia infantil, alergias, abortos, enfermedad de Alzheimer, malformaciones congénitas, etc. Dichos efectos están en relación con la potencia de emisión recibida y con la duración de dicha exposición, y es de tener en cuenta que la radiación electromagnética atraviesa las paredes, por lo que el único "resguardo" es mantener una distancia adecuada.

Aunque también existen otros estudios que propugnan su inocuidad, nos encontramos con una situación repetida en numerosos casos: La industria y la Administración obvian los estudios en contra, y se admite su instalación, hasta que las pruebas de su perniciosidad sean tan abrumadoras, que se opte por su retirada.

Lo sensato sería aplicar el principio de la precaución, de manera que cuando hay ciertas sospechas de su peligrosidad, no se admita la instalación o uso, en tanto no se demuestre fehacientemente su inocuidad.

Por otra parte, nos preocupa también el modo en que se está procediendo a su instalación, aprovechando un cierto vacío normativo, que deja sin delimitar claramente las responsabilidades de las diferentes Administraciones (local, autonómica y estatal). Además, con el apetitoso ingreso que les supone a las comunidades de vecinos el alquiler de sus azoteas, unido a la nula información que los ciudadanos poseen sobre sus posibles efectos, las compañías de telefonía móvil encuentran mínimas reticencias a su instalación.

Son también criticables algunos términos de los contratos que ofrecen a las comunidades de vecinos, ya que están realizados en unas condiciones de superioridad por parte de la empresa, destacándose la alta duración del contrato (20 ó 25 años), el que sólo tenga posibilidad de rescindirlo de forma unilateral la empresa antes de ese plazo. Como se puede ver, más que un contrato de igual a igual es una claudicación de los derechos de la comunidad, a cambio de un dinero.

También es de destacar el riesgo que supone para el propio edificio y para los viandantes la instalación de unos elementos de pueden pesar entre 3 y 10 toneladas.

POR LO EXPUESTO, SOLICITAMOS AL AYTO DE SAN ROQUE QUE ENCUENTRE UNA SOLUCIÓN PARA LOS VECINOS DE CAMPAMENTO Y OTROS DEL TÉRMINO MUNICIPAL.