Balance de la gestión de la Junta tras un año del traspaso de la CHS

Tras el primer año del traspaso de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía, Ecologistas en Acción hace un primer balance sobre las luces y sombras de la actual política de aguas de la administración andaluza y poner de relieve los principales logros,
los problemas que no se han afrontado y los que deben ser subsanados, máxime cuando se acaba de crear la Demarcación Atlántica Andaluza con el resto de cuencas ntracomunitarias.

Con el telón de fondo de la Directiva Marco de Agua y la referencia social, científica y técnica de la Nueva Cultura del Agua se han puesto en
marcha algunos mecanismos de participación entre los distintos agentes sociales, económicos y administrativos sobre la realidad del agua en
Andalucía. Pese a ello, los grupos ambientalistas seguimos marginados en el comité de Cuenca, donde siguen teniendo preponderancia
agricultores y el sector eléctrico. La información medioambiental empieza a gozar de mayor transparencia y es notoria la gran cantidad de
datos disponibles para el ciudadano, sobre todo en las distintas páginas webs.

A grandes rasgos la gestión se ha caracterizado por una falta de previsión y debilidad a la hora de tomar decisiones importantes,
trascendentales, que implican a sectores como la agricultura o el golf. Dicho talante ha quedado en evidencia en un año marcado por la sequía
más intensa que se conoce, en el que la Consejería de Medio Ambiente, de manera extremadamente tardía, sacó una campaña de ahorro de
agua a finales de julio, aprobó el Decreto de la Sequía a principios de noviembre y formó el Comité de Gestión de Sequías antes de navidad.
Aunque durante todo este año haya habido diversos encuentros, reuniones y foros, el balance positivo de la participación y el dialogo no ha
tenido contraprestación con la languidez institucional, patentado más una apuesta por la propaganda política que por afrontar las dificultades
de llevar a la práctica una Nueva (y real) Cultura del Agua.

El Decreto de la Sequía para la Costa del Sol, Málaga y la Contraviesa tiene un número importante de puntos débiles, como son la
desprotección institucionalizada de los ecosistemas acuáticos, la falta de medios para garantizar la vigilancia y el control sobre ríos y acuíferos
y la permisividad absoluta con el golf, que tiene la posibilidad de regar con agua “no potable”.

Los criterios de racionalidad y control de la demanda, que constituyen el armazón de los discursos institucionales, se ceban sobre la agricultura
e ignoran por completo al golf y el urbanismo, los sectores con mayor impacto y capacidad de transformación territorial, ambiental y paisajística
en relación con los consumos de agua. ¿No se plantean dichos criterios de racionalidad para la demanda potencial de agua de los cerca de
300 nuevos campos de golf y sus miles de viviendas anexas planteados en Andalucía? ¿No hay evaluación de los recursos necesarios para
abastecer los disparatados PGOUs del litoral mediterráneo?

Durante todo este año desde Ecologistas en Acción hemos venido reclamando una posición fuerte a la administración ante el golf y el
urbanismo, dos sectores ampliamente emergentes y estrechamente relacionados que abanderan el crecimiento de la demanda de agua. En
todo este tiempo no se ha clausurado ninguno de los pozos ilegales en los campos de golf que hemos denunciado y el fantasma de riego con
agua potable en algunas instalaciones ronda por la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar. Tampoco se ha paralizado ningún PGOU por no
disponer de agua para sus nuevas viviendas.

La depuración de las aguas sigue siendo una de las grandes tareas pendientes. La futura Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua en
Andalucía puede suponer el empuje definitivo para solventar el déficit de depuración que está mermando nuestros ecosistemas acuáticos. Es
novedoso la creación de un impuesto del agua que aplica el principio de “el que contamina paga”, pero es bochornoso que la agricultura sea
de partida declarada como actividad no contaminante hasta que se demuestre lo contrario, cuando lo datos y los ejemplos demuestran
objetivamente lo contrario (2.074.000 habitantes en 135 municipios cuyos abastecimientos están potencialmente afectados por los productos
usados en el olivar).

Con el traspaso de las cuencas del Guadalete, el Barbate, el Tinto, el Odiel y el Piedras, la Junta de Andalucía pasa a tener más de un millón y
medio de nuevos consumidores, y sectores económicos, como la agricultura y el golf, que siguen reclamando más agua para satisfacer
intereses privados.

Desde Ecologistas en Acción, ante el panorama que se avecina este año con la dura sequía, solicitamos a la Junta de Andalucía que convoque
de inmediato al Consejo de Agua de las cuencas traspasadas para dar cuenta de las medidas que se van a tomar y no recaer en la
precipitación y falta de previsión con la que han actuado en la Demarcación Mediterránea. Es necesario abrir un profundo debate económico y
social sobre el límite hídrico del modelo de desarrollo. La Agencia Andaluza del Agua debe empezar a imponer los criterios de racionalidad,
eficiencia, ahorro y control de la demanda a todos, no sólo a los agricultores y los consumidores domésticos, la Nueva Cultura del Agua
también es para el golf y el urbanismo.