El agua en La Mancha: una huída hacia adelante

Desde que en los años setenta se inició la sobreexplotación de los acuíferos manchegos, la actitud de las administraciones públicas frente al más grave problema ambiental, económico y social de la región ha sido la de una continua e irreflexiva huida hacia adelante. En todo momento se ha querido evitar, por un lado, enfrentarse al fuerte grupo de presión que constituyen las organizaciones sindicales agrarias, concretamente ASAJA, y, por otro, adoptar medidas que incidan en el fondo del problema.

De este modo, durante años, nuestros gobernantes (en Toledo y Madrid), se han instalado en una especie de esquizofrenia permanente que les lleva a defender al mismo tiempo posturas o planteamientos diametralmente opuestos, atentos siempre al exquisito cumplimiento del conservador laissez faire y al populismo a ultranza, convertido en práctica habitual del quehacer político por el anterior presidente regional, José Bono.

Durante años, la expansión del regadío ha constituido la principal, por no decir la única propuesta electoral que el Gobierno regional ha sabido hacer a los agricultores manchegos, lo que nos ha conducido a la crítica situación en que actualmente nos encontramos.

El descontrol y total ausencia de planificación u ordenación de la actividad agraria, ha traído consigo la sobreexplotación y el deterioro de los escasos -aunque inicialmente suficientes- recursos hídricos de que disponíamos. Con ello, la zona húmeda manchega y el enorme potencial económico y científico que posee ha visto reducirse su superficie año tras año, mientras se producían miles de toneladas de excedentes cuyo mantenimiento generaba a su vez un ingente gasto público.

Los intentos de solución aplicados han supuesto, a menudo, la adopción de medidas contradictorias. A aquéllas dirigidas a la reducción del regadío, como el Plan de Compensación de Rentas, siguen más ampliaciones de las superficies a regar, el enorme incremento del viñedo en espaldera o, últimamente, la promoción de proyectos de campos de golf, ligados a la especulación urbanística, a los que alegremente se declara de interés singular.

Desde esta postura irresponsable y demagógica, torpe y populista, la Junta de Comunidades, que con toda justicia se opone al trasvase Tajo-Segura, promueve, apoya y reclama un nuevo trasvase desde éste a la llanura manchega con el falso pretexto de atender las necesidades de abastecimiento de las poblaciones, pero dejando caer bajo cuerda que el mismo solucionará los problemas de sequía de los agricultores, quienes ante esta “buena nueva” y animados por sus sindicatos, no quieren saber nada de reordenación o reconversiones; tan sólo quieren más agua para seguir adelante en una carrera perdida de antemano y mantenida a costa del erario público.

El último episodio, de momento, de esta esperpéntica aventura que nos conduce a la ruina, lo encontramos en el rechazo suscitado por algunas sentencias de cierre de pozos ilegales, encabezada por las centrales agrarias -en parte responsables del problema al animar a sus asociados a “tirar para adelante que aquí no pasa nada”- y, para colmo del absurdo, del propio Gobierno regional, que exige, ni más ni menos, que no se cumplan sentencias judiciales, y pide la dimisión de funcionarios de los que se pretende que incurran en delito de prevaricación.

Ahora todo se cifra en la redacción y aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana, el cual mucho nos tememos que, lejos de constituir una verdadera ordenación de los usos del agua en nuestra región y, por consiguiente, del sector agrario, se quiere convertir en más de lo mismo, pues en ningún momento se habla de reducir consumos y sí de traer agua de fuera. ¿Qué clase de ordenación se pretende, si no se acepta siquiera que habría que empezar por cerrar los miles de pozos ilegales existentes?, ¿si se parte de la premisa de que hay que buscar nuevos abastecimientos fuera de la cuenca, contradiciendo con ello lo establecido en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, y reconociendo implícitamente nuestra incapacidad de autorregulación y autonomía?

Mientras nuestros responsables políticos y sindicales contemplen el problema hídrico de nuestra región exclusivamente en clave electoral o de mantenimiento de prerrogativas, este problema no tendrá solución. Los mismos gobernantes y dirigentes agrarios que hace años crearon el problema son los que hoy en día continúan manejando el destino de la agricultura y del agua en nuestra tierra.

Personas concretas, con nombres y apellidos, que nunca tendrán que asumir responsabilidades políticas, ni mucho menos económicas, por el desaguisado que crearon, y que se niegan a afrontar seriamente el problema si ello hace peligrar su situación de privilegio personal o de grupo.