Agua, sequía y agricultura

La política del agua en nuestro país está cambiando a bien, lentamente, pero a bien, pese a quien le pese. La vieja política de la subvención pública de las grandes obras en aras del interés general caducó hace tiempo, aunque hasta la derogación del trasvase del Ebro no tomó cuerpo. Mientras tanto, al igual que la fruta que desde que madura se va pasando de fecha hasta podrirse, las ideas originales, basadas en solucionar los problemas de abastecimiento, hambrunas en la población, generar energía hidroeléctrica y desarrollar el campo, han acabado en la subvención de los usos de actividades económicas de interés particular y obras hidráulicas económica, social y ambientalmente inviables (La Breña II, Melonares...). El resultado de esta política encaminada a gestionar las obras y no el recurso, es decir, en hacer pantanos y canales en vez de preocuparse por hacer un uso racional y correcto del agua que se embalsa y reparte, ha quedado plasmado en la red de embalses más grande del mundo, que no ha sido capaz de solucionar ni los problemas de abastecimiento en muchos municipios, ni satisfacer la demanda de la agricultura.

En la actualidad, el final de la susodicha política lo hemos pagado caro en términos ecológicos, sociales y culturales si observamos el pírrico estado de conservación de los ecosistemas fluviales, el bajo rendimiento en relación con el valor añadido, el empleo y el desfasado volumen de agua que necesitan algunos cultivos de regadío, y el estado de la calidad de las masas de aguas superficiales y subterráneas, cuyo frágil equilibrio se ve en muchos lugares alterado por la contaminación difusa y los vertidos.

La política del agua está cambiando lentamente en nuestro país, gracias a la asunción por parte de las distintas administraciones de las ideas que hemos venido difundiendo distintos colectivos ciudadanos, movimientos sociales, científicos..., agrupados bajo las siglas de la Nueva Cultura del Agua, y también gracias a la necesidad imperiosa de adaptarnos a la Directiva Marco de Aguas. La sociedad está entendiendo el agua como fuente de vida que necesita recuperar, proteger y conservar, frente al agua como bien comercial. Está pasando de concebir los ríos como un canal de H2O en estado químico aceptable, a los ríos como importantísimos ecosistemas. Asume que todos tenemos derecho a participar en las decisiones relacionadas con la política del agua, frente a aquellos sectores históricamente privilegiados que ansían mantener sus estructuras predemocráticas de decisión y representación. Sectores que insisten en la financiación pública de las obras hidráulicas, pese a que se está comprendiendo que dichas obras sólo se llevarán a cabo si son viables desde el punto de vista ambiental, social y económico, y siempre recuperando la inversión realizada.

Ahora nos encontramos en la transición hacia una nueva forma más acorde y racional de concebir y gestionar el agua, fase que no acabará hasta que se haya elaborado una nueva ley de aguas, un nuevo plan hidrológico nacional y los respectivos planes de cuenca. Y es curioso que el inicio de esta transición haya venido marcado por un año hidrológico tremendamente seco.

Hasta la fecha reina la calma, la cordialidad y la disposición a asumir los cambios, algo inaudito cuando nos sentamos en la misma mesa ecologistas, regantes y empresarios. Pero, aunque asistiendo a un apoyo generalizado por parte de todos los agentes, no podemos dejar de criticar las últimas exigencias públicas de organizaciones agrarias decimonónicas y algunas comunidades de regantes, que siguen con la misma cantinela que hace treinta años, pidiendo más agua, sabiendo que ya no existe esa posibilidad.

El problema de la sequía es de todos, y como tal, nadie puede eludir su responsabilidad, especialmente los que más gastan. El mayor consumidor de agua es el sector agrario, con el 80% del total, y de todo el agua que consume hay un importante volumen empleado en el riego de cientos de miles de hectáreas de manera poco eficiente o en cultivos que generan pingües beneficios. Es el caso de miles de hectáreas de cultivos como el arroz, el trigo o el girasol, que necesitan entre 400.000 y 700.000 m3/UTA para generar un empleo agrario adicional en relación al cultivo de secano, y que constituyen a la vez los cultivos más subvencionados. El olivar, junto a la vid y el trigo, en los tres cultivos típicos de secano del mediterráneo, está siendo puesto en riego en amplias zonas de Andalucía, aumentando la tensión de los recursos hídricos, y haciendo en múltiples casos un uso ilegal, irracional e ilegítimo de las aguas subterráneas, como ocurre en varios puntos de Jaén, donde las prospecciones cuasi petrolíferas están esquilmando acuíferos y acabando con las fuentes. Otra de las cuestiones a tratar es el precio irrisorio del agua en la agricultura, ajeno a los problemas ambientales que ésta genera. El sistema de tarifas que se aplica al precio del agua en el campo puede ser una herramienta muy eficaz para aumentar la eficiencia, el ahorro y la reducción en los regadíos. Los agricultores pagan el agua en función de la superficie de riego y no del volumen que consumen, cuando debe ser al revés. Hay que gravar los cultivos derrochadores de agua y que generan poco valor añadido, y se debe incentivar con precios más bajos a la agricultura ecológica, a fin de conseguir reducir los problemas ambientales asociados a la contaminación difusa por abonos y pesticidas y la erosión que colmata los pantanos, que además reduce la cantidad de agua disponible.




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