Las numerosas irregularidades en la tramitación del proyecto de reforma y ampliación de la M-30 han obligado a Ecologistas en Acción a emprender actuaciones legales contra el mismo. Tras la admisión a trámite del recurso, la organización ecologista ultima los términos de su demanda contencioso administrativa contra los proyectos de los tramos comprendidos entre Marqués de Monistrol y la Glorieta de San Vicente, aprobados en enero de 2005.

Tras ser ignoradas por el Ayuntamiento las alegaciones presentadas a los diferentes proyectos de la M-30 por Ecologistas en Acción deasí como aquellas elaboradas por otro gran número de colectivos integrados en la Plataforma M-30 No Más Coches-, y tras ver desestimado también su recurso ante el mismo Ayuntamiento de Madrid, se interpuso un recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de Madrid contra la aprobación de los proyectos de Soterramiento del viario en todo su tramo en que discurre paralelo al Río Manzanares. Este recurso ha sido admitido a trámite.

Las irregularidades denunciadas van desde la fragmentación de un proyecto único de reforma de la M-30 en varios proyectos, hasta la vulneración de la vigente legislación autonómica, estatal y europea en materia de evaluación de impacto ambiental. Esta normativa, que exige la realización de un conjunto de estudios para minimizar las posibles afecciones ambientales en un procedimiento participativo, ha sido torticeramente sorteada con el burdo argumento de que la M-30 no es una carretera, sino una “vía urbana”.

Hay que recordar que eludir la realización de la evaluación de impacto ambiental no es una cuestión menor. Efectivamente, una adecuada evaluación de este tipo exige plantear diferentes alternativas al proyecto, para elegir aquellas que sean más beneficiosas -o menos problemáticas- después de su detallado estudio; por el contrario, el proyecto actual no es más que un trágala sin opciones posibles.

Por otro lado, la evaluación ambiental recoge mecanismos para la participación de los ciudadanos, agentes sociales y organismos implicados en la gestión del territorio y del patrimonio (cuenca hidrográfica, patrimonio histórico-artístico, medio natural, etc.). Una adecuada evaluación previa permite una coordinación en la ejecución de las obras sin las improvisaciones y continuos cambios en el proyecto, a menudo sobre la marcha, que tienen las actuales, con sus secuelas de daños a la vegetación, al río, a los monumentos y patrimonio histórico y, muy especialmente, a los ciudadanos que se encuentran en una clara situación de indefensión ante la prepotencia del Ayuntamiento.

Además, el soterramiento atraviesa una de las zonas arqueológicas más ricas del centro peninsular, objeto de protección por parte de la Comunidad de Madrid a fin de preservar los yacimientos en tanto se desarrolla la tecnología necesaria para poder estudiarlos adecuadamente. Precisamente esta zona será atravesada por las grandes tuneladoras adquiridas por el Ayuntamiento. Tras su paso es claro que poco quedará digno de estudio.

Una vez admitido a trámite su recurso, el Juzgado ha emplazado a Ecologistas en Acción a que presente su demanda en dos semanas, por lo que los abogados encargados del asunto están ultimando los términos de aquella a fin de poner de manifiesto las ilegalidades en que se ha incurrido en la aprobación del proyecto.

Del mismo modo, la organización ecologista confía en poder exponer sus argumentos directamente a los parlamentarios europeos que acudan a evaluar las obras de la M-30 que acomete el Ayuntamiento, ya que el próximo 25 de enero la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidirá si se realiza esta visita.