En la mañana de ayer ha tenido lugar el juicio contra cuatro miembros de Ecologistas en Acción de El Puerto por supuestas injurias a la empresa APEMSA, responsable de la gestión del agua en el municipio de El Puerto. Esta empresa se querelló contra los ecologistas por haber difundido unas analíticas realizadas por la Consejería de Medio Ambiente en las que se constataba el deficiente funcionamiento de la depuradora y los vertidos a la Bahía de Cádiz de aguas con niveles de contaminación superior a los máximos permitidos por la legislación vigente.

Todos los peritos que han participado en el juicio (un catedrático de química de la Universidad de Cádiz, un catedrático de química de Enseñanza Secundaria y un licenciado en Ciencias del Mar y consultor ambiental) han corroborado que esas analíticas demuestran que las aguas vertidas al mar superaban los parámetros de contaminación legalmente establecidos. Los testigos (el Secretario de la Delegación de la CMA, el Jefe de Departamento de Salud Ambiental de la Consejería de Salud y un concejal de IU), han corroborado, cada uno en su ámbito, que las analíticas las había realizado la Junta, que no las hemos manipulado como aseguraba APEMSA, que las playas se cerraron por los vertidos contaminantes de la depuradora, y que existían numerosas denuncias por el mal funcionamiento de la depuradora, y no sólo de los ecologistas. El abogado de la empresa no ha sabido responder a estos testimonios y sólo ha intentado que no declararan argumentando que sus testimonios nada tenían que ver con la querella; el juez no ha admitido esta petición. Como hecho curioso el abogado argumentó al secretario de la CMA que la normativa legal (Decreto 509/1996) no era de aplicación en El Puerto porque no tienen autorización de vertido, lo que fue desmentido por dicho responsable. Es decir, como no tienen autorización de vertido defienden que no les pueden controlar los vertidos ni aplicar la legislación al respecto.

Francisco Pérez Sánchez, Consejero Delegado de APEMSA, ha sido el único representante de la empresa que ha asistido, y lo ha hecho a petición nuestra (no ha ido ningún representante político de los querellantes -IP y PSOE-, ni ningún técnico de APEMSA). Pérez Sánchez ha hecho el ridículo, desconociendo normativas legales y asegurando que habíamos hecho un daño a la imagen de la empresa con nuestras denuncias. El juez le pregunto que si habían cuantificado ese daño, y dijo que no había habido perjuicio económico, y entonces le preguntó que por qué pedían indemnización, respondiendo este individuo que eso era cosa del abogado.

En definitiva hemos defendido con argumentos contundentes nuestra actuación y hemos dejado claro que los ecologistas actuamos en defensa del interés público, que los ciudadanos tienen derecho a conocer el funcionamiento de una instalación pública como es la depuradora municipal, y que esta denuncia es un intento de amordazar a un grupo social crítico con la actuación del Ayuntamiento en la gestión del agua.

En unos diez días tendremos la sentencia. Somos optimistas.