Cierre judicial del aparcamiento de Plaza España en Valladolid

Tras la sentencia judicial que ordena al Alcalde la clausura, Ecologistas en Acción exige evaluar el impacto ambiental del aparcamiento de Plaza España.

El cierre se prolongará al menos hasta que el Ayuntamiento se autoconceda las preceptivas licencia ambiental y de apertura, previo informe favorable de la Junta de Castilla y León.

Doce años después de iniciarse, la polémica judicial sobre el aparcamiento subterráneo de la Plaza de España ha desembocado en su cierre. Por auto de 8 de julio de 2004, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ordena al Alcalde de Valladolid el cierre inmediato del aparcamiento rotatorio, en ejecución de la sentencia de 16 de enero de 2003 del mismo Tribunal que anuló la apertura del aparcamiento, ejecución solicitada por Ecologistas en Acción el 20 de mayo de 2003.

La sentencia de 16 de enero de 2003 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anuló a instancias de la asociación ecologista el Decreto del Alcalde de Valladolid de 26 de junio de 1996 en el que se autoriza la apertura del aparcamiento de la Plaza de España por carecer de autorización de construcción, vulnerar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Actividades Clasificadas e incumplir la legalidad vigente en cuanto a accesos para discapacitados y dimensiones mínimas de las plazas Esta sentencia dio continuidad a sendos pronunciamientos previos del Tribunal Supremo que confirmaban asimismo la anulación de la autorización de la construcción del aparcamiento (sentencia de 2002) y la modificación del PGOU de Valladolid para permitir al Pleno municipal aprobar sin más cualquier aparcamiento subterráneo en la ciudad (sentencia de 1997).

A pesar del rosario de pronunciamientos judiciales sobre la ilegalidad del aparcamiento en cuestión, ante la sentencia de enero de 2003 el Ayuntamiento de la ciudad intentó burlar la ejecución de la misma con una maniobra que consistió en primer término en la aprobación por el pleno municipal el 2 de abril de 2003 del mismo proyecto de aparcamiento anulado por el Tribunal Supremo, y posteriormente en la autorización de puesta en marcha al aparcamiento otorgada por la Comisión de Gobierno con fecha 20 de junio de 2003.

Más de un año después de aquel subterfugio, el TSJ establece que el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de junio de 2003 por el que se autoriza la puesta en marcha del aparcamiento "es nulo de pleno derecho porque se dicta con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia que se pretende ejecutar al venir a ser un acto similar al anulado por la sentencia de 16 de enero de 2003 en cuanto autoriza la puesta en funcionamiento del aparcamiento sin que se haya tramitado en forma y otorgado la licencia de actividad y sin que se hubieran ejecutado las obras determinadas".

El Tribunal advierte de que "el Ayuntamiento tiene pleno conocimiento de que no se han ejecutado las obras que ordenó, no obstante lo cual con clara infracción de los preceptos citados y de lo dispuesto en la sentencia se autorizó la puesta en funcionamiento del aparcamiento", señalando un indicio de prevaricación en la actuación de las autoridades municipales. Por ello, el Tribunal vuelve a apreciar temeridad en el comportamiento del Ayuntamiento de Valladolid, por lo que le impone las costas del proceso.

Para poder reabrir el aparcamiento de la Plaza de España, el Ayuntamiento de Valladolid deberá presentar un nuevo proyecto junto a los informes medioambientales y urbanísticos exigidos por la normativa vigente, entre los que el auto del TSJ cita expresamente un estudio de tráfico que justifique la contribución del nuevo aparcamiento a la mejora de la movilidad general y sendos estudios del impacto del proyecto en cuanto a emisión de ruidos y emisiones a la atmósfera. En todo caso, la Comisión Territorial de Prevención Ambiental debe informar favorablemente el proyecto, que será sometido a información pública durante 20 días.

Ecologistas en Acción recuerda que también está recurrido el aparcamiento de la Plaza de Zorrilla, que tampoco cuenta con licencia ambiental y adolece de carencias aún más graves que el de la Plaza de España.