Sospechas sobre una gigantesca malversación de fondos públicos

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de El Puerto información sobre el uso que se le ha dado a los terrenos municipales y el destino de los fondos obtenidos por la enajenación de gran parte del patrimonio público. Según la legislación vigente los suelos municipales tienen que estar inscritos en el Patrimonio Municipal de Suelo (PSM) cuyo destino debe ser exclusivamente la construcción de vivienda protegida y para equipamientos públicos. En caso de enajenarse, los recursos obtenidos deben ir a la adquisición de nuevo patrimonio de suelo o al mantenimiento del existente, nunca puede utilizarse para otros fines.

El Ayuntamiento de El Puerto -bajo el gobierno de IP y, en periodos, en colación con el PSOE- ha dilapidado la mayor parte del Patrimonio Público de Suelo, vendiéndolo a empresas privadas a bajo coste para usos que en nada tienen que ver con lo dispuesto en la legislación vigente.

Entre otras, ha vendido las siguientes propiedades municipales:
- Viña Rango (1.546.000 m2), destinado a campo de golf y urbanización de lujo
- Valdelagrana (270.000 m2) destinado a chalets y adosados.
- El Juncal (190.000 m2) destinado a pisos. Es el único caso que se ha construido viviendas de protección oficial, aunque el Ayuntamiento modificó el PGOU para permitir también viviendas de venta libre.
- Sierra de San Cristóbal (240.000 m2), destinada a Sistema General de Espacios Libres.
- La Isleta (120.000 m2) destinado a grandes superficies comerciales.
- Salinas de San José (375.000 m2, parcialmente propiedad municipal), destinado a polígono industrial.
- Salinas de Levante (645.000 m2), destinado a polígono industrial.
- Salinas de Poniente (1.600.000 m2), destinado a polígono industrial, en trámite de venta.

O sea, el Ayuntamiento ha vendido más de tres millones de metros cuadrados de suelo público, y está en trámite de vender otro millón seiscientos mil metros cuadrados, unas veces directamente, otras utilizando empresas municipales.

Ecologistas en Acción va a exigir que se haga pública esta información y anuncia que, de confirmarse estas ilegalidades, recurrirá a los tribunales para exigir responsabilidades penales.




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