Ecologistas en Acción afirma que el expediente de la Comisión Europea es sólo el primero de una larga serie de varapalos políticos y jurídicos que va a sufrir esta obra, realizada de forma ilegal, despilfarradora, prepotente y electoralista.

Acaba de conocerse que la Comisión Europea ha abierto un expediente a España por las realización de las obras de la M-30 sin evaluación de impacto ambiental previa, lo que claramente vulnera la legislación ambiental europea, como repetidamente ha venido denunciando esta asociación ecologista.

No es de recibo que el Ayuntamiento afirme que la obra de ampliación de la M-30 es “el proyecto más grande e importante que se está realizando en una ciudad europea” y a la vez trate de convencernos de que no tiene la entidad suficiente para ser sometida a evaluación de impacto ambiental.

Pero después de este primer varapalo van a llegar más. Probablemente el siguiente será la próxima visita de una comisión de europarlamentarios a inspeccionar la legalidad de las obras, aún sin concretar la fecha, aunque se espera que sea en un plazo inferior a los dos meses.

Además, la obra está pendiente de un recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción, que precisamente se basa en el mismo argumento que ha motivado a Bruselas a abrir este expediente. Además de la no existencia de evaluación de impacto ambiental, el recurso también denuncia el incumplimiento de la legislación de protección del patrimonio histórico.

Como era de esperar, el alcalde, experto en modificar la realidad a su conveniencia, acaba de declarar que el expediente es una buena noticia “porque permitirá un debate jurídico”, al tiempo que deja claro que no va a paralizar las obras. No es de extrañar que sea así: Ruiz-Gallardón ha puesto sus intereses electorales por encima del derecho de los madrileños a un medio ambiente sano, a un aire limpio, a una ciudad con menos coches, a unos presupuestos que den importancia a las necesidades sociales y que no hipotequen nuestro futuro durante dos generaciones.

Ecologistas en Acción, ante este expediente y los futuros procedimientos de infracción que con seguridad llegarán, exige una paralización inmediata de las obras, la apertura de un debate ciudadano sobre las mismas y su reconducción ajustándose a la legalidad.

Al mismo tiempo, Ecologistas en Acción exige a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Fiscalía de Medio Ambiente que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta la fecha, cumplan con sus obligaciones de salvaguardar el marco legal que protege a los ciudadanos de los abusos de poder en materia de salud pública y medio ambiente. No es de recibo que, con tantas autoridades ambientales, sea una institución europea la que haga valer los derechos de los ciudadanos y del medio ambiente.