Expediente sancionador por la celebración del aniversario del Prestige

El pasado día 19 de noviembre, con motivo del aniversario de la catástrofe del Prestige, se celebró en la plaza de la Constitución de la ciudad de Salamanca una cacerolada pacífica de protesta contra la actuación del gobierno del Partido Popular en esta desgracia. El acto se desarrolló, como todos en los que interviene de alguna manera Ecologistas en Acción, y no podría ser de otra forma en una organización no sólo pacifista sino además pacífica, sin ningún tipo de incidentes, verdadero ejercicio de civismo y de responsabilidad social. Sin embargo la Subdelegación del Gobierno ha notificado personalmente a tres militantes de la organización ecologista la imposición a cada uno de ellos de una multa de 300 € con la disculpa de que dicho acto no había sido comunicado previamente, señalándoles como "promotores u organizadores".

Sin embargo no es casual que recientemente se haya hecho público una resolución judicial, que anula la actuación especulativa y presuntamente al margen de la legalidad del Partido Popular en el Ayuntamiento de Salamanca, amparado por la Junta de Castilla y León, en relación con las transferencias de edificabilidad, y la apertura de estos expedientes. Así el inicio del proceso sancionador, abierto a instancias de la Subdelegación, se produce el día 11 de diciembre, cinco días después de la comunicación a las partes del mencionado Auto y casi un mes después de la celebración de la cacerolada, pero al mismo tiempo de que destacados simpatizantes del Partido Popular manifestasen públicamente "que algo había que hacer con los ecologistas". Es decir, que el Subdelegado del Gobierno en Salamanca se ha convertido, una vez más, en un instrumento del partido en el poder al que debe su cargo actuando en la práctica como un auténtico comisario político.

Al movimiento ecologista salmantino le avala una trayectoria intachable de lucha democrática y de respeto escrupuloso por la legislación vigente, legislación que reiteradamente se ve obligada, a través de distintas vías, a que sea cumplida por quienes debían ser sus máximos valedores, las Administraciones Públicas. Lo que no puede asumir bajo ningún concepto el ecologismo salmantino, ni la sociedad entera, es la arbitrariedad con la que se aplican determinadas leyes, o el hecho de que algunas de ellas mantengan como principio básico el de la "presunción de culpabilidad". En un proceso absolutamente irregular, que nace de la misma artificialidad del expediente, resulta paradójico que se pretenda responsabilizar personalmente a tres compañeros por un acto pacífico colectivo cuando asistimos a diario a la impunidad con la que actúan representantes legales de sociedades mercantiles -S.A. y S.L- cuyos presidentes y administradores no responden con su patrimonio personal, enriquecido cada vez que sus empresas quiebran dejando millonarias deudas sin pagar, como ha sido el caso del Prestige. Tenemos una leyes de seguridad y orden público que persiguen arbitrariamente a las personas pacíficas mientras las leyes económicas eximen de responsabilidad a quienes estafan a la sociedad.

Sin embargo la apertura de expedientes sancionadores arbitrarios se está convirtiendo en un elemento rutinario por parte de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, que en próximas fechas las asociaciones y personas afectadas tratarán de manifestar, enmarcado dentro de la evidente merma de libertades y derechos cívicos que se viene produciendo de manera especialmente acusada durante la última legislatura de gobierno del Partido Popular.