1.000 firmas contra la planta de residuos peligrosos de Tarancón

Son muchas las preguntas que desde Ecologistas en Acción hemos realizado al Consistorio municipal de Tarancón sin que, con el paso de los meses, se haya contestado públicamente a ninguna de ellas:

¿Se realizará incineración de residuos o procesos similares? El proyecto la contempla -por ejemplo, “valorización energética de neumáticos”- y la Declaración de Impacto Ambiental no la prohíbe expresamente; además, los promotores han hablado ya en alguna ocasión de desorción térmica, que es una forma de incineración. En cualquier caso, esta instalación industrial prevé el tratamiento químico de residuos peligrosos, actividad que generaría emisiones gaseosas, en un área muy próxima al núcleo de población. La incineración de residuos tóxicos y peligrosos, a través de las emisiones de los gases, de las aguas residuales, de las cenizas, sales y de los restos de filtros y escorias, genera residuos tóxicos sin quemar, metales pesados y productos de nueva síntesis formados durante el proceso de incineración, como las citadas dioxinas. Las sustancias citadas afectan gravemente a la salud pública, por inhalación, y sobre todo por ingestión de alimentos contaminados debido a su carácter tóxico, persistente y bioacumulativo. Entre estos efectos destacan la depresión del sistema inmunitario, los daños en los sistemas nervioso, reproductor y endocrino, y la capacidad de causar cáncer. La población infantil es el sector de la población más sensible a estos efectos sobre la salud.

El proyecto técnico empresarial está incompleto en el expediente que obra en el Ayuntamiento: sólo existe de una de las fases empresariales, la de almacenamiento de residuos peligrosos y centro de transferencia. Sin embargo, en el propio objeto del proyecto se habla de “valorización, reciclado y reutilización de envases y residuos de envases que presenten alguna característica de peligrosidad o toxicidad” -como envases de medicamentos, fitosanitarios, pinturas, barnices y disolventes, cosmética, CFC’s, amiantos (procedentes de pastillas de frenos de vehículos fuera de uso), etc., un objeto mucho más amplio que el recogido en la primera fase. La Ley de Residuos considera residuos peligrosos a aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, “así como los recipientes y envases que los hayan contenido”. Por tanto, estamos ante un centro para el tratamiento de residuos peligrosos, a pesar de que desde un principio nos han intentado “vender” otra cosa.

La capacidad de almacenamiento del centro es enorme, entre 20.000 a 60.000 toneladas al año. Está diseñado un parque de 11 tanques para líquidos inflamables (a temperaturas de unos 20 grados, como por ejemplo hidrocarburos), corrosivos (ácidos) y nocivos, con un total de capacidad de 605 metros cúbicos; ya está prevista una ampliación de otros 9 tanques. A esto hay que añadir almacenamiento en bidones de otros 585 metros cúbicos de residuos peligrosos. En cuanto a tratamientos químicos de residuos peligrosos hay diseñada una depuradora por oxidación húmeda con peróxidos, con una capacidad de 2 metros cúbicos por hora.

Sobre los residuos que van a tratarse in situ (envases de medicamentos fuera de uso, de fitosanitarios, de pinturas, barnices y disolventes), no existe una relación pormenorizada de los mismos según la Lista Europea de Residuos; no hay un proyecto técnico al respecto, que describa los procesos de tratamiento.

Deficiencias de principio a fin: no existe un Plan de Emergencia que incluya a las industrias ya existentes en la zona.

Por si todo esto fuera poco, el Alcalde de Tarancón, Raúl Amores, tampoco nos ha respondido a otras cuestiones importantes:

¿Existe, como parece, alguna relación entre los promotores de este proyecto y los responsables de la empresa “Aceites Ecológicos de Arganda”?. Esta empresa fue denunciada en reiteradas ocasiones por el Ayuntamiento de Arganda, por verter los residuos que almacenaba al alcantarillado público, por malos olores, etc. El suelo donde se ubicaba fue declarado suelo contaminado por la Comunidad de Madrid y se ordenó el desmantelamiento de toda la instalación y la recuperación ambiental de la zona.

¿Se ha producido la venta del proyecto iniciado por Ecovalore al grupo empresarial TRADEBE? ¿Conocía el alcalde los términos de esta operación?

Tampoco, a nuestro juicio, se justifica que se permita esta instalación en suelo rústico, cuando el Ayuntamiento de Tarancón dispone de suficiente suelo para uso industrial.

Desde Ecologistas en Acción insistimos en que no se entiende que el Ayuntamiento de Tarancón no haya informado a la población sobre este proyecto, dadas las implicaciones negativas sobre el medio ambiente y sobre la salud que la Planta de Residuos Peligrosos acarreará. Si el Ayuntamiento sigue sin dar respuesta al gran número de taranconeros que nos respaldan, ya auguramos que D. Raúl Amores y su equipo de gobierno pagarán, en un futuro, un enorme coste político.