Cacerolada por la Libertad de Expresión

La Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha elevado a "propuesta de resolución", solicitando al Delegado del Gobierno en Castilla y León la imposición de multas de 300,51 €, los expedientes sancionadores incoados a tres ecologistas salmantinos como consecuencia de la celebración el pasado día 19 de noviembre, con motivo del aniversario de la catástrofe del Prestige, de una cacerolada pacífica de protesta contra la actuación del gobierno del Partido Popular en esta desgracia.

La argumentación de la Subdelegación del Gobierno es la participación en una concentración no comunicada atribuyendo a los tres expedientados el papel de "promotores u organizadores del acto" en función de: en uno de los casos por "portar una pancarta en la que se leía "Ni PPtroleros, Ni monoCASCOS, Ni FRAGAtas", ofreciendo una actitud destacada entre los concurrentes", en los otros dos casos por "considerar que la Comisaría de Policía ha confirmado que fue ud. visto hablando con los medios de comunicación presentes en el acto y que es uno de los dirigentes de los grupos ecologistas, razón suficiente para que, con arreglo a lo establecido pueda ser calificado como promotor u organizador de la concentración".

Ecologistas en Acción califica como vergonzantes las argumentaciones de la Subdelegación del Gobierno para justificar la apertura de los expedientes sancionadores ya que, a falta de otras incidencias, el acto, pacífico y colectivo, se desarrolló, como todos en los que interviene de alguna manera Ecologistas en Acción, sin ningún tipo de incidentes, se ven obligados a recurrir a cuestiones que afectan directamente a los derechos de libertad de expresión y de comunicación.

Ecologistas en Acción insiste en que no es casual que recientemente se haya hecho público una resolución judicial, que anula la actuación especulativa y presuntamente al margen de la legalidad del Partido Popular en el Ayuntamiento de Salamanca, amparado por la Junta de Castilla y León, en relación con las transferencias de edificabilidad, y la apertura de estos expedientes. Así el inicio del proceso sancionador, abierto a instancias de la Subdelegación, se produce el día 11 de diciembre, cinco días después de la comunicación a las partes del mencionado Auto y casi un mes después de la celebración de la cacerolada, pero al mismo tiempo de que destacados simpatizantes del Partido Popular manifestasen públicamente "que algo había que hacer con los ecologistas".

Finalmente Ecologistas en Acción rechaza la arbitrariedad con la que se aplican determinadas leyes, y el hecho de que algunas de ellas mantengan como principio básico el de la "presunción de culpabilidad" y denuncia que la apertura de expedientes sancionadores se está convirtiendo en un elemento rutinario, enmarcado dentro de la evidente merma de libertades y derechos cívicos que se viene produciendo de manera especialmente acusada durante la última legislatura de gobierno del Partido Popular.