Desbroces en el Corredor Verde del Guadiamar

Ecologistas en Acción ha denunciado ante al SEPRONA de la Guardia Civil el desbroce que EGMASA está realizando en el Corredor Verde del Guadiamar, eliminando la vegetación en cientos de hectáreas con maquinaria de 2 metros de anchura que arrasa con todo lo que se va encontrando, tras comprobar que la Consejería de Medio Ambiente no se da por aludida.

Ecologistas en Acción denunció el mes pasado a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente que el desbroce mecánico está eliminando buena parte de los nidos de las aves que nidifican en el suelo y matando un buen número de ejemplares jóvenes de aves y mamíferos que empiezan a recolonizar este espacio tras el vertido tóxico de Aznalcóllar.

El Guadiamar es Paisaje Protegido y el proyecto “Corredor Verde” tiene entre otros objetivos la restauración integral de la cuenca para permitir su función como Corredor Ecológico. Para Ecologistas en Acción el desbroce con maquinaria pesada es incompatible con los objetivos de restauración ecológica y supone un atentado hacia la conservación de especies protegidas y especies presa que imposibilitará la recuperación del Guadiamar como Corredor que conecte Doñana y Sierra Morena.

La eliminación de la vegetación que se pretende justificar por el peligro de incendio, está causando un perjuicio a las especies mayor que el que se quiere evitar.

Ecologistas en Acción ha recurrido a la denuncia al SEPRONA ya que la Consejería de Medio Ambiente no ha atendido las propuestas realizadas por el colectivo para que en lugar de realizar un desbroce indiscriminado con maquinaria pesada, se diseñaran áreas cortafuego mediante actuaciones de desbroce manual que permite que se eviten los nidos y da tiempo a que los ejemplares jóvenes se resguarden, a la vez que se genera más empleo.

Por lo que se solicita que se paralicen los trabajos de desbroce mediante maquinaria pesada y se obligue a la Consejería de Medio Ambiente a cumplir con lo que esa misma Consejería exige a otras actuaciones públicas o privadas en las que prohíbe expresamente la alteración de los suelos, entre los meses de marzo a junio, para preservar la fauna que se está reproduciendo en esos meses.