La instalación de una incineradora de residuos sólidos urbanos (RSU) en la Vall d'Alba, de 350.000 Tm/año, promovida por la Generalitat Valenciana, colapsaría nuestra atmósfera de partículas tóxicas en la provincia de Castellón y tendría graves consecuencias sobre la salud de la población. Ecologistes en Acció del País Valencià presentará ante la Dirección General de Calidad Ambiental (Conselleria de Territori i Habitatge) las oportunas alegaciones en contra de su construcción.

La reconocida presencia de la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana en la empresa promotora de la incineradora de la Vall d'Alba, a través de la empresa pública VAERSA, demuestra las verdaderas intenciones de la política del Partido Popular en el sector de residuos: «acabar» con el problema de las basuras de un «plumazo» utilizando para ello una primera INCINERADORA de RSU y asimilados en la provincia de Castellón, más concretamente en la localidad de la Vall d'Alba, suponiendo una auténtica traición al modelo de reutilización y reciclaje de nuestros residuos contemplado en el Plan Integral de Residuos de 1997 (PIR). Parece que también se están promoviendo desde la Conselleria de Territori otros proyectos similares en Zarra (Valencia) y en Alicante.

Semejante «apadrinamiento» oficial de un proyecto de esta envergadura y coste económico, sólo se explica por el total abandono en la búsqueda de soluciones reales, por no poner en marcha planes de reducción en origen del volumen de residuos, por no poner siquiera alguna planta experimental de compostaje en todos estos años: inversión económica cero para el tema de los residuos en todo el País Valenciano.

El ingente problema de la constante generación y acumulación de los RSU, servido en bandeja al sector privado a través de los Planes Zonales de Residuos en aplicación del PIR, se da en estos momentos por resuelto incinerando y ahora, eso si, con la colaboración e inversión pública multimillonaria. Invertir para minimizar, para educar, para desarrollar planes de aprovechamiento, de reutilización, de recogida selectiva de la materia orgánica, de compostación, de reciclaje, … no. Pero sí hay dinero público para defender, sostener y propiciar hornos crematorios para nuestros residuos, mediante el eufemismo de una Planta de Recuperación de Energía mediante la «valorización» de los rechazos. La incineración de residuos supone la destrucción térmica de unos recursos materiales que se deberían reciclar, lo que supondría una mayor recuperación de materias primas y un ahorro de energía.

Es oportuno aquí recordar que el Tribunal Europeo de Justicia establece en una sentencia sin precedentes que ese tipo de plantas son instalaciones de «eliminación» de residuos y nunca instalaciones de «recuperación», aunque se produzca una cierta recuperación de energía, tras la incineración de los residuos.

Para Ecologistes en Acció del País Valencià esta actuación oficial supone un paso más en una política errática y de absoluto desprecio a la participación de la ciudadanía en los procesos de reciclado respetuosos con el entorno. Todos los estudios científicos señalan a las incineradoras de residuos urbanos como las causantes del cada vez más elevado índice de dioxinas en la atmósfera y nuestro suelo, simplemente por los procesos de combustión de las basuras, causa de múltiples y graves enfermedades. La salud de los habitantes próximos a las instalaciones, así como del resto de la población, se vería afectada por la contaminación causada por la incineradora, ya que desprende inevitablemente diversos contaminantes, materia particulada (PM10, PM2,5), óxidos de nitrógeno y azufre, dioxinas, furanos, ácido clorhídrico y metales pesados como plomo, zinc, cadmio o mercurio.

Resulta grotesco y paradójico que el actual presidente de la empresa promotora de la incineradora de la Vall d'Alba, «Técnicas y Tratamientos energéticos de residuos S.A.», Rafael Blasco Castany, sea actualmente Conseller de Sanidad.

Los científicos de la Escuela de Salud Pública de Harvard en un reciente informe han descubierto que el peligro de muerte se incrementa, a los dos años de la exposición a los contaminantes por culpa de la polución, en un 32% entre los diabéticos, un 28% si se padece una obstrucción pulmonar crónica, hasta un 27% en quienes tienen algún fallo cardiaco y en torno al 22% si se padece alguna enfermedad inflamatoria, como la artritis reumatoide o el lupus. Extrapolando los datos, a largo plazo también la población general sobrevive menos tiempo. En España se estima que se producen 16.000 muertes prematuras al año debido a la contaminación atmosférica.

Actualmente, nuestro entorno se encuentra ya muy degradado y en Ecologistes en Acció no estamos por la tarea de apoyar semejante modelo de gestión de los residuos. La incineradora supone despilfarrar los recursos económicos de la Generalitat, facilitando un proyecto ambientalmente insostenible. Incentivar la incineración supone el olvido definitivo de las políticas de prevención, minimización y reciclaje de los residuos; las famosas RRR (tres Rs): reducción, reutilización y reciclaje.