Usted prohíba, que yo haré lo que quiera. Ésta parece haber sido la opinión de los dueños de la cantera de La Caldereta (La Oliva). El martes la Consejería de Medio Ambiente les precintaba la planta, y ayer estaban todos trabajando como si nada hubiera pasado.

El pasado martes, en ejecución de una sentencia que confirmaba una orden del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, agentes de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) precintaron y comunicaron a sus responsables la orden de suspensión de la actividad de explotación de cantera industrial en el lugar conocido como Espigón de los Rincones, en La Caldereta, término municipal de La Oliva.

Ben Magec-Ecologistas en Acción exige al Gobierno que tenga una respuesta fulminante a la ilegalidad de este empresario en La Oliva.

Según ha explicado la propia Consejería a través de una nota de prensa, estas actuaciones se realizaron para lograr la efectiva paralización y precinto de la señalada actividad, considerada fuera de la legalidad, y consecuente protección del medio ambiente.

La orden había sido dada por el consejero Domingo Berriel el pasado 1 de junio de 2006, después de que la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmara la suspensión dictada por este departamento, al no contar la explotación a cielo abierto con el obligatorio estudio de Impacto Ambiental de la actividad extractiva en la zona.

Sin embargo, y como se pudo comprobar, los empleados de la explotación estuvieron trabajando ayer con toda normalidad ajenos a esta suspensión decretada. Los carteles colocados por los agentes advirtiendo de la clausura habían sido retirados, la cinta de seguridad rota, y varios camiones cargaban y descargaban material mientras la machacadora trabajaba a pleno rendimiento.

Un hecho que ha sido comprobado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, cuyos agentes han levantado acta de la infracción, pues el no cumplimiento de la orden de cierre es sancionable.