Denuncias en el primer semestre en Córdoba

Ecologistas en Acción de Córdoba ha presentado ante las diferentes Administraciones Públicas más de veinticinco denuncias y comunicaciones en el primer semestre del presente año.

Las denuncias y comunicaciones presentadas ante las diferentes Administraciones con competencia en materia ambiental, urbanística y de protección y de bienestar ambiental en el primer semestre del 2004 se elevan a más de veinticinco. Quedan excluidas las peticiones de información en materia de medio ambiente (7) y las numerosas alegaciones elaboradas a distintos proyectos tanto de iniciativa pública como privada.

Como se indicaba, son más de 25 las denuncias presentadas en el periodo enero/junio del 2004.

Más de la mitad de las denuncias se presentaron en la delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba. El resto se repartieron entre el SEPRONA de la Guardia Civil, Policía Local, Ayuntamiento de Córdoba (Área de Disciplina Urbanística), Subdelegación del Gobierno y Autoridad judicial.

De estas 24 denuncias, 12 se han repartido equitativamente entre dos importantes asuntos: la vulneración de los derechos básicos de los animales y, por otro lado, el aprovechamiento intensivo y desordenado de los recursos forestales representados en la Sierra de Córdoba.

El resto de las denuncias se distribuyen en menor medida en las siguientes temáticas: colocación de mallazos o cierres perimetrales inadecuados con fines ganaderos, instalación de alambradas romboidales en parcelas ilegales cercanas a espacios de alto valor ecológico (fragmentación del territorio), construcción de edificaciones ilegales en la Sierra, supuestas usurpaciones de vías pecuarias y caminos vecinales, vertidos ilegales de aguas fecales, etc. También en el transcurso del citado periodo se procedió a la denuncia ante la Autoridad judicial en Córdoba del administrador de una finca localizada en la Sierra de Córdoba por amenazas e intento de agresión sobre un miembro de Ecologistas en Acción. La denuncia se resolvió a través de un juicio “rápido” con el resultado de la absolución por falta de pruebas (la versión del administrador de la finca contra la exposición de los hechos relatados por el propio afectado).

Es necesario resaltar que el número de comunicaciones y denuncias, sin dejar de ser una cifra notable, es más que un reducido reflejo de los cientos de situaciones y hechos presumiblemente constitutivos de infracciones administrativas, o incluso, de ilícito penal.

El resultado de este esfuerzo de los activistas de Ecologistas en Acción suele ser motivo de desmotivación y desconcierto ante las respuestas de las Administraciones públicas. La respuesta administrativa a una parte significativa de las denuncias se resuelve indicando que los hechos denunciados no se pueden considerar como posibles infracciones administrativas. De otra parte de los escritos, se nos informa que se ha procedido a la apertura de procedimientos sancionadores que no suelen tener ningún efecto práctico. En el mejor de los casos, con suerte y de forma excepcional, se hace efectiva la sanción económica, pero no se adoptan medidas de regeneración y reconstitución de la legalidad vigente por parte de los denunciados, como establece por normativa vigente.

Nunca, jamás, en la provincia de Córdoba, se ha conseguido cerrar o clausurar un camino forestal abierto ilegalmente en una zona valiosa desde un punto de vista ambiental. Tampoco se ha conseguido que un propietario restaure y recupere la vegetación silvestre de un lugar, previo desbroce ilegal, como ocurrió hace ya más de una década en el Parque Natural de Hornachuelos. La falta de voluntad política de la administración ambiental acarrea este tipo de situaciones.

La mayoría de las denuncias se localizan físicamente en la Sierra Morena cordobesa por dos motivos básicamente: supone uno de los teatros de operaciones y salidas de los activistas de Ecologistas en Acción de Córdoba, simplemente por cercanía y vínculo personal y, por otro lado, porque representa uno de los espacios más conflictivos, donde la labor de policía y control se relaja especialmente por designios, digámoslo, políticos, especialmente lo relativo a la problemática de las parcelaciones ilegales.




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