El segundo Plan Nacional de Asignación contra el espíritu de Kioto

El Gobierno presenta un plan que pasa del objetivo de aumentar un 24% las emisiones de gases de efecto invernadero a un 37%, cuando el compromiso con Kioto es del 15%. Ecologistas en Acción lamenta, además, que el nuevo plan omita políticas reales en los sectores difusos (transporte, residencial y servicios), a pesar de suponer un 65% más de emisiones que en el año 1.990.

El objetivo del Gobierno es aumentar las emisiones del año 1.990 en un 37% en el periodo 2.008-2.012, repartidas de la siguiente manera: un aumento del 15% por el compromiso de Kioto, un aumento del 20% a cubrir con Mecanismos de Flexibilidad, y un 2% a cubrir con sumideros. Este reparto supone que la esencia del Protocolo de Kioto, que era reducir las emisiones en los países desarrollados responsables del calentamiento global que causa el cambio climático, quede pervertido, pues ese 20% de los Mecanismos de Flexibilidad representa conseguir créditos por emisiones que todavía no se han producido, y además fuera de nuestras fronteras. De esta manera el imprescindible cambio drástico de tendencia en las emisiones de CO2, y consecuentemente de nuestros hábitos de consumo, se sigue aplazando a un futuro incierto.

Conseguir este 20% va a costar a las arcas públicas entre 2.000 y 3.000 millones de euros, a pagar entre todos los ciudadanos, contraviniendo el principio “quien contamina, paga”. No podemos olvidar que, por ejemplo, el sector eléctrico, a pesar de la supuesta presión que reciben por las asignaciones de derechos de emisión, ha seguido produciendo electricidad con centrales de carbón en detrimento de otros modos más eficientes, como las renovables o las centrales de gas en ciclo combinado, a las que les han sobrado derechos asignados en el anterior periodo. Asimismo el ciudadano de la calle sigue sin recibir señales serias de lo preocupante que es el problema del cambio climático porque las penalizaciones sobre los comportamientos que más emiten no se producen. De ahí que en vez de que pague quien consume mucho y mal, se reparta entre todos, independientemente de las acciones que se lleven a cabo.

Por otra parte, el Plan elimina algunas de las garantías mínimas que ofrecía el sistema. En primer lugar se elimina la prohibición de realizar a las eléctricas el llamado “pool”, es decir, agrupar instalaciones y compensar sus emisiones. En segundo lugar, no se admite la posibilidad de realizar subasta de derechos, lo cual significa que sale muy barato contaminar ya que los derechos asignados son gratuitos, incumpliendo de nuevo el principio “quien contamina, paga”.

Ecologistas en Acción, desde un punto de vista global del problema del cambio climático, sigue echando en falta políticas en los sectores difusos (transporte, residencial y servicios), que actualmente emiten un 65% más de lo que lo hacían en 1.990. Aunque el objetivo del Gobierno es también llegar al +37%, las políticas, sobre todo en el tema del transporte, no se ocupan en absoluto de ello. No parece tampoco que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, responsables de muchas de estas políticas estén trabajando en este sentido; mucho nos tememos que la mayoría lo está haciendo en el opuesto.