Banderas Negras 2006

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Informe Banderas Negras 2006

Las 217 banderas negras y los 298 puntos negros nos relatan la crónica de la “enfermedad” que sufre nuestro litoral. Dicha enfermedad se encuentra bastante avanzada y tiene síntomas bastantes claros y evidentes: degradación de los ecosistemas litorales y de sus recursos, pérdida de identidad de los pueblos costeros, erosión costera, pérdida de paisaje, eutrofización de aguas...

Esto se debe a diferentes procesos infecciosos que se van extendiendo y colonizando las distintas franjas litorales. El litoral enfermo está siendo profundamente marcado por una grave transformación y artificialización del suelo debido al desarrollismo generalizado que se plasma en la ocupación urbanística, los complejos turísticos, las infraestructuras portuarias, la red de infraestructuras de transportes, una agricultura intensiva, escolleras de protección de playas y viviendas ante procesos erosivos...

Los datos referentes a agresiones urbanísticas y sus consecuencias, extraídos de las 371 irregularidades por estos motivos en todo el litoral español ¡cantan por sí mismos! Nos encontramos 132 casos, en todo el litoral, asociados al urbanismo, especulación, recalificación de suelos “No urbanizables”, construcción de nuevas viviendas, complejos turísticos... Además ha estos casos hay que sumarles los 71 reflejados sobre incumplimiento de la ley de costas por invasiones de dominio público, de la zona de servidumbre de protección y la creación de pantallas arquitectónicas.

Este modelo amenaza y sitúa a los ecosistemas y recursos litorales en un estado de degradación bastante grave. Hay que decir que de esta degradación no se salvan ni los Espacios Naturales Protegidos (ENP) ni especies protegidas por la legislación ambiental vigente (regional, estatal o comunitaria), ya que nos encontramos con 221 casos de agresiones directas a ENP y a especies protegidas por la legislación ambiental expuestos en las diferentes banderas y puntos negros. De estos 221 casos, la franja sur de la Península Ibérica es la que más casos tiene, 99, seguida muy de cerca por la costa levantina con 70 casos reflejados en las banderas negras.
Por otro lado, el hecho de que se ocupe paralelamente la franja litoral con nuevas edificaciones, en vez de concentrar estas edificaciones en los núcleos urbanos ya existentes, acelera el proceso erosivo que sufre de forma generalizada toda la costa española. Esto, sumado a la creación de nuevas infraestructuras portuarias (58 reflejadas en el informe), cuyos espigones de protección aumentan también este proceso erosivo, sitúa el estado de toda la costa en un momento muy delicado.

Para controlar y combatir esta enfermedad y sus proceso infecciosos las administraciones se empeñan en sacar continuamente pócimas para disminuir el “malestar“ de la población que vive en esta franja y, sobre todo, de los que vienen a visitarlo. Estas pócimas se basan en actuaciones como:

- Regeneraciones de playas, que en la gran mayoría de casos no implica una restauración ambiental de la zona. La administración ya se ha dado cuenta del grave problema que tenemos en la costa y el Director General de Costas, José Fernández nos presentó hace unos meses, el Plan Director para la Sostenibilidad de la Costa, donde plantea el modelo a implantar en la costa española para los próximos cinco años. Sus objetivos fundamentales son el control de la regresión costera (nuevos deslindes y rescate de concesiones), la expropiación de áreas críticas relacionadas con los procesos erosivos, y la protección y recuperación de los sistemas litorales. Sin embargo, la presentación no fue acompañada de ningún documento que permita conocer los criterios que seguirá el ministerio. Además, en la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente no está cumpliendo estos criterios, ya que, por ejemplo, en la costa gallega sus actuaciones frente a los graves problemas de erosión costera pasan por la inversión de 20’7 millones de euros en “regeneraciones” de playas y 30’17 millones de euros en paseos marítimos. Esto supone, nuevamente, no tener en cuenta las actividades humanas que aceleran el proceso erosivo. Estas cifras son muy superiores a los 20 millones de euros que prevee invertir el Ministerio de Medio Ambiente en la compra de fincas para la protección del litoral. Por dar un dato más respecto a este tema: hemos encontrado 132 casos de regeneraciones de playas, instalación de paseos marítimos y limpieza mecánica, por parte de los ayuntamientos, de playas situadas en sistemas dunares. Estas actuaciones degradan ambientalmente la zona y acelera el proceso erosivo.

- Leyes del suelo con la intención de ¿paliar? el caos de la enfermedad urbanística. Por cierto, muy extendida en el levante y en la Costa de Sol y que, poco a poco, va llegando a infectar a zonas que hasta hace poco no se encontraban en un grado de contagio considerable como el golfo de Cádiz o la franja cantábrica con Galicia como la comunidad más afectada.
Planes de Ordenación del Territorio y Planes Urbanísticos que, en el caso de los ayuntamientos, sirven para paliar otro “mal”, como es el de la financiación municipal. Los ayuntamientos reciben mediante convenios urbanísticos, implícitos en estos planes, entre un 30 y un 65% de su financiación.

En el caso de las administraciones regionales estos planes sirven, en numerosas ocasiones, para “regularizar” y “legalizar” el caos existente en la enfermedad urbanística local.

En el caso de los vertidos, el cáncer de los habitantes del medio marino, vemos que, a pesar de situarnos en el umbral de menor protección de las aguas previsto por la Unión Europea, la administración pública española presenta serias deficiencias a la hora de aplicar la normativa, asegurar la calidad de las aguas y respetar la salud del medio ambiente así como la humana. Y es que los intereses económicos a corto plazo no tienen en cuenta que la degradación del medio ambiente y las repercusiones en la salud de l@s bañistas son los principales elementos disuasorios de la inyección de dinero que supone el turismo.

En este informe se reflejan las ambiciones de unos pocos frente a los intereses sociales y las obligaciones supranacionales. Quedan reflejados 157 puntos donde se producen vertidos contaminantes de diferentes características que no deberían existir.

La Directiva 2000/60 Marco de Aguas de la Unión Europea establece un objetivo ambiental claro: el “buen estado de las aguas”, tanto superficiales como subterráneas, y proporciona un marco para la aplicación coordinada de toda legislación existente sobre el agua. Aunque es verdad que el plazo para el cumplimiento de este objetivo se sitúa en el año 2015.

Más cerca en el cumplimiento de los plazos está la Directiva 91/271 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Ésta fue transpuesta a nuestro ordenamiento interno por el Real Decreto Ley 11/1995, de mismo nombre. Ambos instrumentos obligan a recoger y depurar el total de las aguas residuales para el 1 de enero del 2006.

Las depuradoras de los lugares turísticos no tienen previstas las afluencias derivadas del aumento poblacional, las inversiones en depuración no son suficientes.

Según los resultados aquí mostrados, no existe ambición por lograr los objetivos previstos por la Unión Europea, ya que los poderes públicos no han sabido o no han querido conseguir los mínimos de calidad de aguas litorales exigidos por la normativa vigente, demostrando así su inoperancia e incompetencia sobre esta importante materia de interés público.

Por todo ello Ecologistas en Acción solicita un ingreso de urgencia en las agendas de las diferentes administraciones representadas en el la franja litoral de toda la problemática existente en ella. Y para hacerles más fácil el trabajo y para ayudar a mejorar esta solución. Proponemos unas medidas a tomar con carácter de urgencia:

- Una moratoria urbanística en el litoral hasta que nos se lleve a cabo un verdadero estudio de la capacidad de carga del territorio, analizando verdaderamente el impacto paisajístico, el deterioro y erosión, la pérdida de cubierta vegetal, y, sobre todo, los recursos hídricos reales y disponibles.

Todo esto no puede llevarse a cabo más que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se ha de exigir a empresas y ayuntamientos, y que ha de tener una evaluación por parte de la administración ambiental mucho más rigurosa y seria que la que se realiza actualmente, convertida para los promotores en un trámite o papeleo más.

- Moratoria de nuevos puertos deportivos en el litoral hasta que no se haya aprobado un Plan de Puertos que cuente con el consenso de las administraciones con competencia en la materia, especialmente la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes Consejería con materias en Medio Ambiente de las Comunidad Autónoma, y con la participación de instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, Universidades, Cofradías de Pescadores, asociaciones de defensa de la naturaleza, etc.

- Retirada controlada en los municipios del litoral. Para reordenar las actividades económicas y las poblaciones allí existentes.

- Se hace inminente un planeamiento estatal sobre aguas residuales, con objetivos claros, actuaciones definidas e inversiones suficientes que aseguren que las infraestructuras de saneamiento y depuración cumplan con los requisitos de calidad de aguas establecidos por la ley.

- Para la aprobación de nuevos planes de ordenación del territorio, ante la nueva construcción de viviendas, se debe exigir la construcción paralela y efectiva de las infraestructuras de depuración pertinentes.