Se solicita la aplicación del principio de precaución

Recientemente se está asistiendo al surgimiento de un movimiento vecinal, de corte horizontal y autoorganizado, de rechazo a la instalación de estaciones de telefonía móvil en las proximidades a las zonas habitadas. Nos referimos a la recientemente constituida "Asociación Cuidado Antenas" o a la plataforma que se está formando en Santa Marta, aunque hay que decir que en Ciudad Rodrigo una ejemplar asociación vecinal lleva años luchando contra esta ubicua amenaza.

La constitución de estas asociaciones vecinales responde a la sensación ciudadana de que las distintas operadoras de telefonía móvil, con la connivencia del Ayuntamiento de Salamanca, defienden más los intereses comerciales y la cuenta de resultados que la aplicación del principio de precaución en relación a la afección a la salud de las personas que puede implicar la instalación de antenas en las proximidades de zonas habitadas. Y los vecinos y vecinas no entienden, no entendemos, ese desamparo provocado por la actitud de un Concejal incompetente y manipulador.

El que las ondas electromagnéticas pueden provocar graves riesgos para la salud es un hecho incontestado desde hace decenios. Prueba de ello es que hace años que se regulan los niveles máximos de exposición, especialmente en el ámbito laboral. Los primeros afectados por enfermedades graves provocadas por las ondas electromagnéticas se han descrito entre los militares destinados en estaciones de radar o de telecomunicaciones, especialmente en Rusia, Alemania y EE.UU.

Actualmente nadie puede afirmar que las emisiones de las estaciones de telefonía móvil, y otros artilugios como las conexiones ADSL wi-fi o teléfonos inalámbricos tipo DECT, son inocuas para la salud. Existen por el contrario informes y estudios de científicos que demuestran o al menos, plantean serias posibilidades de que este tipo de emisiones son perjudiciales para los seres vivos.

Los informes oficialmente aceptados por los poderes públicos no concluyen que este tipo de instalaciones sean nocivas para la salud, pero tampoco afirman lo contrario. Todos ellos concluyen que “es necesario seguir investigando” para no pillarse las manos en el futuro. Es decir que nuestros gobernantes, bajo la atenta mirada de las grandes compañías operadoras, están permitiendo unos niveles de exposición para la población basándose en unos estudios que dejan la puerta abierta a la incertidumbre. Los estudios en los que se basa la Unión Europea para autorizar los niveles oficiales de exposición son una copia de los planteados por el CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrónica), que, a su vez son una copia de los antiguos niveles de referencia planteados por el ICNIRP (Instituto Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes); que se basan solamente en los efectos térmicos y no se tienen en cuenta los efectos biofísicos y sus posibles riesgos para la salud con niveles de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores.
Basándose en estos estudios desfasados las autoridades estatales, autonómicas y locales permiten unos niveles de exposición entre 450 y 1.000 µW/c2 (microwatios por centímetro cuadrado). Sin embargo, la Conferencia Internacional de Salzburgo del año 2000 recomienda unos límites de 0,1 µW/c2, es decir, varios miles de veces por debajo de los límites permitidos. Y ello basándose en el principio de precaución según el cual, antes de exponer a la población a un nuevo agente industrial, se debe demostrar la inocuidad del mismo, aún incluso sin tener demostrada la evidencia de su peligrosidad. En la misma tónica se establecen unas distancias mínimas de seguridad de varios centenares de metros respecto de zonas habitadas, circunstancia que se incumple evidentemente en todas las antenas instaladas en nuestras azoteas.

Por si fuera poco, la tercera generación de telefonía móvil opera en frecuencias próximas a las de los radares militares por lo que los riesgos para la salud de las personas no pueden ir más que en aumento, dada la altísima frecuencia a la que operan.

Llegados a este punto la cuestión que se debe de plantear es si la sociedad prefiere dar prioridad al derecho a una cobertura ideal del móvil, aderezado con pingües beneficios de las operadoras, o a la salud de las personas.
Esta generación tiene ante sí el reto de decidir sobre la calidad de vida que prefiere. Es tarea de los movimientos sociales emergentes hacer valer sus presiones sobre los poderes públicos frente a los intereses multimillonarios de las grandes compañías que no trabajan por nuestro bien si no por aumentar su cuenta de resultados.