Indicios de delito en una urbanización denunciada en abril

Ecologistas en Acción denunció el pasado mes de abril ante la Fiscalía de Córdoba, la realización de obras de urbanización y nuevas viviendas en la finca de San Calixto, propiedad rústica localizada en el interior del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. En concreto se observó la construcción de varios tramos de caminos asfaltados, un depósito de agua de grandes dimensiones, una pista deportiva y al menos dos viviendas.

Una parte significativa de la finca esta clasificada como Zona A - máximo nivel de protección- establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del citado espacio natural protegido.

En respuesta a nuestra denuncia, corroborada posteriormente por la Unidad de la Policía Autonómica, la Fiscalía considera que existen indicios de haberse cometido un delito contra la ordenación del territorio, recogido en el art. 319 del vigente Código Penal donde se establece textualmente en su párrafo primero “Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tenga legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección

Igualmente, en el párrafo segundo del mencionado artículo se dice que “Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizada en el suelo no urbanizable”. Finalmente, en el tercer párrafo recoge que “En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe”.

Con todo ello, la Fiscalía de Córdoba ha realizado una propuesta de decreto, consistente en la remisión de lo actuado al Juez de Instrucción Decano de Posadas (Córdoba), la toma de declaración en calidad de imputados y a los promotores de las referidas obras de urbanización, así como a la paralización de los trabajos de edificación y construcción, debiéndose remitir un auto al Cuerpo Policial actuante para que proceda a su expresa notificación a los denunciados y así se asegure el cumplimiento de la orden de paralización, incluso en el precinto de lo ya construido.

La gravedad de los hechos manifiesta la incapacidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de garantizar la conservación del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. Ni tan siquiera están a salvo los parajes más sobresalientes y críticos del citado espacio natural. La inexistencia de una gestión activa, quedando relegada ésta, a determinadas mejoras y actuaciones ligadas a proyectos y programas ajenos al Plan de Actividades e Inversiones, trae como consecuencia situaciones y hechos como los denunciados ante Fiscalía de Córdoba.

Por si fuera poco, la Consejería de Medio Ambiente ha vulnerado la normativa vigente que le obliga a notificar a la autoridad judicial, los hechos que pudiesen constituir delitos contra la ordenación del territorio en espacios naturales con niveles adicionales de protección como es el caso que nos ocupa.