El Juzgado de Calahorra se niega a investigar el caso de la “Atrazina”

El juzgado número 2 de Calahorra no acepta la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción de La Rioja, contra el Ayuntamiento de Calahorra, por ocultar a los ciudadanos durante 5 meses la existencia de Atrazina en el agua de Boca, y permitir que consumieran un agua que la legislación y los análisis calificaban como “No apta para el consumo Humano”

El pasado día 19 de Agosto, Ecologistas en Acción recibió la notificación del Juzgado número dos de Calahorra, en la cual se nos comunica que el Juez D. Rafael Villafañez Gallego , decidió con fecha 3 de Julio de 2006, la anadmisión a trámite de la denuncia interpuesta por nuestra asociación el 12 de Junio de 2006, contra el Excmo. Ayuntamiento de Calahorra.

Ecologistas en Acción de La Rioja solicitaba al juzgado de Calahorra que investigara los hechos sucedidos en esta ciudad en la cual una población superior a 20.000 personas estuvo consumiendo un agua de boca contaminada por pesticida “Atrazina”, en niveles que duplicaban lo permitido por la ley. Este hecho, (que está probado) fue conscientemente ocultado a la población por parte de los responsables municipales, motivo que al parecer no es lo suficiente grave para que este magistrado, decidiera abrir una investigación al respecto.

Tampoco se atienden las peticiones del Fiscal

No solo este magistrado deniega la posibilidad de investigar este caso a Ecologistas en Acción. También hace lo mismo con el Ministerio Fiscal, que a través de su Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, se personó por propia iniciativa en este caso.

Con fecha de 19 de Junio de 2006, la Fiscalía al tener conocimiento de la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción contra el Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, se dirige por escrito al Juzgado de instrucción número 2 de Calahorra, y solicita se tome declaración o petición de informe sobre lo sucedido al Ayuntamiento de Calahorra y al área de salud del Gobierno de La Rioja. Esta petición del Fiscal es igualmente desatendida por el magistrado, que no solicita informe alguno.

Ecologistas en Acción no comparte los argumentos que este magistrado expone en el auto para impedir que se abra una investigación sobre lo sucedido con la “Atrazina” en Calahorra. Tampoco la interpretación que el mismo hace del Real Decreto 140/03 de 7 de Febrero.

Así mismo el auto no define en base a que criterio afirma que dichos efectos sobre la salud de las personas no se han producido, pues no se ha solicitado informe alguno a técnicos cualificados, o a la propia administración pública con responsabilidades en el área de salud. Informes que por escrito de fecha 19 de Junio solicitaba el Ministerio Fiscal a este Juzgado y que se ha desatendido.

Este magistrado presupone en su auto de desestimación (sin ningún tipo de base científica) que por el hecho de no existir a día de hoy de un reflejo instantáneo de la presencia continuada de atrazina en la salud de las personas, estos efectos negativos no puedan estar latentes, desarrollándose o desarrollados en algunas de las más de 20.000 personas consumidoras del agua de boca durante al menos 5 meses.

En el auto no se contempla como argumento, para admitir a trámite esta denuncia, la alarma social que el ocultamiento consciente de los datos referentes a la no potabilidad del agua de boca, ha producido en una población de más de 20.000 habitantes. Una población potencial de 20.000 personas ha estado durante meses consumiendo un agua contaminada, mientras los responsables del Ayuntamiento de Calahorra lo conocían y lo ocultaban. Estas mismas 20.000 personas tal vez quieran conocer lo que realmente ha sucedido, y este juzgado debería de tener en cuenta el agravante de alarma social.

Este auto supone en esencia que se da carta de naturaleza a una conducta, la del ocultamiento consciente a toda una ciudad de un hecho grave, que tras la lectura de este auto parece ser que es lo que hay que hacer en una circunstancia similar.

Se podría incluso decir, que este auto sienta “jurisprudencia” para que otros responsables públicos puedan ocultar aspectos lesivos para la salud de sus conciudadanos sin el más mínimo pudor ni consecuencia alguna. A partir de ahora no es obligatorio comunicar a la población que el agua que bebe está más o menos envenenada.

El auto estará más o menos acorde con la interpretación que en el mismo se hace de la legislación, pero, está en la más absoluta asincronía con lo que pensamos quienes hemos consumido durante meses agua contaminada por atrazina, y por ende con el sentido común.

Nuestra asociación está sorprendida y preocupada, y ante el posicionamiento contrario a investigar este tema por parte del Juzgado, y ha puesto a disposición de nuestro abogado la decisión de presentar o no en los próximos días un “recurso de reforma” contra el auto de anadmisión del Juzgado número 2 de Calahorra.