Es tal el grado de sentimiento de impunidad entre los beneficiados del imparable proceso de parcelación y urbanización de la Sierra de Córdoba, y la falta de voluntad política de erradicar el fenómeno social que hipoteca el futuro de nuestra ciudad, que no sorprende observar dos días después de notificar por escrito una denuncia por presuntas obras urbanizadoras ante la Gerencia de Urbanismo y la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, a un grupo de operarios de la construcción manteniendo su ritmo de trabajo con tranquilidad y sin ningún tipo de sobresalto.

En la mañana de hoy se ha advertido la presencia de varios trabajadores de la construcción en plena actividad haciendo uso de una retroexcavadora, con la cual habían realizado una zanja de varios metros de longitud por más de un metro de profundidad.

No hay una prueba más evidente de la sensación de impunidad, y del todo vale. Es falso que la denuncia adolezca de concreción, como advierte a los medios de comunicación la policía Local del Ayuntamiento de Córdoba. Con un conocimiento general previo de la parcelación de las 7 Fincas y una interpretación adecuada del croquis que se adjunta al escrito donde se describen los hechos, su localización resulta fácil y rápida.

También es incierto que la Delegación del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba no haya recibido aún la denuncia realizada por Ecologistas en Acción. A lo largo de la mañana del pasado jueves 24 de agosto, se presentó la denuncia ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y el Juzgado de Guardia. Por tanto no vale en escudarse que no tienen la información.

Además con este tipo de declaraciones, la labor de la Policía Local y de los Agentes de Medio Ambiente queda en entredicho, puesto que demuestran las deficiencias en la responsabilidad de custodia y vigilancia del territorio, en particular el más vulnerable, como es el caso de las parcelaciones ilegales ubicadas en espacios de alto valor ecológico.

Ecologistas en Acción exige la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección de los terrenos aún no alterados y un verdadero esfuerzo de control de las actividades urbanísticas fraudulentas en las áreas más sensibles de nuestro término municipal.