El Ayuntamiento socialista de Prado del Rey encubre las ilegalidades urbanísticas de la familia Janeiro.

No ha abierto expediente sancionador alguno por la construcción ilegal del cortijo “Ambiciones”.

Hace tres años Ecologistas en Acción destapó que la famosa finca “Ambiciones”, propiedad del torero Jesulín de Ubrique, se construyó careciendo de licencia de obras e incumpliendo las normas urbanísticas del municipio de Prado del Rey.

Jesús Janeiro Bazán solicitó en el año 1993 licencia de obras para “reforma de plaza de tientos, techar parte de un granero quemado y colocación de una cancela nueva”, todo ello por un importe de 6.330.000 pesetas. Pero lo que realmente construyó, según consta en el informe del técnico municipal, fue: “rehabilitación de caserío, boxes y cocheras, vivienda de dos plantas, pavimentación y ornamentación de patio, camino de acceso, piscina y solado de alrededores, ruedo y edificaciones anexas, vivienda de nueva planta y nave para ganado”, todo ello valorado en 65.784.000 pesetas.

El Ayuntamiento acordó en junio de 1995 instar a Jesús Janeiro a solicitar la preceptiva licencia de obras por lo ejecutado sin licencia, dándole un plazo de dos meses, trascurridos los cuales se iniciaría el oportuno expediente sancionador previsto en la legislación urbanística. Pues bien, Jesulín de Ubrique ni solicitó la licencia, ni el Ayuntamiento procedió a la apertura del expediente de protección de la legalidad urbanística. Para colmo, ni siquiera pagó las tasas correspondientes a las obras ejecutadas, valoradas en 1.307.988 pesetas.

Hay que resaltar que las obras del cortijo “Ambiciones” ni son legales ni legalizables, pues las normas urbanísticas de Prado del Rey estipulan que en el suelo no urbanizable “la superficie construida no superará los 150 m2” y que la distancia entre viviendas será de 250 m. Pues bien, en “Ambiciones” se han construido varias viviendas con una superficie superior a 750 m2. También hay que destacar que este complejo urbanístico se encuentra a escasos metros del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, del que está separado por una carretera.

Así mismo, Dª Carmen Janeiro Bazán procedió a ampliar la casa que tiene cerca de Ambiciones, ubicada en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema, de forma ilegal, sobrepasando los 150 m2 máximos permitidos. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía paralizó las obras, pero no se ha procedido a su derribo, y desconocemos si ha sido sancionada conforme prescribe la legislación urbanística andaluza.

Ante la falta de actuación del Ayuntamiento, el pasado mes de mayo Ecologistas en Acción remitió un escrito al alcalde de Prado del Rey, el socialista Fernando Pérez Castillo, solicitando que, al amparo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de la 38/1995 sobre el derecho de acceso a la información medioambiental, la obtención de copia de la siguiente documentación:

- Licencias de obras concedidas a D. Jesús Janeiro para edificar el complejo residencial existente en la finca «Ambiciones», e informes técnicos evacuados por los servicios técnicos competentes del Ayuntamiento o la Diputación al respecto.

- Licencias de obras concedidas a Dª Carmen Janeiro para edificar vivienda en finca adyacente a la anterior, e informes técnicos evacuados por los servicios técnicos competentes del Ayuntamiento o la Diputación al respecto.

- Expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística incoados a D. Jesús Janeiro y a Dª Carmen Janeiro por realización de obras sin licencia en las fincas mencionadas.

Pues bien, sobrepasados con creces los dos meses de que dispone la administración para permitir el acceso a estos expedientes y facilitar la mencionada documentación, el alcalde no se ha dignado contestar, lo que evidencia que en vez de defender la legalidad urbanística y el interés general de los ciudadanos, se dedica a encubrir a unas personas que han cometido graves infracciones urbanísticas.

Ecologistas en Acción exige a los máximos dirigentes socialitas gaditanos una explicación por esta actitud del alcalde de Prado del Rey, y que se proceda a aplicar la ley a estas personas como a cualquier ciudadano, sin privilegios de ningún tipo.