El último año ha estado marcado por graves episodios de contaminación como el vertido de fuel de CEPSA que asoló la costa occidental onubense el pasado invierno y el último vertido de ácido sulfúrico de Fertiberia, que provocó una nueva mortandad de peces en la ría de Huelva. Tanto en un caso como en otro se ha puesto en evidencia el ocultismo con que las direcciones empresariales de la industria química afrontan los desastres ambientales que originan, así como la incapacidad política de la Consejería de Medio Ambiente más empeñada en mejorar la mala imagen de la industria en Huelva que en actuar para cambiara la realidad.
Todo ello a pesar de que la tozuda realidad se empeña en desmentir sus mensajes de optimismo y alabanza de si mismos y de sus queridos empresarios químicos: Varias veces a lo largo del verano se han disparado los valores del ozono troposférico, contaminante tóxico peligroso para la salud humana y ambiental generado por las emisiones de óxidos de nitrógeno emitidos especialmente por las centrales térmicas de ciclo combinado, de las que se han puesto en marcha en Huelva nada menos que tres grupos de generación por parte de U.FENOSA, a los que hay que añadir el de Endesa en la Punta del Sebo. Todo ello con la bendición cómplice de la Junta de Andalucía que debería velar por la salud ambiental y humana, y que no para de plegarse a los intereses de negocio marcados por las grandes compañías eléctricas.
Las reuniones del Comité de participación del Plan de Calidad Ambiental de Huelva se convierten así en un instrumento de propaganda oficial, en la que las conclusiones que se puedan deducir de los estudios del CSIC sobre el ozono, los riesgos derivados de las balsas de residuos peligrosos en las marismas del Tinto, o los problemas derivados de los antiguos y nuevos vertidos a la ría son citados solo para olvidarlos. Buena parte de las empresas del Polo Químico de Huelva siguen sin obtener la Autorización Ambiental Integrada, y las que la han obtenido se han encontrado con que la Junta de Andalucía se la ha concedido sin tener en cuentas repercusiones combinadas de sus emisiones y vertidos, como ha sido de las nuevas térmicas que iniciaron su producción sin contar con esta autorización.
Los acuerdos voluntarios para lavar imágenes demasiado sucias sólo sirven para que las empresas hagan promesas de cumplimiento de la legalidad, algo a lo que el conjunto de ciudadanos ya está obligado, sin que tengan que recibir contrapartidas a cambio . A cambio, no se cumplen los mínimos obligatorios de transparencia informativa, e incluso los propios trabajadores de las empresas, cuya salud está en grave riesgo en demasiadas ocasiones ni siquiera cuentan con derechos de participación en le control de la gestión del medio ambiente en sus centros de trabajo. Así no es de extrañar que las emisiones de mercurio de Aragonesas hayan contaminado especialmente a sus propios trabajadores, y esta empresa siga utilizando sistemas productivos obsoletos que deberían haber quedado desechados hace tiempo al existir mejores técnicas disponibles en la producción de cloro, sin el uso de este peligroso contaminante.
Ecologistas en Acción propone la adopción de compromisos serios para prevenir la contaminación atmosférica y los vertidos haciendo especial hincapié en el cese del vertido de residuos peligrosos en las balsas de fosfoyesos de las marismas del Tinto y en la limitación de emisiones de precursores del ozono troposférico desde las térmicas. No se puede seguir subordinando la salud de la población onubense y la recuperación de la ría a unos grupos de negociantes que no respetan ni la salud de sus trabajadores. Ése es el principal problema que debería abordar la Junta de Andalucía y no estar lamentándose continuamente por la mala percepción social que se han ganado a pulso las empresas contaminadoras.
