No a otro macroproyecto urbanístico

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SE OPONE A OTRO MACROPROYECTO URBANÍSTICO CON GOLF INCLUIDO, AHORA EN ALCALÁ DE LOS GAZULES

Ecologistas en Acción ha presentado en el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules un pliego con 18 alegaciones en contra del Convenio Urbanístico que ya han firmado el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, con los propietarios de las fincas Fraja y La Sacristana, con el objetivo de recalificar más de millón y medio de metros cuadrados para la construcción de 1.500 viviendas de lujo, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf privado. Toda una operación más que sospechosa para levantar un nuevo Alcalá de alto nivel distante del casco urbano, por la que el Ayuntamiento recibiría un millón setecientos cincuenta y cinco mil euros, comprometiéndose, además, a la construcción de una carretera que una la urbanización turístico-deportiva con la A-381. El Convenio compromete al Ayuntamiento a recalificar estos terrenos en el nuevo PGOU, pasando de suelo no urbanizable común y de especial protección por su valor paisajístico (actual clasificación en las Normas Subsidiarias) a suelo urbanizable, para poder así acoger usos residencial, hostelero, deportivo y recreativo, y todo ello a cambio de dinero para no se sabe qué fines en estas fechas preelectorales que se avecinan.

Ecologistas en Acción considera inadmisibles este tipo de operaciones urbanísticas, no sólo por sus múltiples irregularidades legales y los impactos ambientales que llevan asociados, sino por su trasfondo especulativo y las prácticas fraudulentas a las que arrastran a gestores y técnicos con pocos escrúpulos. El planeamiento, es decir el diseño de ciudad, no se hace en base a las necesidades de la localidad y sus habitantes, sino en razón a propuestas de particulares cuya única lógica es el enriquecimiento personal enmascarado con aportaciones al municipio. Es decir, quien paga tiene voz y fuerza en el planeamiento, quien no paga sólo le queda presentar alegaciones en el periodo de exposición pública, una vez que todo está decidido. De hecho, el convenio fue ya firmado ilegalmente el pasado mes de enero, por lo que el proceso de exposición pública que acaba de terminar ha sido un puro paripé.

La construcción de un nuevo Alcalá de los Gazules de lujo, con hotel, comercio y campito de golf incluido, va a crear una nueva marginalidad y aumentar las ya existentes de la Barriada del Prao, San Antonio, San Jorge o de un Casco Antiguo en ruina y casi deshabitado (Calles de Los Pozos o Salá). Aumentarán las ya complicadas servidumbres de comunicación, transporte, limpieza, orden público, mantenimiento urbano, etc., que ya hoy son un desastre. Se precipitará el proceso de vaciamiento del pueblo y la segregación social. Todo ello sin contar con los impactos ambientales propiamente dichos de consumo de agua (un campo de golf de 18 hoyos consume 500.000 m3 anuales, lo que equivale a dos pantanetas del Montero -desde donde se abastece Alcalá- llenas), consumo de suelo agrícola y, sobre todo, el impacto al paisaje, uno de los recursos turísticos más importantes que tiene Alcalá por ser la puerta del Parque Natural Los Alcornocales.

La experiencia en otras localidades demuestra que los usuarios del estas villas de lujo no dejan un euro en las poblaciones donde se encuentran, forman un gueto donde la riqueza queda en las empresas del turismo (tour-operator) y en la promotora que vende y explota el producto. No pretenden dinamizar Alcalá, sino crear un nuevo pueblo con todas las infraestructuras (comercio, hostelería, ocio...) que competiría con el actual Alcalá.

Estas operaciones urbanísticas son insostenibles de todos los puntos de vista, ambiental, social y económico, solo lucrativas para los promotores, constructores y explotadores de las instalaciones. Si bien el ayuntamiento obtiene un beneficio a corto plazo, este se convierte en enormes cargas y pérdidas a medio y largo plazo al tener que ofrecer y mantener servicios a una barriada distante de la población. Este tipo de macroproyecto necesita mano de obra en un corto periodo de tiempo, durante la fase de construcción; además, suele ser personal muy especializado que en su mayoría traen las propias empresas constructoras.

El Gobierno Andaluz, también del PSOE, ha elaborado varios instrumentos legales y técnicos de gran importancia para el desarrollo ambiental y urbanístico de Andalucía. La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), las Directrices para el Desarrollo de un Turismo Sostenible, etc., o las Directivas Marco del Agua o de Paisaje de la Unión Europea... Todos estos documentos abogan por el desarrollo racional y equilibrado de las ciudades, por aplicar criterios de sostenibilidad a todas las acciones económicas. El POTA incluye como objetivos potenciar los valores de la ciudad histórica andaluza, de raigambre mediterránea, en tanto que ciudad compacta, y romper la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados, reduciendo el progresivo consumo de espacios naturales o rurales. La propuesta del Convenio Urbanístico de Alcalá de los Gazules va a contracorriente de toda la filosofía y las directrices, a veces normativas, del Gobierno Andaluz y de la Unión Europea en este campo.

Muy grave es que este Convenio incumpla lo estipulado La Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que prohíbe cobros a cuenta por parte de los Ayuntamiento por los Convenios Urbanísticos hasta que no esté aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento, en este caso el PGOU, que recoja sus estipulaciones. Pues bien, en el Convenio firmado el pasado 23 de enero entre el alcalde de Alcalá, Arsenio Cordero, y Fernando Quesada Mejías, en representación de la propiedad, se estipula que la propiedad se compromete a abonar la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (1.755.000 euros)" a plazos: un 30% cuando se publique en el BOP del acuerdo de aprobación plenaria del Convenio; otro 30% con la Aprobación Provisional del nuevo PGOU, y el resto cuando se publique en el BOJA el acuerdo de Aprobación Definitiva del nuevo PGOU. Una manifiesta ilegalidad que pone al descubierto el interés del Ayuntamiento de obtener dinero fácil antes de las elecciones.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción, estamos convencidos que estas operaciones son un atentado contra la población, contra su tradición urbanística consolidada a lo largo de muchos siglos, contra el patrimonio paisajístico y su potencial turístico y, sobre todo, contra la igualdad de los ciudadanos ante las oportunidades de decidir cómo quieren que sea Alcalá en el futuro.