Incompetencia e irresponsabilidad pública en cuanto a la caza

No es nuevo, pero sí un caso clamoroso como pocos, contemplar como las Administraciones públicas fraguan y proyectan, año atrás año, y con fondos públicos, una realidad bucólica y benefactora de la actividad cinegética a través de la muestra de INTERCAZA.

Si en Córdoba tuviésemos que señalar un gesto o un apoyo institucional a la caza por excelencia, ese sería INTERCAZA. Feria y muestra, aderezada con fondos públicos que se van aumentado certamen tras certamen, con el propósito de ensalzar los elementos positivos de la actividad cinegética, ardua tarea, sin duda, y de ocultar o minimizar los graves impactos negativos que la caza lleva asociada.

Se quiere mostrar la actividad cinegética como un factor dinamizador de la economía rural, lanzando macrocifras económicas que en vano intento, intentan ganar adeptos y simpatizantes, por eso de que la economía es lo primero. La realidad es que son escasos los empleos de calidad e indefinidos, y más frecuentes los jornales en condiciones precarias, mal pagados y sin control del fisco. La mayoría del flujo económico que se vincula a la caza y sus servicios asociados, circula alrededor de la caza mayor, en un reducido grupo de grandes propietarios, de gestores y orgánicas.

Ni siquiera en las localidades donde se localizan los cazaderos más sobresalientes y numerosos, se puede hablar de un peso significativo de la caza en la economía local. Sirva por caso Hornachuelos, donde la importancia de la caza en la actividad económica es relativa y reconocida como tal, por la propia Administración autonómica, la misma que no pierde ocasión de apuntalar y reforzar la capacidad de interlocución y de presión de los ATECA, APROCA y compañía. Y así nos va.

Es más, la caza ha sido y se ha convertido particularmente en los últimos años, en una rémora para el establecimiento de otros sistemas de aprovechamientos de los recursos naturales menos agresivos y de mayor dinamismo socioeconómico, como el turismo de naturaleza.

La presencia de cazadores en el campo con armas de fuego, desde agosto a febrero, deja escaso margen para la organización de actividades recreativas o turísticas en numerosos parajes de Córdoba, especialmente en las áreas donde el régimen de propiedad privada es mayoritario y la caza mayor la modalidad dominante. Si a ello le unimos la presencia de los vallados cinegéticos, instalados sin el mínimo respeto por la normativa vigente, con la consiguiente apropiación ilegal de caminos vecinales, vías pecuarias o cauces naturales, la caza, es en la actualidad, uno de los principales obstáculos para una deseable y necesaria diversificación económica en las áreas rurales de montaña.

Igualmente, la marca INTERCAZA, para que nos entendamos, los que hacen dinero con la caza y las Administraciones públicas que en teoría están para hacer valer los intereses generales, se utiliza como un amplificador que transmite una realidad virtual, interesada y sesgada de la actividad cinegética y de los cazadores.

A los hechos nos remitimos:

- Los cazadores han conseguido el beneplácito de la Consejería de Medio Ambiente para poder seguir matando a tiros o por procedimientos domésticos, a cual más doloroso y cruel, a los canes que se localicen en los cotos de caza. El resto de los mortales, como no podía ser de otra manera, nos debemos a la Ley 11/2003, de protección de los animales en Andalucía, donde sólo se permite el sacrificio en casos absolutamente justificados y por profesionales -veterinarios-.

- Las principales organizaciones cinegéticas de Andalucía se han aliado para que se pueda seguir sembrando de vallados cinegéticos los montes de Andalucía. Con la nueva normativa pueden incluso darle más altura a los citados vallados.

- Llevan años presionando a la Administración autonómica para que se proceda a descatalogar varias especies protegidas, que según éstos, han aumentado sus poblaciones. Consideran que disfrutan de un escaso número de especies silvestres sobre las que pueden disparar en sus jornadas festivas.

- Los cazadores, representados por la Federación Española de Caza, son los únicos, junto al sector industrial del ramo, que se han opuesto radicalmente, por una cuestión puramente económica, a la promulgación de normativa (Real Decreto 581/2001), en el sentido de una urgente necesidad de modificar la composición de la munición (plomo), de características químicas muy tóxicas, particularmente para las aves, por munición de materiales no tóxicos como el estaño, acero, bismuto, plástico, etc. como se viene haciendo ya desde hace décadas en la mayoría de los países europeos.

- Las principales organizaciones cinegéticas se niegan, año tras año, a catalogar como protegidas especies que requieren cuanto menos una protección o moratoria temporal, como la Tórtola, debido a su preocupante descenso poblacional, debido, entre otras causas, a la caza. Tal situación alarmante ha sido corroborada pública y oficialmente, al ser incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, como “Vulnerable” a la extinción (VU), y a pesar de todo, los cazadores siguen disparando sobre la especie, temporada tras temporada.

Ecologistas en Acción considera que una parte significativa de la política de conservación de la biodiversidad de la Junta de Andalucía, así como los derechos de la inmensa mayoría de la población que se declara no cazadora y en desacuerdo con la actividad cinegética, están subordinado a los intereses particulares de un sector minoritario de la población, que no alcanza ni el 5% de la población. Desgraciadamente, la tradición, la propiedad sobre la tierra y el salir al campo con armas de fuego te otorga una fuerza de negociación inmejorable.