Denunciamos ante la fiscalía a los principales responsables del Ayuntamiento

Ecologistas en Acción denuncia ante la fiscalía a los principales responsables del Ayuntamiento y de las empresas municipales de El Puerto.

Ecologistas en Acción de El Puerto ha presentado en el día de hoy una macrodenuncia contra los principales responsables del Ayuntamiento y de las empresas municipales de El Puerto de Santa Maria por entender que en la gestión municipal de estos últimos años -bajo el gobierno de Independientes Portuenses y, en dos periodos, en coalición con el PSOE- se han podido cometer presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, relativos a la protección de la flora y la fauna, sobre la ordenación del territorio, prevaricación, sustracción de cosa propia a su utilidad pública o social, societario, de malversación y delito contra el patrimonio histórico.

La denuncia va dirigida contra Hernán Díaz Cortes, ex Alcalde de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez Álvarez, Concejal de Urbanismo, Ignacio García de Quirós, ex Concejal de Desarrollo Sostenible, José Gijón, Gerente de la empresa municipal IMPULSA EL PUERTO, Delfín Gómez Espinosa, Gerente de la empresa municipal SERECOP, Luis Márquez, Gerente de la empresa municipal SUVIPUERTO, y Antonio Caraballo, ex gerente del IMUCONA y actual Jefe de Servicio de la concejalía de Desarrollo Sostenible.

Ecologistas en Acción ha realizado una exhaustiva investigación sobre las actuaciones urbanísticas, medioambientales, de protección del patrimonio histórico y sobre la gestión del patrimonio público de suelo que ha venido realizando el Ayuntamiento de El Puerto y las empresas municipales, llegando a la conclusión de que la política desarrollada ha ido dirigida a fomentar las urbanizaciones ilegales, a destruir las masas forestales, el hábitat de especies protegidas y los recursos naturales que se deberían proteger, a dilapidar el patrimonio municipal de suelo en beneficio de los especuladores urbanísticos, a deteriorar de forma irreversible el patrimonio histórico, y, en definitiva, a utilizar el Ayuntamiento para fines contrarios a los del interés público que debe prevalecer en los máximos responsables de las administraciones y empresas públicas, constituyendo una trama presuntamente delictiva perfectamente diseñada y coordinada.

Los hechos denunciados se pueden resumir:

- El Ayuntamiento de El Puerto tenía que haber aprobado y desarrollado un total de 11 planes especiales en suelo no urbanizable incluidos en el actual PGOU. Pues bien, no ha elaborado ni aprobado ninguno, y ha permitido y fomentado el deterioro de sus valores naturales con la deforestación masiva y la construcción de viviendas ilegales en terrenos que tendría que haber protegido.

- La Comisión de Investigación de Viviendas Ilegales, creada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, ha llegado a la conclusión que en estos últimos años se han desarrollado un total de 40 urbanizaciones ilegales con unas 5.000 viviendas. Los responsables municipales han fomentado y amparado este proceso de urbanización de suelos protegidos. Particularmente grave son los casos de la urbanización del Pinar de Coig, construida sobre un parque público y actualmente en periodo de diligencias previas en el Juzgado nº 2 de El Puerto; la urbanización de El Barranco, construida en el interior de una Reserva Natural y denunciada recientemente en el Juzgado de El Puerto, la del Pinar del Obispo, construida sobre un pinar clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por su Interés forestal, y Los Desmontados, también construida sobre terrenos declarados parque público.

- En los últimos 15 años El Puerto ha sufrido un sistemático proceso de deforestación que ha llevado a la destrucción de dos millones de m2 de bosques (pinares, retamares, sabinares...) y a la tala de unos 50.000 árboles. El nuevo PGOU pretendía recalificar 2,2 millones de m2 de terrenos forestales, lo que supondría la desaparición del 70% de los bosques privados existentes en nuestro municipio. También se han destruido el hábitat de especies protegidas, como el camaleón, las sabinas y los enebros marítimos.

- El Ayuntamiento ha permitido actuaciones que han deteriorado recursos naturales básicos y protegidos por la Ley, como es el agua. Se han autorizado instalaciones que consumen gran cantidad de agua -como Aquasherry y el campo de golf Vistahermosa II- sin que cuenten con la preceptiva concesión de agua, y se ha permitido la construcción de miles de pozos ciegos en las urbanizaciones ilegales que están contaminando gravemente el acuífero.

- El Ayuntamiento no ha ejecutado ni uno sólo de los 15 Sistemas Generales de Espacios Libres (Parques públicos) previstos en el actual PGOU; por el contrario, ha permitido la realización de todo tipo de actividades ilegales en los mismos, como la construcción de urbanizaciones o la conversión en vertederos. Especialmente grave es que de los 6.280.840 € de inversión en parques previstos en el PGOU, sólo se haya invertido 132.222 €, y que en vez de adquirir 988.040 m2 de terrenos previstos en el PGOU para parques, el Ayuntamiento ha vendido a un promotor inmobiliario 240.000 m2 de un parque público junto a la complejo turístico ilegal de Las Beatillas.

- El Ayuntamiento de El Puerto ha dilapidado el extenso Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) que poseía, vendiéndolo a bajo precio y sin concurso público a determinadas empresas. El Ayuntamiento, además, ha vulnerando de forma sistemática la legislación que regula el régimen del PMS, que obligatoriamente se debe dedicar a la construcción de viviendas de protección oficial, equipamientos públicos o a otros usos declarados de interés público. Pues bien, el Ayuntamiento ha vendido de forma ilegal a una serie de empresas cerca de 4 millones de m2 de terreno propiedad municipal (su precio en el marcado puede ascender a 600 millones de euros), incumpliendo de forma continuada y generalizada con las previsiones impuestas por la legislación vigente en materia de adquisición y transmisión de los bienes integrantes del PMS.

- El Ayuntamiento también ha incurrido en una flagrante ilegalidad al no destinar el dinero obtenido de estas enajenaciones, así como el obtenido de los convenios urbanísticos y de la venta de los aprovechamientos urbanísticos que le correspondía, a los fines de ampliación y mantenimiento del PMS.

- Especialmente escandalosos han sido la enajenación de los terrenos municipales en Valdelagrana para la construcción de una urbanización de lujo, de los terrenos donde se ha construido un campo de golf y del parque público vendido en la Sierra de San Cristóbal a una promotora inmobiliaria.

- El Ayuntamiento de El Puerto no ha tomado las mínimas medias que deberían haber garantizado la protección de su valioso patrimonio arqueológico e histórico, incumpliendo las obligaciones derivadas de las leyes de Patrimonio. En el caso del Conjunto Histórico de El Puerto, su Declaración exigía un Plan Especial. Pues bien, este PECH, aunque está redactado desde 2003, ha sido deliberadamente paralizado y no aprobado. Esta situación ha sido claramente nefasta para su protección, puesto que ha permitido la destrucción de importantes monumentos catalogados (casas palacios, cascos bodegueros...) y el subsuelo arqueológico. No se ha aprobado el Plan Especial de Protección del Castillo de Doña Blanca y de los yacimientos contenidos en su Declaración pero, por el contrario, se ha permitido el desarrollado de una urbanización ilegal. El desarrollo urbanístico de la costa oeste se ha realizado sin respeto a los importantes yacimientos arqueológicos existentes. Las urbanizaciones ilegales han provocado un importante daño arqueológico.

Por todo ello, hemos remitido al la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz una denuncia, a la que se adjunta un voluminoso conjunto de documentos y anexos, con la finalidad que proceda a la averiguación y comprobación de los hechos y, tras los trámites legales oportunos, se enjuicie a las personas implicadas en los mismos.

Ecologistas en Acción tiene plena confianza en que la Justicia actúe contra aquellas personas que, amparadas en el poder de sus cargos públicos, han actuado en contra del interés general de los ciudadanos y con total desprecio de las leyes que deberían respetar y defender desde sus cargos de representación institucional. Luchar contra los atentados al medio ambiente y al patrimonio histórico, contra la especulación urbanística y contra la corrupción, es una obligación de todos los ciudadanos.