Comienza el juicio por envenenamiento a tres águilas imperiales en Cádiz

Mañana, 18 de octubre se inicia en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jerez de la Frontera el juicio por el envenenamiento de tres águilas imperiales encontradas en la finca Fuente del Rey en febrero de este año. Este juicio comienza con la declaración como imputados de los titulares del coto D. Fermín Bohórquez y Borja Bohórquez, así como de la guardería y operarios de la finca. También declararán como testigos los agentes de medio ambiente que participaron en el levantamiento de los ejemplares envenenados.

El pasado mes de febrero se localizaron los cuerpos sin vida de tres águilas imperiales en esta finca. Además, en una inspección de la zona, se localizaron los cadáveres de otras especies protegidas y los restos de un perro con la ponzoña utilizada (un potente fitosanitario usado para envenenar la fauna silvestre). Se trata del caso de envenenamiento de fauna protegida más grave ocurrido en los últimos años en Andalucía, máxime cuando en la provincia de Cádiz se está desarrollando un programa de reintroducción de águila imperial que podría fracasar debido a actuaciones delictivas como la ocurrida en Jerez de la Frontera.

Por otro lado, Ecologistas en Acción Andalucía lamenta la absoluta incompetencia de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz en el ejercicio de sus funciones y deberes pues a la total falta de tramitación de las acciones públicas instadas por Ecologistas en Acción por casos de masiva colocación de venenos en la finca La Lentejuela en el termino de Medina Sidonia, se une la falta de inspecciones y seguimiento sobre el caso de las 3 águilas imperiales envenenadas en la finca Fuente Rey, y la tremenda desidia de los responsables jurídicos y políticos de la Delegación provincial en no personarse en los autos penales para la identificación de los delincuentes.

Ecologistas en Acción, que si está personada como interesada en el expediente administrativo, ha instado repetidamente a la Consejería de Medio Ambiente para que se persone como acusación particular en este gravísimo caso de envenenamientos, que por su entidad así como por los datos que resultaran impulsarían el expediente de restauración del daño que debe instruir contra los responsables y a que está obligada la delegación provincial.

Sería lamentable que, una vez más y en este significativo caso la responsable política de la Administración ambiental ignore la defensa del medio ambiente y omita su obligación de acabar con contundencia con el uso de veneno en Cádiz y de ordenar la restauración de los daños causados.