Todo vale en urbanismo

La urbanizadora Santa Clara Golf de la localidad de Otura pide autorización para construir cuando ya han finalizado las obras y la mayoría de las viviendas están habitadas.

Esperamos que la Fiscalía intensifique sus averiguaciones sobre el tema.

Urbanización casi terminada
Vista de las viviendas dentro del campo de golf


También se ha enviado un dossier completo a la Embajada Británica en Madrid, advirtiendo de las consecuencias que pueden tener la ilegalidad de las obras para los compradores británicos, que son muy numerosos.

Desde el 12 de junio de 2006 está presentada una denuncia en Fiscalía por numerosas irregularidades que veníamos denunciando ante las diversas administraciones desde noviembre de 2004.

La desfachatez de los constructores llega hasta a pedir autorización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para cambiar de sitio los barrancos en mayo del 2006, cuando ya se encuentran desviados, encauzados y privatizados dentro del campo de golf desde el año 2004, tal y como figura en el Acta de Confrontación que realizó la propia Confederación en octubre pasado.

Pero lo que es delirante es que el 3 de noviembre de 2006 aparezca a exposición pública en el BOP de la provincia la petición de autorización a la Confederación Hidrográfica para la “construcción de una urbanización y un campo de golf” cuando ya están las obras terminadas y la mayoría de las viviendas vendidas y ocupadas y algunas ya en el mercado de segunda mano.

Ante esta situación hemos pedido al Alcalde de Otura que nos informe sobre las licencias de obras concedidas y, sobre todo, las licencias de primera ocupación, ya que se podría estar generando una gigantesca estafa al estar vendiendo y comprando casas con campo de golf que no deben existir, a juzgar por la petición de autorización que hace ahora la urbanizadora.

El hecho de que una mayoría de compradores sea de origen británico (tal y como aseguraba la empresa a la prensa en octubre de 2004) nos ha llevado a poner en alerta a los responsables de la Embajada del Reino Unido en España, para que investiguen y adviertan a sus conciudadanos de los problemas que les puede acarrear el invertir en viviendas de dudosa legalidad.

Esperamos que desde el ministerio fiscal se intervenga ante esta burla a la legislación vigente y, por ende, a todos los ciudadanos.

Actuaciones como esta, si no son afrontadas por la justicia, hacen que parezca que la impunidad, y el todo vale, es la norma en nuestra sociedad.