Pedimos la anulación del convenio, para impedir otra macrourbanización en Espera

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Espera que proceda a rescindir el convenio urbanístico que ha firmado su alcalde con la empresa Golf & Resort Espera S.L. para propiciar una promoción urbanística en dos fincas de 2.371.461 m2, clasificadas en el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Agrícola. El Ayuntamiento se compromete, a cambio de recibir 1.565.296 € de esta empresa, a revisar el PGOU para recalificar estas fincas a suelo urbanizable y permitir la construcción de un campo de golf, un hotel, un centro comercial y 1.660 viviendas.

Ecologistas en Acción considera inadmisibles este tipo de operaciones urbanísticas por su trasfondo especulativo y por las prácticas fraudulentas que conllevan. El planeamiento, es decir el diseño de ciudad, se debe hacer en base a las necesidades de la localidad y sus habitantes, no en razón a propuestas de particulares cuya única lógica es el enriquecimiento personal. Es decir, quien paga decide qué y cómo se recalifica a suelo urbanizable, e impone el planeamiento de la población.

La construcción de un nuevo pueblo con hotel, centro comercial y campo de golf incluido, va a dejar al pueblo de Espera en una situación de marginalidad. Se pretende forman un gueto donde la riqueza queda en la promotora que vende y explota el nuevo “pueblo”. Estas operaciones urbanísticas son insostenibles de todos los puntos de vista, ambiental, social y económico, solo lucrativas para los promotores y constructores. Si bien el Ayuntamiento obtiene un beneficio a corto plazo, este se convierte en enormes cargas y pérdidas a medio y largo plazo al tener que ofrecer y mantener servicios a una barriada distante de la población.

Estos macroproyectos, todos ellos clónicos, incumplen múltiples disposiciones legales, planes y recomendaciones de expertos sobre lo que debe ser la ordenación del territorio y un modelo de turismo sostenible: Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía, Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Directrices para el Desarrollo de un Turismo Sostenible, Directiva Marco del Agua o de Paisaje de la Unión Europea... Todos estos documentos abogan por el desarrollo racional y equilibrado de las ciudades, por aplicar criterios de sostenibilidad a todas las acciones económicas. El POTA incluye como objetivos potenciar los valores de la ciudad histórica andaluza, en tanto que ciudad compacta, y romper la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados, reduciendo el progresivo consumo de espacios naturales o rurales. El Parlamento ha incluido en el POTA una limitación a los crecimientos del 40% de nuevos suelos urbanizables en relación con el suelo urbano disponible, y un 30% de incrementos de población en los próximos 8 años. Esta macrourbanización supondría más que triplicar la superficie actual de Espera y duplicar sus actuales 3.909 habitantes

Muy grave es que este Convenio incumpla lo estipulado La Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que prohíbe cobros a cuenta por parte de los Ayuntamiento por los Convenios Urbanísticos hasta que no esté aprobado definitivamente el planeamiento, en este caso el PGOU, que recoja sus estipulaciones. Pues bien, en el Convenio firmado por el alcalde y la empresa Golf & Resort Espera S.L. se estipula el cobro a plazos de 1.565.296 €, habiendo cobrado ya el Ayuntamiento el primero de los plazos, 360.000 €, que no ha guardado como depósito ni adscrito al Patrimonio Municipal de Suelo, como estipula la legislación vigente, lo que podría ser constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos.

El Convenio exime explícitamente la obligación de construcción de un 30% de viviendas protegidas, amparándose en la excepción incluida en la modificación de la mencionada Ley 13/2005 en sectores que con una densidad inferior a 15 viviendas/has, hecho insólito en un Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unidad. Pero la Ley estipula que el PGOU deberá prever su compensación en el resto de las áreas y sectores asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Esto significa que se tendrán que construir 553 viviendas de VPO, por lo que habría que preguntarse dónde se construirán y para quién. Más increíble es aún la estipulación por la cual la empresa pagará al Ayuntamiento un total de 3.095.761 € con destino a cubrir el coste del proyecto de abastecimiento de agua, que se pretende traer desde el Hueznar en Sevilla, cuando no hay concesión ni recursos para los 600.000 m3 de agua que necesitará un complejo urbanístico de estas dimensiones.

Ecologistas en Acción pide a la dirección de IU que explique por qué los Ayuntamientos que gobiernan promueven grandes recalificaciones que fomentan la especulación urbanística, eluden normas legales de viviendas protegidas, e incumplen las prescripciones del POTA incluidas a propuestas de esta formación política. Hay que advertir que este modelo de macrourbanizaciones y golf se pretenden implantar también en otros municipios gobernados por IU, como son Trebujena y Puerto Real.