Los especuladores siguen tentando a los alcaldes de las localidades serranas para ver si cuelan sus macrourbanizaciones clónicas disfrazadas de proyectos deportivos. Ahora le ha tocado la vez a Bornos, cuyo Ayuntamiento ha caído en la tentación del dinero fácil. Su alcalde, Fernando García Navarro (PP), ha firmado un convenio urbanístico con la empresa Golf & Resort Bornos S.L. para recalificar y urbanizar de 2.981.663 m2, clasificadas como “Suelo No Urbanizable de Carácter Rural Campiña de Bornos-Secano” en el PGOU vigente -que fue aprobado hace menos de un año por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio- para construir 2.087 viviendas, campo de golf, hotel y centro comercial. Esta cifra de viviendas es a todas luces desorbitada, pues supone construir una nueva ciudad que duplicaría la actual población de Bornos, que tiene 8.000 habitantes de derecho.

En dicho Convenio el Ayuntamiento se compromete a revisar el PGOU para proceder a recalificar esas fincas y posibilitar así el desarrollo del macroproyecto urbanístico, y todo a cambio de 8.699.415,80 €, lo que no significa otra cosa que una inadmisible compraventa de recalificaciones urbanísticas. El hecho de que esta empresa privada sea la que vaya a sufragar los coste de la revisión del PGOU es más inadmisible todavía y demuestra que son los promotores inmobiliarios los que están determinando, y pagando, el planeamiento urbanístico.

El Convenio exime explícitamente la obligación de construcción de un 30% de viviendas protegidas aplicando así la excepción incluida en la Ley 1/2006 por la que se modifica la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida. Pero hay que advertir que la misma Ley estipula que el PGOU deberá prever su compensación en el resto de las áreas y sectores asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Esto significa que se tendrán que construir 626 viviendas de VPO, por lo que habría que preguntarse dónde se construirán y para quién, pues no existe tal demanda en Bornos.

Este Convenio obvia la obligación que tienen este tipo de proyectos de someterse a un proceso de Evaluación de de Impacto Ambiental para conocer sus efectos globales previsibles directos e indirectos sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, los factores climáticos, el paisaje y el patrimonio histórico-artístico y arqueológico. Este proyecto turístico-residencial contradice los objetivos de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía, elaborada por el Foro Andaluz de Desarrollo Sostenible y aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

También se incumplen las normas del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado el pasado 25 de octubre por el Parlamento andaluz y el 28 de noviembre por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El POTA mantiene como objetivo básico la consecución de un modelo territorial equilibrado y sostenible, preservando los recursos naturales. Este proyecto incumple claramente las estipulaciones sobre el crecimiento urbanístico, ya que el POTA prescribe que no se admitirán incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano disponible ni de población superior al 30% en ocho años.

Desde el punto de vista de las necesidades hídricas, este proyecto es totalmente insostenible, pues el Ayuntamiento se compromete a dotar de agua a esta urbanización y campo de golf sin ningún tipo de estudio técnico sobre las disponibilidades de recursos existentes. ¿De dónde la sacarán? El Convenio hace referencia al uso de agua depurada, pero este municipio no tiene depuradora y, cuando la tenga, sus efluentes serán insuficientes para abastecer un complejo urbanístico de estas dimensiones, que necesitará, como mínimo, unos 600.000 m3 anuales.

El Convenio estipula la venta por adelantado de los aprovechamientos urbanísticos, por lo que el Ayuntamiento cobraría un total de 8.199.415.80 €. Este pago se realizará a plazos, estipulándose que 540.000 € se abonarán a los 120 días de la obtención del Informe de viabilidad de la Junta de Andalucía para la aprobación de la innovación del PGOU; y los restantes 7.659.415,8 € a los 45 días de la inscripción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Proyecto de Reparcelación. El Convenio estipula también el cobro por parte del Ayuntamiento de 200.000 € para “compensar y sufragar” los gastos ocasionados al Ayuntamiento por la Revisión del PGOU, y otros 300.000 € para “contribuir al desarrollo local y su aplicación a infraestructuras y dotaciones locales deficitarias”, como no es entendible que una empresa promotora se dedique a hacer donaciones altruista como si de una ONG se tratara, sólo se pueden entender estos pagos como una estratagema para modificar las normas legales en beneficio de una empresa constructora e inmobiliaria. Ecologistas en Acción advierte que tomará las acciones legales oportunas contra ese Ayuntamiento si se llegan a cobrar cantidades a cuenta del Convenio o se hiciera uso de ellas antes de la aprobación definitiva del PGOU en contra de lo estipulado en la Ley 13/2005; o si esas cantidades se destinan a fines distintos a los estipulados en la mencionada Ley 13/2005 y en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía para el Patrimonio Municipal de Suelo

Por todo lo expuesto hemos solicitado al Ayuntamiento de Bornos que se proceda a paralizar o denegar el Convenio urbanístico que se publica en el BOP de 21 de noviembre pasado, por entender que conculcan la legalidad vigente, consagran un modelo de desarrollo insostenible, es atentatorio al interés general y ocasionaría graves impactos al valioso patrimonio natural y paisajístico del municipio de Bornos.

Ecologistas en Acción espera que los alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz rechacen este tipo de proyectos especulativos que pueden tener un altísimo impacto ambiental, desfigurando el paisaje y los pueblos de esta comarca, y atentando contra sus recursos naturales. Tras el fracaso de proyectos en Villaluenga, El Bosque y Espera, esperamos que los macroproyectos golfísticos-urbanísticos en Bornos, Ubrique, Algodonales, Villamartín o Prado del Rey sean definitivamente desestimados y pasen al baúl de los recuerdos.