A pesar de lo que digan los responsables políticos municipales, las viviendas ilegales se siguen construyendo con aparente normalidad en la Sierra de Córdoba. La proximidad de las elecciones municipales puede suponer una mayor permisividad y justificación por parte del actual equipo de gobierno y demás candidatos a la alcaldía de nuestra ciudad.

Una nueva edificación ilegal se construye en estos precisos momentos en la Sierra de Córdoba. Se trata de una vivienda de lujo, de dos plantas, en la parcelación fuera de regulación conocida como “El Altillo o Rosal de Tres Palacios”.

Esta parcelación esta clasificada, según el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como “Suelo No Urbanizable con parcelación” lo que implica que debe formularse para su ordenación urbanística y su regeneración ambiental un Plan Especial de Mejora del Medio Rural. Este plan técnico, según lo establecido en el instrumento de planeamiento y gestión urbanística de Córdoba, ha de evitar el daño ambiental, especialmente en lo relativo a la contaminación difusa por la presencia de pozos negros en las edificaciones ilegales, no sólo en el caso de esta parcelación, sino en el conjunto de las parcelaciones ilegales situadas en la Sierra de Córdoba.

Queda meridianamente claro que en ningún caso se consentirá o autorizará ninguna otra actuación residencial. Sin embargo, como denunciamos, las actuaciones residenciales se extienden por los núcleos parcelarios de nuestra Sierra.

Este tipo de situaciones se dan por la sensación de impunidad absoluta que se respira en Córdoba, en particular, en círculos profesionales (empresas suministradoras de servicios, de construcción, notarías, etc.).

La negativa permanente del Presidente de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, Andrés Ocaña, de no adoptar medidas cautelares -retirada del material, precintado de obra, multas coercitivas, anotación del expediente en el registro de propiedad, etc.- y la escasa colaboración con la autoridad judicial ha favorecido y potenciado un clima de condescendencia, de complicidad entre la Gerencia de Urbanismo y los especuladores y promotores de Córdoba.

De hecho, Ecologistas en Acción no deja de recoger testimonios de técnicos de las Administraciones Públicas, más implicadas desde un punto de vista competencial, denunciando la apatía y complicidad de los responsables políticos y las extraordinarias dificultades y trabas para desarrollar honestamente su trabajo.

Ecologistas en Acción pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad judicial y de las Administraciones Públicas autonómica y municipal.