Ante el vertido al río Cinca, en agosto pasado, de 400 toneladas de materia putrefacta, presuntamente efectuadas por la empresa CAZSA de Zaidín, Ecologistas en Acción ha venido constatando, una vez tras otra, como la falta de agilidad y coordinación entre diferentes organismos públicos (CHE, Medio Ambiente, Agricultura…) ha dado como resultado una ineficiencia manifiesta ante una crisis ecológica como la acontecida en el Cinca.

En el caso de CAZSA se demostró, en primer lugar, fallos en las inspecciones que se realizaban a la empresa por parte de la Consejería de Agricultura, inspecciones que no fueron capaces de detectar durante bastante tiempo las, al parecer, manifiestas irregularidades en el funcionamiento de la empresa.

Luego, tras la denuncia efectuada por Ecologistas en Acción en el pasado mes de julio, se tardaron varias semanas en actuar contra la empresa y esa actuación, por lo que parece, se debió más a la acción del SEPRONA, que descubrió el vertido, que a instancias de las consejerías aragonesas.

El último despropósito ha tenido lugar con la falta de limpieza del vertido efectuado, que, por haberse dado en un remanso del río, podría haberse eliminado en parte aminorando los daños ecológicos ocasionados al río Cinca. A este respecto Ecologistas en Acción ya remitió el pasado mes de septiembre una nota de prensa criticando la falta de limpieza del vertido, que se creía debido a la falta de autorización del juzgado de Fraga.

Sin embargo, tras conocerse la reciente nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en la que se aclara que el juzgado nunca se opuso a la limpieza del vertido y que incluso ordenó su limpieza el pasado día 7 de septiembre, es especialmente lamentable que éste no se efectuara ni por parte de la CHE ni por parte de la Consejería de Medio Ambiente, a pesar de que esta última afirma que ha estado siempre coordinada con la Confederación Hidrográfica.

Se da el caso, además, que la Consejería de Medio Ambiente, a instancias de Ecologistas en Acción, solicitó al juzgado de Fraga que se autorizara la limpieza y por ello llama la atención que, tras la orden del juzgado para que ésta se efectuara, ningún organismo público llevara a cabo la tarea. Ahora, presumiblemente, ya es demasiado tarde para efectuar la limpieza pues, según algunas noticias recibidas, el vertido ha sido ya dispersado por las crecidas del río.

Por último Ecologistas en Acción manifiesta que, tras saberse que el sumario nunca estuvo bajo secreto, va a solicitar a la Consejería de Medio Ambiente que haga públicos los informes que hizo sobre las consecuencias del vertido, informes que, según comunicó la propia empresa CAZSA hace unos días, se suponen más favorables, en cuanto a daños producidos, que los que fueron remitidos al juzgado por al Instituto Nacional de Toxicología.

Esta afirmación de la empresa CAZSA es especialmente sorprendente dado que es simplemente imposible que un vertido de 400 toneladas de materia orgánica putrefacta, procedente de cadáveres animales, no cause daño a la vida acuática y no suponga un peligro microbiológico. El conocimiento de dichos informes permitirá discernir sobre los razones de las aparentes contradicciones que se dan entre los diferentes análisis efectuados.